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En la Audiencia Nacional ha comenzado el segundo gran juicio al procés. En el banquillo, la antigua cúpula de los Mossos d'Esquadra. Josep Lluís Trapero, acusado de rebelión, ha negado que los mossos fueran cómplices del procés y ha asegurado que avisó a los miembros del Govern de que no iban a tolerar una ruptura de la legalidad y de la Constitución. Ha remarcado la posición del cuerpo de los Mossos de Escuadra que dirigía del lado de la legalidad y de las órdenes judiciales. Ha insistido en que advirtió de los riesgos para la seguridad que suponía la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre y que consideraba "una barbaridad" la aprobación de las leyes de desconexión, contrarias a las resoluciones del Tribunal Constitucional. Trapero se ha negado a hablar de pasividad de los Mossos. Mañana seguirá respondiendo a las preguntas del fiscal Miguel Ángel Carballo. Informa Teresa Coto.

Trapero explica que mantuvo una importante discusión con Díaz de los Cobos. Trapero le advirtió de que había que tomar precauciones para evitar que la situación se fuera de las manos y de los Cobos respondió que no era excusa para no actuar y permitir el referéndum.

El mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, asegura que en todo momento actuaron en el marco de la legalidad y así se lo hicieron llegar a los consellers, avisándoles también de que les preocupaba mucho la imagen de los Mossos. Trapero también afirma que hubo un conseller que le dijo que "era más importante la imagen del Gobierno que la imagen de los Mossos".

Según el mayor de los Mossos, Josep Lluís, acordaron que el uso de la fuerza pasaría por coger a las personas, según apunta como en muchas concentraciones y sacarlas una a una de los colegios, retirando así las urnas. Trapero asegura que esas acciones se llevaron a cabo en más de cien colegios y en algunos si que hubo resistencia pasiva por parte de los manifestantes. 

El mayor y exjefe de los Mossos Josep Lluís Trapero asegura que la ocupación de los colegios previstos para la celebración del referéndum independentista de Cataluña el día antes del mismo podía corresponder a la actividad "normal" que se desarrolla en los centros en fines de semana. "Pensamos que la orden judicial que teníamos en ese momento no nos facultaba a retirar a esa gente de los colegios, sino a partir del 1 de octubre", ha afirmado, añadiendo: "No entendimos que aquellas fueran actividades preparatorias del referéndum".

Trapero cuenta cómo en una reunión en septiembre de 2016 advirtió de la deriva y cómo fue preguntado acerca de la posición de los mossos ante una situación en la que hubiera dos leyes. Como jefe de mossos respondió: "La doble legalidad no existe. O hay una ley o hay otra. Nosotros haremos siempre lo que nos dicen los jueces."

El mayor Josep Lluis Trapero ha defendido este lunes el dispositivo de los Mossos d'Esquadra en la jornada "excepcional" del 20S, en que optaron "en todo momento" por evitar que se les "escapara de las manos" la situación en la protesta contra el registro en la sede de Economía, pero niega que hubiera "pasividad" ante los acontecimientos. También ha negado que tuviera relación personal con el 'expresident' catalán Carles Puigdemont.

En la Audiencia Nacional comienza este lunes el juicio por el papel de los Mossos d'Esquadra en el 'procés', por el responderán como acusados sus máximos responsables durante el 1-O: el mayor Josep Lluís Trapero, su jefe político Pere Soler y el que fuera segundo en la Consellería de Interior, César Puig. Los tres estarán en el banquillo de los acusados por delito de rebelión, por el que la Fiscalía pide a cada uno 11 años de cárcel, mientras que una cuarta acusada, la intendente Teresa Laplana, se enfrenta a 4 años de cárcel por sedición por su actuación durante el cerco a la Consellería de Economía el 20 de septiembre de 2017 con motivo de un registro judicial para frenar el 1-O. 19/01/20

El procés vuelve este lunes a los tribunales con la vista oral en la Audiencia Nacional a Josep Lluís Trapero, quien fuera mayor de los Mossos d’Esquadra con Carles Puigdemont al frente de la Generalitat. Trapero se enfrenta a una petición de once años de prisión por un posible delito de rebelión por facilitar la celebración del 1-O y por no frenar "el asedio" a la Consellería de Economía durante una operación de la Guardia Civil días antes del referéndum ilegal.