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En la comisaría de Limoges (Francia) donde están detenidos los dos presuntos etarras, agentes de la subdirección terrorista de París y policía judicial reconstruyen paso a paso los desplazamientos que realizaron después del tiroteo. La principal incógnita, por qué tras escapar 50 kilómetros y abandonar el vehículo regresaron a las inmediaciones donde se saltaron el control policial pese a haber activado un plan de búsqueda. Una de las hipótesis que barajan los investigadores es que ambos tuvieran una vivienda donde refugiarse.

Hace tan solo dos semanas Oier gómez escapó de otro control policial a tan solo 100 kilómetros de donde ayer fue detenido. Y en todo este tiempo no se ha movido de la región. Eso refuerza la línea de investigación abierta. A diferencia de aquella fuga, esta vez el presunto etarra sí utilizó su arma para evitar el arresto.

Según el coronel de la Gendarmería de la región, claramente, una vez que usaron las armas contra los vehículos de la gendarmería, hubo una intención criminal y los tiros eran para matar.

Eso motivó que la policía francesa desplegara en los departamentos de la región todos los medios humanos y técnicos disponibles. Se desplazaron más de 300 agentes en las inmediaciones de la zona, cuenta el coronel, para localizar a los presuntos etarras.

La evolución del gendarme herido, que se encuentra en el Hospital de Limoges es buena y esta misma tarde podría ser dado de alta.

En la Audiencia Nacional, segunda sesión del juicio que se sigue contra el expolicía Miguel Planchuelo por dos atentados cometidos por los GAL en el sur de Francia. Hoy, entre los testigos, uno de los mercenarios, que según la acusación, fue el autor material de los hechos.

El expolicía José Amedo ha asegurado este lunes que "jamás un mando policial habría ordenado atentados" y ha sostenido que la decisión de crear los GAL partió del expresidente del Gobierno Felipe González, y que contó para ello "con la anuencia" de cargos políticos del PSOE como Ramón Jáuregui y Txiqui Benegas. Así lo ha manifestado Amedo en su declaración como testigo en el juicio al ex jefe superior de Policía de Bilbao, Miguel Planchuelo, que se enfrenta a una petición de la acusación popular de 114 años de cárcel por los atentados en los bares Batzoki y Consolation en el sur de Francia en 1986 en los que resultaron heridas seis personas. Este es el último juicio pendiente de los GAL. Planchuelo ha negado su participación en los hechos.

En la vista también han declarado otros testigos que han ratificado lo dicho por Amedo. "No tomamos ninguna decisión que no fuera autorizada por las adfministraciones centrales del Ministerio del Interior", ha declarado el ex gobernador civil de Vizcaya, Julián Sancristobal, quien también ha subrayado que, junto al ex secretario general de los socialistas de Vizcaya, Ricardo García Damborenea, se inventaron las siglas de los GAL. Todos están condenados por el secuestro de Segundo Marey.

En la Audiencia Nacional ha arrancado este lunes el último juicio pendiente de los GAL. El acusado es el expolicía Miguel Planchuelo por participar, presuntamente, en los atentados cometidos en 1986 en dos bares del sur de Francia. Plachuelo lo ha negado y ha asegurado que el Gobierno autorizó el secuestro de Segundo Marey.

Por ese caso ya están condenados él y la cúpula del Ministerio del Interior.

Entre los testigos, ha declarado el expolicía, Jose Amedo, condenado en su día por los atentados que se juzgan. A Amedo le han preguntado si en otoño de 1983 estudiaban crear los GAL. "No nos hubiéramos metido en esto si no tuviéramos la seguridad de que era una decisión de Felipe González, José Barrionuevo (...) con el consentimiento de cargos de Vizcaya, como Txiki Benegas, Ramón Jaéregui y Damborenea", ha declarado.

En la rueda de prensa que sigue al Consejo de MInistros, Alfredo Pérez Rubalcaba ha dicho que no va a polemizar con el Partido Popular sobre la lucha antiterrorista y ha recurrido a la ironía para contestar a las críticas de los dirigentes populares.

La portavoz popular asegura que ellos son leales al pacto, pero el Gobierno los acusa de utilizar la lucha contra ETA para desgastar. Otros partidos lamentan que este tema sirva para el enfrentamiento político.

El juez Ruz de la Audiencia Nacional interrogó como testigos protegidos a los tres representantes del Gobierno en los contactos con ETA en 2006. Lo sabemos porque se ha levantado el secreto de una parte del sumario del caso Faisán que investiga un posible chivatazo a la banda terrorista. Los tres aseguraron que nunca se bajó la guardia durante la tregua y que los representantes de ETA les reprochaban las detenciones en ese período. Ellos respondían que la violencia callejera seguía y también el aprovisonamiento de ETA.