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La filial polaca de Fagor Electrodomésticos, Fagor Mastercook, ha presentado solicitud de concurso de acreedores, según ha comunicado Fagor Electrodomésticos a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La solicitud de concurso ha sido interpuesta en el Juzgado de lo Mercantil número 1 de San Sebastián de conformidad con la Ley Concursal y no alcanza a la sociedad matriz Fagor Electrodomésticos, que continúa sujeta al régimen de preconcurso.

El concurso de acreedores de la planta polaca se produce un día después de que la Corporación Mondragón (MCC) anunciara que no 'rescatará' Fagor. Fuentes de la compañía han asegurado que la empresa "sigue defendiendo su viabilidad y que lo único que le falta es conseguir financiación".

Mientras, la CNMV ha decidido suspender de forma cautelar la negociación de Fagor Electrodomésticos en el mercado AIAF de renta fija, por concurrir circunstancias que pudieran perturbar el normal desarrollo de las operaciones sobre el valor.

La Corporación Mondragón "no ve viable la propuesta presentada por Fagor Electrodomésticos" por lo que no rescata a uno de las empresas que forma parte del grupo. El Consejo General considera "de forma unánime que el proyecto no responde a las necesidades de mercado". El comunicado del grupo Mondragón va más allá y especifica que los recursos financieros que demanda Fagor, unos 170 millones de euros, "no servirán para garantizar su futuro empresarial". La Corporación recuerda que ya ha destinado a Fagor Electrodomésticos en concepto de apoyo solidario intercooperativo un total de 300 millones y deja claro que su situación no afecta al resto de las cooperativas del grupo, "ya que no se trata de un holding empresarial, sino de una asociación de entidades independientes y autónomas". El cierre supondrá la desaparición de 4.000 puestos de trabajo en el País Vasco, pero MCC ha señalado que intentará "reducir al máximo el impacto en el empleo".

La oposición se fija sobre todo en los matices que hay detrás del dato de la EPA y habla de empleo precario o y de que sólo se crean puestos en el sector del turismo. El PP insiste en que es un buen dato y que el Gobierno va en la buena dirección.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha avanzado en Sevilla que espera buenos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre, que el Instituto Nacional de Estadística publicará oficialmente el jueves. "La EPA se ajusta normalmente a la evolución de la afiliación. Si es así, yo creo que la EPA dará creación de empleo y reducción de paro en el tercer trimestre", ha afirmado.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado este viernes "no ha ofendido" a los parados que perciben una prestación por haber perdido su empleo y haber adquirido el "legítimo" derecho a cobrarla y que son "la mayoría".

Así lo ha asegurado en la rueda de prensa posterior Consejo de Ministros, donde ha sido preguntada por sus declaraciones la semana anterior, cuando habló del fraude de prestaciones por desempleo. "Estoy hablando de personas que cobran la prestación por desempleo y que sin embargo trabajan fraudulentamente, trabajan en B. Se han investigado y se han detectado 520.000 personas", dijo entonces.

"Yo no les he ofendido. Les ofendería si este Gobierno no hiciera su trabajo, si no hiciera reformas para el crecimiento económico y para conseguir crear empleo", ha subrayado la vicepresidenta en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Sáenz de Santamaría ha señalado que "ha oído" decir a algún Grupo Parlamentario que, "con carácter general", debía pedir perdón a los desempleados. "A los parados, a esa mayoría que cobra el paro porque ha perdido su empleo o porque ha adquirido ese legítimo derecho, yo no les he ofendido (...) Y sobre aquellos parados que no han cumplido la ley, lo que tengo que pedirles es que la cumplan", ha explicado.

Parados de más de 45 años se han reunido en un Congreso en Santa Coloma de Gramanet, Barcelona, para intercambiar experiencias y reclamar soluciones. Según la Encuesta de Población Activa, en España hay más de 1.800.000 parados que superan esa edad. Sentirse impotente y culpable son las consecuencias psicológicas directas del paro en este colectivo, según un estudio del Observatorio de Salud Mental de Cataluña, por eso aconsejan hacer actividades grupales. Para los mayores de 45 años la cola del paro parece ser un poco más larga. Se estima que en España seis de cada 10 parados mayores de 45 años hace más de 2 años que no trabajan.

La oposición ha abucheado a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, al abandonar el hemiciclo sin escuchar la defensa por alusiones del portavoz económico del PSOE, Valeriano Gómez. Sáenz de Santamaría aseguró que cuando era ministro, Gómez aseguró que el 25% de los parados que cobraron el paro defraudaron. Tras esa afirmación, el socialista pidió la palabra, pero el presidente del Congreso no se la concedió en ese momento, y la vicepresidenta salió de la Cámara en medio de las protestas de la bancada socialista.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha eludido este miércoles precisar sus declaraciones del pasado viernes, cuando aseguró que se ha detectado que 520.00 personas cobraban la prestación por desempleo "y, sin embargo trabajan fraudulentamente, trabajan en B". Ante la petición de la portavoz del PSOE, Soraya Rodríguez, en la sesión de control del Congreso, para que pidiera disculpas por unas cifras falsas que criminalizan a los parados, Sáenz de Santamaría ha respondido con otras declaraciones, las que -ha dicho- realizó en julio de 2011 el entonces ministro de Trabajo, el socialista Valeriano Gómez, que habría cifrado en un 25% el porcentaje de parados que defraudó al cobrar el paro. Gómez ha querido responder por esa alusión, pero no ha podido hacerlo hasta el final de la sesión de control, cuando la vicepresidenta ya había abandonado el hemiciclo. El exministro ha dicho que nunca acusó a medio millón de personas de defraudar con el paro.

El Gobierno ha dado cuenta del impacto de económico del plan de lucha contra el fraude. Según ha señalado la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, ha supuesto más de 22.500 millones de euros en 18 meses. De esta cifra, 16.500 millones se han ingresado en la lucha por fraude fiscal y 6.152 millones en ahorros procedentes de la lucha contra el fraude a la Seguridad Social.

El PSOE ha arremetido contra la vicepresidenta del Gobierno por acusar de fraude a medio millón de parados de forma falsa. El diputado Pedro Sánchez ha anunciado que su partido pedirá "la comparecencia urgente de Sáenz de Santamaría para que aclare por qué acusa al 20% de los desempleados de cobrar en B". A"hora mismo lo que tendría que estar haciendo es pedir perdón", ha señalado

Cuestionada por la prensa sobre si el Gobierno pensaba hacer alguna modificación legislativa "con medio millón de parados cobrando una prestación ilícita y el 20% de las ofertas de trabajo rechazadas", la vicepresidenta ha recordado que ya se endureció la normativa. Sáenz de Santamaría ha recordado que, con la ley actual en la mano, un desempleado que rechace una oferta de empleo adecuada comete una infracción grave, sancionada con la suspensión de la prestación durante tres meses. Si rechaza dos ofertas, la suspensión dura seis meses y si son tres las ofertas rechazadas, la prestación por desempleo se extingue. En este sentido, la vicepresidenta ha señalado que en 2014 el Ministerio de Empleo presentará una nueva Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS) en la que "se reforzarán las medidas y consecuencias" derivadas de la no aceptación de ofertas adecuadas de empleo por parte de los desempleados y del cobro indebido de prestaciones. Empleo, al mismo tiempo, está trabajando también en una nueva ley reguladora de la Inspección de Trabajo y de Seguridad Social, según ha avanzado la también portavoz del Gobierno.

La vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, destacado la importancia del ahorro que se ha producido en materia fraude por desempleo en el último año y medio. "Pero como dato también muy significativo, el control en materia de fraude de prestaciones por desempleo. Estoy hablando de personas que cobran la prestación por desempleo y que sin embargo trabajan fraudulentamente, trabajan en B. Se han investigado y se han detectado 520.000 personas, más de medio millón de personas que cobraban fraudulentamente las prestaciones por desempleo y se ha ahorrado al contribuyente más de 3.000 millones de euros por esa cuantía", ha afirmado en la tercera ocasión a la que se ha referido a este tipo de fraude.