Onze anys després de què esclatés el Cas Palau, Felix Millet, ha passat la seva primera nit a la presó per complir condemna pel desfalc de la institució cultural. Ingressava ahir a la tarda al centre de Brians 2, poc després que ho fés un altre dels condemnats, l'ex tresorer de Convergència Daniel Osácar. Tots dos esgotant el termini que els havia donat l'Audiència de Barcelona.
El Suprem podrà investigar la portaveu de Junts per Catalunya al Congrés, Laura Borràs, per pressumptes irregularitats quan estava al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes. El ple de la Cambra Baixa ha donat llum verda al suplicatori que demanava l'alt tribunal. Com es preveia Esquerra i la CUP no han participat en la votació.
Cinc dels 14 temporers que porten dies confinats a l'alberg municipal d'Alcarràs, al Segrià, per haver estat en contacte amb altres casos positius també han donat positiu a la prova PCR. Ara se'ls traslladarà a l'equipament que Salut ha habilitat per aillar als nous infectats. La consellera, Alba Vergès, deia als nostres micròfons que el sistema està preparat per fer front als rebrots.
I a aquesta hora atents a un operatiu dels Mossos contra el tràfic de marihuana i el blanqueig de capitals. La policia està fent una vintena d'entrades a diferents punts del territori.
El Alto Tribunal había solicitado al Congreso el suplicatorio para continuar la causa donde se investiga la adjudicación de 18 contratos cuando la diputada de JxCat dirigía la Institució de les Lletres Catalanes. Ahora, la Cámara Baja aprueba el suplicatorio para que Laura Borràs pueda ser juzgada por el Tribunal Supremo. En una votación a puerta cerrada han votado a favor el PSOE, PP, Unidas Podemos, VOX y Ciudadanos. Los votos en contra han sido de JxCat y PNV. ERC, la CUP y Bildu no han participado en la votación. La presidenta del Congreso tiene ocho días para comunicar al Supremo la decisión de la Cámara.
Informa desde el Congreso, Rosa Carreño.
La Mesa del Ferrocarril de Ávila ha rechazado que la crisis del coronavirus sirva como excusa para mantener el recorte de servicios ferroviarios en la provincia, que desde el 14 de marzo descendieron en un 70%. Tambien ha pedido una reunión en el mes de julio con los responsables de Fomento.
El Tribunal Supremo condena al Ayuntamiento de Ávila a pagar 743.000 euros a la empresa VOLCONSA en indemnizaciones e intereses por demora. El equipo de gobierno lamenta tener que afrontar este pago que achacan a políticas irresponsables del pasado.
La Diputación de Ávila y el Banco de Alimentos han firmado un convenio por el que la Corporación provincial entrega 12.000 euros a esta ONG para ayudarle a que mantenga una labor imprescindible, que asegure la alimentación a 5.300 personas vulnerables de la provincia.
La Guardia Civil ha localizado en el municipio de La Adrada el cadáver del hombre que había desaparecido el pasado día 9 de junio. El cuerpo fue hallado en un entorno rural de difícil acceso.
La Comisión del Estatuto de los Diputados del Congreso ha aprobado un dictamen favorable para retirar la inmunidad a la portavoz de JxCat, Laura Borràs, tras la petición del suplicatorio del Tribunal Supremo. PSOE, PP, Vox y Cs han votado a favor, el PNV y JxCat en contra y ERC y EH Bildu se han abstenido.
A Laura Borràs se le acusa de varios delitos de fraude a la Administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental en la etapa en la que dirigió la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).
Informa Rosa Carreño
El Banco Central Europeo (BCE) sacó más artillería ahora al ampliar la compra de deuda en 600 mil millones de euros lo que, junto al programa inicial, suma 1,35 billones para asegurar el crédito a los países del euro. ¿Por qué reforzar el bazuca ahora?, para el analista Juan Ignacio Crespo - del Fondo de Inversión Multiciclos, Global Renta 4-, hay una probable relación con la reciente y controvertida resolución del Tribunal Supremo Alemán.
La sentencia señala que no puede ser expulsado por ser castigado por un delito con pena superior a un año. "Se modifica así una sentencia del Tribunal Supremo, que hacía una interpretación absolutamente estricta que tan solo tenía en cuenta los medios de vida del ciudadano español", explican desde la Asociación Española de Abogados Extranjeristas. Informa Minerva Oso.
El Tribunal Supremo ha confirmado la absolución de la exalcaldesa de Madrid Ana Botella y su Junta de Gobierno por la venta de 1.860 viviendas públicas de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) al 'fondo buitre' Fidere/Blackstone.
En el auto, los magistrados desestiman el recurso de casación que presentó el 11 de diciembre de 2019 la concejal socialista Mercedes González contra la resolución del Tribunal de Cuentas.
El 17 de julio, el Tribunal de Cuentas revocó una sentencia anterior que condenaba a Botella y a siete miembros de su equipo a abonar 22,7 millones de euros por la venta en 2013 a dicho fondo de inversión de 1.860 viviendas de la EMVS.
La sentencia inicial consideraba probado que la operación en la que fueron vendidas las viviendas pública por 128 millones de euros a Fidere, filial de Blackstone en España, se hizo por un procedimiento ilegal al no asegurar la concurrencia, y se cerró por debajo del precio contable de los inmuebles, de 159 millones, y también por debajo del precio del mercado, generando un perjuicio al erario público de más de 25 millones de euros. Los vecinos afectados, a los que Fidere había subido el alquiler, mostraron entonces su satisfacción.
Sin embargo, esta sentencia fue revocada con los votos de dos consejeros de la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas: Margarita Mariscal de Gante, exministra de Justicia en el Gobierno de José María Aznar, marido de Botella; y José Manuel Suárez, ambos nombrados a propuesta del PP. El tercer consejero, Felipe García Ortiz, propuesto por el PSOE, votó en contra.
Con el fallo de este jueves del Supremo se cierra la posibilidad de reclamar responsabilidades a la exalcaldesa por la venta de la vivienda pública.
Por primera vez el Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre uno de los casos más conocidos de la trama de los bebés robados. Concluye que Inés Madrigal no fue una bebé robada. Los jueces consideran que no queda probado el delito de detención ilegal de la menor. Como anunció ella, su familia biológica la dio en adopción voluntariamente en 1969.
Sin embargo mantienen dos delitos que la audiencia de Madrid imputó al doctor Eduardo Vela. El de falsedad documental y el de suposición de parto, porque participó en la certificación irregular en el Registro Civil y en la maniobra ilegal de entrega del bebé.
El alto tribunal no entra en el fondo de la cuestión, en la prescripción de los delitos, lo que motivó que la audiencia de Madrid absolviese al doctor. Consideran improcedente resolver este asunto porque el acusado ha fallecido. Esta era una cuestión clave para los cientos de casos de bebés robados denunciados, que aún no han podido juzgarse. Tendrán que esperar a lo que resuelva el alto Tribunal en futuros recursos.
La investigación se centrará en determinar si el rey emérito pudo, supuestamente, haber cobrado comisiones por, presuntamente, haber actuado de intermediario en la adjudicación de las obras del AVE a La Meca a un conglomerado de empresas españolas. La investigación "delimitará o descartará" la relevancia penal de los hechos ocurridos desde junio de 2014, cuando Juan Carlos de Borbón dejó de ser jefe del Estado y, con ello, perdió la inviolabilidad que le reconoce la Constitución.
Informa Araceli Sánchez
