DAVID VARONA/RTVE.ES - MADRID Hace exactamente 20 años, un Boeing 747 de la compañía estadounidense Pan Am explotaba sobre la localidad de Lockerbie, en Escocia.

Transportando 259 personas, de las que 189 eran ciudadanos estadounidenses, entre ellos un grupo de soldados, el avión, el tristemente célebre vuelo 103, había partido del aeropuerto de Frankfurt y, tras hacer escala en Londres, volaba rumbo a Nueva York. De repente, 38 minutos después de dejar la capital británica, una explosión partió el avión por la parte delantera. Separado de su morro y su cabina, el resto del aparato voló dos pavorosos minutos antes de estrellarse sobre Lockerbie.

Antes de tocar tierra, el vuelo 103 desparramó chatarra, equipajes y cadáveres por un área de cientos de kilómetros cuadrados. Murieron los 259 ocupantes y 11 de los habitantes del pueblo escocés que recibió el grueso del impacto. Había personas de 21 nacionalidades.

Inmediatamente, una comisión de investigación empezó a analizar el siniestro y pronto tuvo la convicción de que el accidente se había debido a una bomba. Más tarde se sabría que, efectivamente, unos 400 gramos de explosivo plástico escondido en un radiocasette fueron los causantes de la tragedia. La radio iba en una maleta que estalló justo debajo de la cabina del avión y produjo su fractura.

Libia, acusada

Tres años y 15.000 interrogatorios más tarde del atentado, la CIA, el FBI y Scotland Yard llegaron a la conclusión de que tras la bomba estaban agentes secretos libios. Se interpusieron denuncias contra Lamen Khalifa y Abdel Basset Al al-Megrahi, pero Libia se negó a entregarlos.

Libia, gobernada por el carismático Muammar Al-Gaddafi, era por entonces uno de los países considerados terroristas y había promovido varios atentados contra objetivos occidentales, sobre todo estadounidenses. Esta beligerancia había llevado a los gobiernos de Ronald Reagan y Margaret Thatcher a bombardear Trípoli y Bengasi en 1986.

Los atentados de Lockerbie, agravarían las malas relaciones entre Libia y Occidente y, desde 1991, se le impusieron a Gaddafi sanciones económicas que estarían en vigor hasta 2003.

Para lograr el levantamiento de las sanciones, Libia tendría que pasar por los pasos de entregar a los acusados y reconocer su 'responsabilidad civil' en los hechos.

Entrega en suelo neutral

Sus malas relaciones con el Reino Unido habían hecho que Gaddafi se negara a entregar a los terroristas, pero la presión de las sanciones le hizo ceder y en 1999 llevó a los dos acusados a Holanda, donde fueron puestos a disposición de las autoridades escocesas, que organizaron el proceso judicial en Camp Zeist, en suelo holandés.

El juicio acabó en 2001 con la absolución de Khalifa y la condena a 27 años de prisión para Badel Basset, que sigue en una cárcel de Glasgow. Sus sucesivos recursos y apelaciones han sido rechazados por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y por las máximas instancias judiciales británicas.

Pero el caso Lockerbie no se cerró con los juicios. Libia siguió padeciendo las sanciones de Naciones Unidas y del Reino Unido y Estados Unidos hasta que, en 2003, decidió asumir la responsabilidad subsidiaria de los atentados, puesto que el acusado principal era agente de su Gobierno.

En un principio, Libia se comprometió a aceptar sólo la `responsabilidad civil' y a pagar 2.700 millones de dólares en concepto de indemnización. Sin embargo, aunque asumía las reparaciones, Libia seguía asegurando que no ordenó el atentado. "Nos consideramos inocentes y no tuvimos nada que ver", decía en abril de 2003 Islam Gaddafi, hijo del líder libio.

Poco después, en agosto, una carta del Ejecutivo de Trípoli a las Naciones Unidas reconocía oficialmente que Libia estaba implicada en el atentado. Esa confesión cerraba el capítulo y abría definitivamente las puertas de la comunidad internacional a Libia, un país que hoy es uno de los más desarrollados de África y el segundo en esperanza de vida en todo el continente.