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El Congreso abre la puerta a que las televisiones autonómicas y RTVE se alíen

  • El Congreso da luz verde a la privatización de las televisiones autonómicas
  • La oposición critica que se convierta el derecho a la información en mercancía

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El Congreso ha aprobado este jueves la reforma de la Ley General Audiovisual que permite la privatización de las televisiones autonómicas y ha incluido entre los nuevos artículos de la norma uno que permite que las autonómicas puedan establecer acuerdos entre sí y con RTVE para producciones o compra de contenidos.

La ley, después de haber superado su tramitación en el Congreso, está lista para su aprobación definitiva en el Senado con algunas modificaciones sobre el proyecto original del Gobierno.

Así, el Grupo Popular ha propuesto que las televisiones autonómicas puedan "establecer acuerdos entre sí para la producción o edición conjunta de contenidos, la adquisición de derechos sobre contenidos o en otros ámbitos, con el objeto de mejorar la eficiencia de su actividad. Igualmente podrán establecer acuerdos con la corporación RTVE".

Esta propuesta popular ha sido aprobada con los votos de PP, CiU y UPyD. El PSOE llevaba entre sus enmiendas al articulado de la ley una propuesta similar, aunque ambos grupos solo han apoyado las suyas respectivas.

Durante el debate de las enmiendas parciales, los portavoces socialista, Juan Luis Gordo; Inmaculada Riera, de CiU, y Teresa Jordá, de ERC (Grupo Mixto), han destacado que el texto invade las competencias de las comunidades autónomas, argumento con el que ha coincidido la Izquierda Plural.

El paso por comisión de la norma ha arrojado otras novedades, como que se incluyan salvedades para el régimen foral vasco y navarro (votado únicamente en contra por UPyD).

Además, los grupos popular y socialista han estado de acuerdo en aprobar modificaciones en el título de la norma y en incluir la normativa europea en esta materia.

Además, han estado de acuerdo en que la norma prohíba "la emisión de contenidos audiovisuales que puedan perjudicar seriamente el desarrollo físico, mental o moral de los menores" y en obligar a señalizar el tipo de contenido para facilitar el control parental.

No prospera la reserva de un canal para servicio público

El socialista Gordo ha expuesto en su defensa de las enmiendas de su grupo que han tratado de mejorar la norma en aspectos como la reserva de un canal del espectro radioeléctrico para el servicio público, pues de otra manera será irrecuperable una vez privatizado, o en la imposición de límites a la concentración en el control de canales de televisión, entre otros.

Sus propuestas no han prosperado, como tampoco las de los portavoces de Izquierda Plural (Chesús Yuste) y Grupo Mixto (Teresa Jordá).

Ambos han insistido en que la nueva normativa convierte el servicio público y el derecho a la información en mercancía, mientras que la portavoz de UPyD, Irene Lozano, ha propuesto, también sin éxito, eliminar aquellas televisiones autonómicas que no puedan demostrar su viabilidad.

Desde el Grupo Popular, Ramón Moreno ha defendido que el proyecto en ningún momento invade competencias autonómicas sino que, de hecho, abre la libertad de elección para cada autonomía, de tal modo que puedan decidir si prestan un servicio público audiovisual o no y, si lo hacen, prefieren desarrollarlo de manera directa o no, aunque, eso sí, sin déficit.

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