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Las farmacias catalanas dejarán de cobrarlo a partir de las 11 de esta noche. Artur Mas, ha acusado al gobierno de asfixiar las cuentas de Cataluña. Madrid dice que lo seguirá cobrando mientras no se lo prohíba el Constitucional y afirma que su aplicación es diferente a la de Cataluña.

Seis meses y tres semanas es el tiempo que llevan pagando en Cataluña un euro por receta. Ahora la medida queda en el aire, los pacientes volverán a abonar sólo el precio de los medicamentos, tan pronto el Tribunal Constitucional comunique a la Generalitat la suspensión cautelar de la medida y el gobierno regional trasmita la orden a las farmacias. Una suspensión que llega porque el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso que el gobierno presentó en diciembre. La Generalitat ya ha dicho que la medida, que todavía no se le ha notificado oficialmente, tendrá consecuencias económicas.

El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite el recurso del Gobierno contra el euro por receta en Cataluña, lo que implica la suspensión cautelar de la tasa durante al menos cinco meses. El Ejecutivo recurrió ante el alto tribunal por entender que la tasa vulnera el derecho a la igualdad de los españoles en la adquisición de productos farmacéuticos.

Los presupuestos para 2013, considerados los más duros de la historia reciente de Portugal, han suscitado numerosas protestas en los últimos días, por los aumentos de la carga fiscal y la reducción de las prestaciones sociales que incluyen. Los aprobó en noviembre el gobierno conservador de Passos Coelho y ahora un hombre de su mismo partido, el presidente de la República Portuguesa, duda de su contitucionalidad. Todos se ven afectados pero algunos más que otros, lo que suscita fundadas dudas sobre la justicia en el reparto de los sacrificios.

El derecho a la salud , a la integridad física, y evitar contagios infecciosos al conjunto de la población está por encima de un eventual ahorro económico. Así lo dicen los doce jueces del Tribunal Constitucional en este escrito, un auto de 22 páginas con el que apoyan al Gobierno del País Vasco que se ha negado a quitar la tarjeta sanitaria a los inmigrantes indocumentados, en contra de lo que aprobó hace unos meses el Ministerio de Sanidad.

Aunque precisa que la tarjeta sanitaria que les den, no tendrá validez nacional. El auto levanta la suspensión de parte del decreto que aprobó el anterior gobierno de Patxi López y avala que esos inmigrantes sean atendidos, pero mantiene el copago farmacéutico. Un copago que también rechaza el nuevo gobierno del PNV.