La patronal madrileña es "pesimista" pero el Gobierno confía en pactar la reforma laboral

  • Báñez considera que hay tiempo para llegar a un acuerdo antes del viernes
  • Fernández ve las "posturas alejadas" y pide al Gobierno que legisle
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RTVE.es - MADRID 

El tiempo para pactar la reforma laboral entre los agentes sociales se agota este viernes, pero la percepción de la negociación es diferente en función de los interlocutores. La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha dicho en los pasillos del Congreso que "aún hay tiempo esta semana para cerrar lo que queda pendiente", mientras que el vicepresidente de la CEOE, Arturo Fernández, se ha mostrado "pesimista" sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo social.

Báñez ha señalado que el Ejecutivo está estudiando el acuerdo de mínimos al que llegaron este martes patronal y sindicatos sobre el absentismo, el arbitraje, las mutuas y los festivos que se trasladan al lunes.

No estamos llegando a pactos importantes

Entrevistado en Los desayunos de TVE, Fernández percibe que las posturas entre ambas partes están "bastante alejadas". El líder de la patronal madrileña subraya: "Hemos intentado llegar a acuerdos con los sindicatos, pero no estamos llegando a pactos importantes para la reforma laboral que están pidiendo empresarios, trabajadores, y que se nos pide desde fuera".

Reforma por decreto

Pese a que los agentes sociales han pedido más tiempo para pactar temas como la negociación salarial, Fernández cree que no hay que andarse ya "con paños calientes" y que el Gobierno tiene que legislar porque, aunque hay voluntad de acuerdo, parece que no es posible conseguirlo.

Un cambio profundo en el mercado de trabajo

"Creo que el gobierno no va a tener más remedio que legislar una nueva contratación. Tiene que hacer un cambio profundo del mercado de trabajo porque, si no lo hace, seguiremos con esos cinco millones de parados", ha asegurado el número dos de la CEOE que entiende que "no puede ser un cambio de pequeñas cosas".

Arturo Fernández ha insistido en la necesidad de poner en marcha un contrato indefinido, con una indemnización por despido improcedente de 20 días por año trabajado, con un límite de un año, para que las empresas "no tengan que cerrar por no poder pagar el coste del despido".

El líder de la patronal madrileña ha defendido que las empresas puedan congelar los salarios de sus trabajadores durante este año y el próximo. Se ha referido a un incremento salarial como "máximo del 0,50% este año y el que viene", si las cuentas lo permiten, pero, en su opinión, parece que los sindicatos "tampoco están por la labor".

"Más fácil contratar que despedir"

Por su parte, el ministro de Industria, José Manuel Soria, considera que la reforma laboral "debe servir para que sea más fácil contratar que despedir", ya que "hasta ahora ha ocurrido lo contrario".

En el Spain Investors Day, el ministro también ha señalado que la posible ampliación de los plazos de negociación dependerá "del grado de consenso y de la decisión del presidente" del Gobierno, Mariano Rajoy.

"En todas las reformas el Gobierno va a intentar buscar el máximo acuerdo y consenso, porque queremos que en la reforma haya el máximo  acuerdo, pero si esto no fuera posible el Gobierno es muy consciente de que tiene que gobernar y hará las reformas con determinación", asegura Soria.

En todo caso, el ministro "confía" en que las negociaciones entre los sindicatos y la patronal "lleguen a buen puerto". Además, apunta que uno de los "principales problemas" del mercado de trabajo es la "profunda dualidad existente entre los trabajadores con estabilidad y los que no la tienen", de modo que "el objetivo máximo" será no solo que haya empleo, sino "que sea estable".

La intención del Ejecutivo sigue siendo la de llevar a las Cortes la reforma laboral en el primer trimestre, y prefiere que sea "en febrero antes que en marzo", según fuentes del Gobierno.

La reforma laboral es uno de los ejes principales de política económica con los que el Gobierno buscar dar confianza a los mercados y ante la UE, junto con las medidas para la consolidación presupuestaria y la reforma del sistema financiero. Por eso, han insistido, las negociaciones entre los agentes sociales no se pueden demorar mucho más.

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