La Delegación del Gobierno en Madrid prohíbe una marcha atea para el Jueves Santo

  • Argumenta que la fecha tiene "especial significación para los católicos"
  • El objetivo era protestar por los "privilegios económicos" de la Iglesia
EFE - MADRID 

La Delegación del Gobierno en Madrid ha prohibido la celebración de una manifestación convocada por ateos para el Jueves Santo, argumentando que se trata de una fecha "de especial significación para los católicos", cuya liberad religiosa se debe proteger, y que podría alterar el orden público.

Entidades como la Asociación Madrileña de Ateos y Librepensadores (AMAL) y la Asamblea Vecinal la Playa de Lavapiés habían pedido a la Delegación permiso para llevar a cabo, el 5 de abril, una manifestación por el barrio de Lavapiés para protestar contra los "privilegios económicos" de la Iglesia católica.

Según ha informado este miércoles la Delegación, que abre la puerta a que la marcha se celebre en otra fecha, la decisión de prohibir que tenga lugar el Jueves Santo se apoya en los informes emitidos por el Ayuntamiento de la capital, la Jefatura Superior de Policía de Madrid y la Abogacía del Estado, que coinciden en que esa manifestación "no debe llevarse a cabo".

La resolución se basa "en la necesaria protección del derecho fundamental de libertad religiosa de los católicos que tradicionalmente celebran en esta zona sus procesiones de Semana Santa, y en la existencia de razones fundadas de alteración del orden público, con peligro real para la integridad física o moral de las personas, y la integridad de bienes públicos o privados".

La Delegación del Gobierno explica que el lugar elegido es céntrico y por el mismo "transcurren múltiples procesiones católicas, próximas a todos los recorridos propuestos por los organizadores".

La resolución estima que en la convocatoria "concurren similares circunstancias a las que fundamentaron la prohibición de la manifestación convocada para el día de Jueves Santo del pasado año" por las mismas personas que este año, y recuerda que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid declaró la prohibición dictada por la Delegación del Gobierno conforme a Derecho".

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