CCOO pide al Defensor del Pueblo que recurra los recortes en educación ante el Constitucional

  • El sindicato cree que son inconstitucionales porque los regula por decreto-ley
  • Acusan al ministro José Ignacio Wert de "incendiar" la educación pública
EFE 

La Federación de Enseñanza de CCOO cree que el decreto-ley de medidas urgentes para ahorrar 3.000 millones en los presupuestos autonómicos de educación vulnera varios artículos de la Carta Magna, por lo que ha presentado una queja al Defensor del Pueblo para pedirle que presente un recurso de inconstitucionalidad.

Aparte, habrá profesores de todo los niveles de enseñanza que se dirigirán individualmente a los tribunales de lo contencioso administrativo para solicitarles que planteen una cuestión de inconstitucionalidad, en el momento que comiencen a aplicarse las medidas efectivamente.

Según los servicios jurídicos de CCOO, el decreto-ley que aprobó el Consejo de Ministros el 20 de abril pasado "vulnera" puntos de los artículos 27, 28, 37, 81 y 86 de la Constitución.

El Gobierno utiliza esta figura legislativa para "evadir" la participación del Parlamento con el pretexto de una necesidad "urgente", cuando esta no se justifica en la exposición de motivos, ha asegurado Carmen Perona, del gabinete jurídico.

Si son medidas estructurales, no se puede utilizar este rango normativo, ha insistido en rueda de prensa. "Al Gobierno -ha enfatizado- le da igual la Constitución (...), se salta la jerarquía de las normas y la decisión del Parlamento".

"Inconstitucional" por regular la educación por decreto-ley

Ha insistido en que el decreto-ley es "inconstitucional" porque regula un derecho fundamental, la educación, que requiere leyes orgánicas, es decir, que se aprueben por mayoría absoluta parlamentaria, al igual que lo que afecte a la autonomía universitaria.

En este sentido, ha recordado que se modifican la Ley Orgánica de Educación y la de Universidades. "Vulnera el Gobierno la autonomía universitaria y de las comunidades autónomas" para aplicar una política "liberalizadora", ha señalado.

Sobre las retribuciones complementarias del profesorado en función de la jornada, ha indicado que es competencia de las comunidades, pues a la administración central corresponde solo establecer el salario base y los trienios.

En cuanto a las universidades, se regulan la dedicación de los profesores y las tasas y se toca el asunto de las titulaciones, que son competencias "exclusivas" de las instituciones de enseñanza superior y de las comunidades.

El Gobierno central "asume" competencias de las comunidades y "desautoriza" la capacidad legislativa de estas, sin tener en cuenta el artículo 148 de la Constitución.

"A través de este decreto, el Gobierno presenta el planteamiento de "hacer desaparecer las autonomías", ha subrayado Perona.

También ha reiterado que asuntos como la jornada docente, el número de alumnos por aula y la sustitución de profesorado de baja son asuntos de la negociación colectiva, sin excepciones.

Por el contrario, ha asegurado, no ha habido ni siquiera información ni consulta, así que "se están violentado" los derechos sindicales.

Ha argumentado que los sindicatos no están facultados para un recurso de inconstitucionalidad, por lo que se recurre a la vía del Defensor del Pueblo, que tiene tres meses para decidir si lo presenta.

A su vez, el secretario general de Enseñanza de CCOO, José Campos, ha denominado las medidas y otros "recortes" como "reconversión sin precedentes" de la enseñanza en la democracia.

"No nos van a caller, ni nos van a parar"

"No nos van a callar (...) ni nos van a parar", ha advertido en referencia al ministro de Educación, José Ignacio Wert, quien habló el martes del intento "grosero y falaz" de los sindicatos de "mentir" sobre el alcance de la reducción del gasto público en la enseñanza para engañar a la opinión pública.

Campos ha indicado que las organizaciones laborales no mienten, aunque pueden estar equivocadas, así que se ha mostrado dispuesto a "contrastar" datos.

Ha acusado al ministro de Educación, José Ignacio Wert, de hacer declaraciones sin fundamento y de "incendiar" la educación pública y de no ser ejemplo de diálogo ni de consenso.

No obstante, no ha pedido que dimita, sino que se cambien las políticas.

Ha reiterado que no se trata solo de un conflicto laboral, sino social, dado que este es un "año negro" para la educación, con un "retroceso" de tres décadas.

Ha rechazado también los "ataques" que está sufriendo el movimiento estudiantil por parte de algunos medios y que los sindicatos convocantes de la huelga general educativa del 22 de mayo sean afines al PSOE.

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