La Comisión Europea, dispuesta a negociar con Hungría la ayuda financiera

• Bruselas recibe garantías de la independencia del Banco Central húngaro
• Sin embargo, la lleva ante el Tribunal de Justicia por otras dos reformas

La Comisión Europea ha anunciado este miércoles su disposición a negociar con Hungría la concesión de un préstamo tras las garantías dadas por el gobierno de Viktor Orbán sobre la independencia del Banco Central.

El primer ministro húngaro, que se reunió el martes con el presidente de la CE, José Manuel Durao Barroso, "ha asumido el compromiso de adoptar este cambio rápidamente en el Parlamento", ha señalado el portavoz de la Comisión Olivier Bailly

A finales de noviembre del pasado año, a raíz de la subida del rendimiento de su deuda y de la devaluación de la divisa nacional, el florín, Hungría solicitó un préstamo de entre 15.000 y 20.000 millones de euros al FMI y a la UE, pero Bruselas planteó como condición previa a cualquier negociación la modificación de una serie de polémicas leyes, entre ellas el fin de la independencia del Banco Central.

Sin embargo, en lo que respecta a la independencia de la autoridad de protección de datos y la ley sobre la edad de jubilación de los jueces (los otros contenciosos abiertos con Budapest), la Comisión ha decidido recurrir al Tribunal de Justicia de la UE.

En el caso de la ley sobre la jubilación obligatoria anticipada de jueces, notarios y fiscales, como la medida está prevista para entrar en vigor este mismo año, la Comisión pedirá al Tribunal que la examine "de urgencia".

Reformas polémicas

El Ejecutivo europeo considera que adelantar la edad de retirada de este colectivo de los 70 a 62 años supondría que el 10 % los jueces y el 25 % de los notarios se jubilen este año sin poder elegir si desean o no seguir ejerciendo. La CE ha pedido a las autoridades húngaras que suspendan la aplicación de la ley hasta que se conozca el veredicto del tribunal europeo.

En cuanto a la protección de datos, la CE constata "varias mejoras" pero destaca que el despido del presidente de la autoridad competente, cuyo mandato expiraba en septiembre 2014, sigue suponiendo una infracción de los tratados comunitarios que quiebra la independencia del organismo.

Por ello, el Ejecutivo comunitario ha decidido llevar al país ante el Tribunal de Justicia europeo, a iniciativa de la comisaria europea de Justicia e Interior, Viviane Reding, quien además envió una carta a Budapest para recibir más información sobre esta cuestión.