El Juzgado Mercantil nº2 de Barcelona ha rechazado la demanda de Just Eat contra Glovo por competencia desleal. Considera legítimo que no contrate a sus repartidores como asalariados, tal y como exige la Ley Rider. El juez no solo rechaza la reclamación, sino que defiende la figura del falso autónomo como la más adecuada para un sector con demanda cambiante. Analizamos esta sentencia con Javier Pacheco, secretario de Acción Sindical y Transiciones Estratégicas de CCOO.
El actor y director de escena argentino Claudio Tolcachir retoma, tras siete años, su faceta como autor teatral y lo hace con ‘Los de ahí’ en el Teatro María Guerrero de Madrid. Un texto con el que pone el foco en un grupo de repartidores y reflexiona sobre cómo nos comportamos ante quienes nos rodean, la inmigración y las relaciones humanas.
Hace diez días, Glovo anunció que iba a abandonar su modelo de falsos autónomos, pero el reto que tiene por delante no es sencillo. Según los datos que ha facilitado la propia compañía, hay que regularizar a 15.000 repartidores, aunque la cifra en realidad es mucho mayor. La clave está en las cuentas alquiladas, que se habían convertido en una fuente de ingresos para las personas migrantes sin papeles. Informa Guillermo Hernández.
La abogada laboralista, Eva Mirón, ha asegurado en una entrevista en La hora de la 1 que la contratación de los empleados de Glovo, que hasta ahora trabajaban como "falsos autónomos", supondrá mayores garantías laborales para los riders así como "ingresos millonarios para las arcas del Estado".
La especialista ha reconocido que existen "detractores" a la medida, preocupados por que su nivel de ingresos, libertad o ritmo de trabajo vaya a empeorar con la regularización, pero ha subrayado que ahora, en cambio, tendrán derecho a cobrar el paro si son despedidos y un salario regulado por los convenios colectivos y no "al arbitrio de lo que Glovo decida". Además, no tendrán que asumir las cuotas a la Seguridad Social que están obligados a pagar los autónomos.
A este respecto, Mirón ha animado al sector de los repartidores afectados a reclamar en una acción colectiva las cotizaciones que han estado abonando a la Seguridad Social mientras han sido "falsos autónomos". "Es una reclamación que se podrá tramitar frente al Estado, no frente a Glovo", ha aclarado. "Glovo tendrá que asumir el coste de esas cotizaciones impagadas y, por otro lado, está la devolución que el Estado tenga que hacer a esos falsos autónomos por las cuotas que han ido pagando por la mala praxis de Glovo".
Unas 60.000 personas han trabajado como autónomas para Glovo en los últimos tres años, según el Gobierno, desde que se aprobó la Ley Rider. Todas las que actualmente trabajan para esta empresa de reparto a domicilio pasarán a formar parte de la plantilla como asalariadas. La plataforma, presionada por las sanciones, por la legislación y la competencia en el sector, ha anunciado un cambio de modelo el día antes de que su fundador declare ante el juez en un proceso penal. Hablamos con Gustavo Gaviria, portavoz y fundador de Repartidores Unidos, quien explica que la noticia "les ha pillado por sorpresa" y que se han enterado de estos cambios a través de los medios de comunicación: "Tenemos miedo y dudas, porque no hay ningún dato objetivo por ninguna parte".
La plataforma de entregas a domicilio Just Eat España ha presentado este viernes 29 de noviembre una demanda contra Glovo ante los juzgados de lo mercantil de Barcelona por competencia desleal en la que le reclama 295 millones de euros por recurrir a falsos autónomos.
En un comunicado, Just Eat España explica que reclama esa cantidad a Glovo en concepto "de daños y perjuicios" y sostiene que esta compañía se ha ahorrado "más de 645 millones de euros contratando a falsos autónomos en los últimos años", lo que le ha permitido "adquirir una ventaja competitiva significativa".
Se cumplen dos años de la aprobación de la conocida como "Ley Rider" y para conocer si se está cumpliendo y cuál es la situación actual de los repartidores, Las mañanas de RNE pregunta a Nuria Soto, portavoz de Riders X Derechos, para quien el enfoque de la ley "está bien, aunque es insuficiente y podría haber sido más ambiciosa". Y añade: "Las empresas no cumplen la legislación." Según ella, no se trata tanto de la necesidad de una legislación, sino de un problema de impunidad "frente a empresas que durante años incumplen la legislación."
Ante la pregunta de Íñigo Alfonso de qué debería hacer el Estado para que se cumpliera la ley, la portavoz responde: "Poner recursos a Inspección de Trabajo, porque hay dilaciones de procesos judiciales que tardan años...y también estudiar la vía penal".
Y acerca de la situación actual de los repartidores, Soto explica que los falsos autónomos tienen que trabajar de lunes a viernes en jornadas "súper extensas" y deben competir para subsistir, mientras que la situación se recrudece en el caso de las personas migrantes, quienes además alquilan las plataformas; sobre estas plataformas critica que no ofrecen números reales ni documentación: "Son plataformas que sobreviven a costa de los fallos del sistema", concluye la portavoz de Riders X Derechos.
Joan Benach, coordinador del estudio sobre precariedad y Salud mental, encargado por el Ministerio de Trabajo, es doctor en Salud Pública por The Johns Hopkins University y catedrático de Sociología en la Universidad Pompeu Fabra.Nos explica en Por tres razones los motivos estructurales que nos conducen a la precariedad laboral y por qué nos culpamos de sobrellevarla con la una de las medicalizaciones más altas del mundo.
El uso de la inteligencia artificial está creando nuevos escenarios laborales y se habla de una "algoritmización" en el empleo. Las plataformas de reparto de comida, con un análisis exhaustivo del desempeño del empleado, son un buen ejemplo.
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