La juez de los ERE impone una fianza de 807 millones de euros al exconsejero de Empleo

• Se trata de una fianza de responsabilidad civil
• Hace un mes la juez ordenó su ingreso en prisión sin fianza
• También ha ordenado embargar los inmuebles y cuentas de Guerrero

La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que  investiga los Expedientes de Regulación de Empleo fraudulentos, ha impuesto una  fianza de responsabilidad civil de 807.403.232 euros al exconsejero  de Empleo Antonio Fernández,  destinada a sus futuras responsabilidades civiles y no a eludir la prisión que cumple desde el pasado 24 de abril, según han informado  fuentes judiciales.

Hace un mes, la magistrada ordenó el ingreso en prisión comunicada de Fernández pero sin fianza tras cuatro días de declaraciones. Fuentes del caso han informado a Efe de que la fianza a Fernández ha  sido notificada este miércoles a las partes y responde a la petición hecha por la Fiscalía y las acusaciones particulares, que fijaron dicha cantidad en 890 millones de euros.

Ayala le imputa al exconsejero de Empleo de la Junta los delitos continuados de negociación prohibida a funcionario, malversación de fondos públicos, fraude en subvenciones y prevaricación, y los delitos simples de cohecho y falsedad en documento.

La fianza es para cubrir la futura responsabilidad civil de Fernández, a quien la juez considera "artífice" del sistema de ayudas investigado, y no para eludir su ingreso en prisión comunicada y sin fianza que le impuso.

La fianza impuesta a Fernández se une a la de 686 millones de euros fijada para Francisco Javier Guerrero, exdirector general de Trabajo encarcelado desde el 9 de marzo.

Fuentes del caso han informadode que la fianza a Fernández ha sido fijada en 807.403.232 euros y responde a las ayudas que abonaron las agencias andaluzas IFA e IDEA a través de la partida 31.L entre 2001 y 2010, así como las primas pagadas a distintas empresas y ayudas individuales a varios perceptores.

La cantidad es inferior a los 890.052.666 euros que pidió la Fiscalía Anticorrupción porque la juez no ha aplicado el incremento que prevé la Ley de Enjuiciamiento Criminal y se produce tras los 686 millones que fijó como fianza para Francisco Javier Guerrero, exdirector de Trabajo encarcelado desde marzo.

La fianza debe cubrir la futura responsabilidad civil de Fernández, acusado por el fiscal de "idear y elaborar" el convenio que permitió las ayudas investigadas, y no es para eludir la prisión comunicada y sin fianza que le impuso la juez tras cuatro días de declaraciones.

La juez ordena embargar los inmuebles y cuentas de Guerrero

La juez también ha  decretado el embargo de bienes inmuebles y cuentas bancarias de 17  imputados en la causa, destacando el caso del exdirector general de  Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, para quien  ordena el embargo de cinco cuentas y de sus bienes a fin de cubrir  los 686.190.686,36 euros que le impuso como fianza de responsabilidad  civil.

Por medio de una providencia dictada el 16 de abril pasado, la  juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, dio a  Guerrero un plazo de diez días para que designara los bienes de su  propiedad que pudieran ser embargados para hacer frente a la fianza  civil, pero Guerrero dejó transcurrir el plazo sin designar ningún  bien, lo que unido a que tampoco ha consignado cantidad alguna ha  llevado a la magistrada a decretar el embargo referido.

Así, y en un decreto dictado el pasado 10 de mayo, al que ha  tenido acceso Europa Press, la instructora dice que "no consignando  bienes ni consignado ninguna cantidad", procede el embargo de las  cuentas corrientes de que sea titular y de los inmuebles que, "tras  su búsqueda, sean hallados, por los importes que quedaren en su caso  por cubrir a la vista del resultado del embargo del saldo de las  cuentas corrientes". Es decir, que la juez embargará sus bienes en el  caso más que probable de que las cuentas no contengan los 686  millones de fianza.

De este modo, la magistrada ordena que se expida un mandamiento al  Registro de la Propiedad de Indices de Madrid "a fin de que informe  de los bienes inmuebles que figuren como propiedad" de Francisco  Javier Guerrero, que se encuentra interno en la cárcel de Sevilla-I  desde el pasado día 10 de marzo.

Destaca también el caso de la propia suegra del exdirector de  trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, Victorina  Madrid Pisabarro, a quien impuso una fianza civil de 258.539,91 euros  y a quien ordena embargar cuatro cuentas bancarias después de que  fuera incluida en el ERE de SOS Cuétara a pesar de que nunca había  trabajado en esta empresa.

Por otra parte, en otro auto, la juez acuerda unir a su investigación sobre los ERE las diligencias abiertas por el juzgado de instrucción 5 contra Guerrero, denunciado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por conceder dos ayudas de 1,2 millones a la empresa Maestrazgo "con total desprecio al Derecho y a los trámites exigidos legalmente".

También embargarán a la dueña de un restaurante sevillano

En otras resoluciones, Alaya ha acordado embargar a la dueña del restaurante sevillano Río Grande sus acciones en el negocio para cubrir la fianza de 1,9 millones.

En cuanto a la dueña de Río Grande, María del Carmen García, la juez dice que resulta "llamativa" la cuantía de la ayuda pública que pagó la Junta, 1,5 millones de euros, a una empresa que había declarado unos beneficios de 1,2 millones y que no presentó por escrito ninguna solicitud.

Además, la empresaria no ha declarado lo percibido a la Hacienda Pública y pese a que el objetivo de su ERE era rejuvenecer la plantilla, en enero de 2005 contrató a una amiga suya que tenía 64 años y la incluyó unos meses después en el expediente.

A María del Carmen Fontela, "intrusa" en el ERE de Río Grande, la juez le embarga cuatro cuantas corrientes.