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Hoy se debate en el Congreso la ley de Educación. Se vota la ponencia de esta reforma con las novedades que se han ido incorporando en el trámite parlamentario y que tendrá que pasar luego por el pleno del Congreso antes de comience su trámite parlamentario en el Senado.

Se prevé una sesión dura con la ausencia de la ministra Isabel Celaá, en la que el foco estará en las enmiendas acordadas que cuentan con los apoyos necesarios y que se van a incluir directamente en ese Proyecto de Ley inicial. Entre ellas, las pactadas con sus socios de investidura como ERC que elimina el castellano como lengua vehicular, o las que afectan a la educación concertada: la prohibición expresa de abonar cuotas a través de fundaciones o impartir extraescolares en horario lectivo; se dejará de financiar a colegios que segreguen por sexo y no se cederá más suelo público para constuir más colegios concertados. PP, Ciudadanos y Vox la llevarán al Constitucional sobre todo por la enmienda sobre la lengua vehicular de ERC. Según fuentes del ministerio, esperan que la LOMLOE esté aprobada a principios del año que viene.

En Las Mañanas de RNE con Íñigo AlfonsoLas Mañanas de RNE con Íñigo Alfonso debatimos la cuestión con dos exministros de Educación: Juan Antonio Ortega Díaz-Ambrona, exministro de Educación con Adolfo Suárez y Mercedes Cabrera, Catedrática de Historia del Pensamiento y Movimientos Sociales y Políticos de la Universidad Complutense de Madrid y exministra de Educación entre 2006 y 2009.

Casi nueve de cada diez colegios concertados cobran de forma obligatoria una cuota a las familias, a pesar de que deberían ser opcionales al ser centros financiados por fondos públicos,  según un estudio realizado por Garlic a 336 colegios. Amparo Núñez, portavoz de la empresa que ha hecho el estudio, asegura que el impago de esas cuotas implica la exclusión del alumno de algunas actividades. Cataluña y Madrid son las comunidades donde se cobran las cuotas más altas. Hay centros pueden llegar a cobrar 950 euros al mes, como el colegio St. Paul's de Barcelona.

Informa Ainhoa Caballero

Radio Nacional ha tenido acceso al dictamen que la Comisión de Educación del Congreso sobre la ley Celaá. Se incluyen nuevas enmiendas que afectan a la concertada. Por ejemplo, se prohíbe expresamente el pago de cuotas a la concertada a través de sus fundaciones o de las extraescolares que estén dentro del horario escolar, una fórmula que utilizan hasta ahora muchos centros para sortear la normativa. Se dejará de financiar, también, a los colegios que segreguen por sexos y no se cederá suelo público para construir nuevos centros concertados. Además, la proximidad al domicilio gana peso a la hora de elegir un centro.

La reforma educativa no va a incluir el castellano como lengua vehicular tras la enmienda aprobada entre PSOE, Unidas Podemos y ERC. En Las Mañanas de RNE, el portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, lo califica de "tropelía inadmisible" porque "elimina el derecho a poder elegir libremente la lengua vehicular". Critica que ha pasado por las concesiones que se le hace al nacionalismo desde el Gobierno desde hace tiempo y afirma que lo denunciarán al Constitucional, para lo que están buscando también el apoyo del PP. Su grupo pedirá esta mañana la dimisión de la ministra.

Sobre su negociación de los presupuestos con el Gobierno, no presentarán ninguna enmienda para facilitar su aprobación. Su formación se reunió ayer con el Ejecutivo y afirma Bal que no entrarán en ninguna "guerra infantil sobre cuál va primero" porque lo importante es el "contenido" de esa reunión. Afirma que han ido con propuestas que espera que el Gobierno escuche y confía en que este se decante por unos presupuestos moderados y pragmáticos, más valorados por Europa. En relación con esto, dice que ellos nunca han vetado a nadie de las negociaciones puesto que tanto PSOE como Unidas Podemos forman parte del Gobierno y es él el que realiza este proyecto de ley: "¿Cómo vamos a pensar que en unos Presupuestos que son un proyecto de ley del Gobierno no estuviera una parte del Gobierno?" Aunque esto, deja claro Bal, que no se trata de un apoyo al Ejecutivo, pero es lo que el país necesita en este momento. Entre sus peticiones se encuentra la subida del diésel que incluía estos PGE. Afirma que se eliminará mediante una enmienda en la negociación parlamentaria.

En referencia al mecanismo contra la desinformación propuesto por Moncloa, dice Bal que es "inadmisible" en una democracia donde se reconoce la libertad de prensa, de información o de expresión y pone en duda lo que hará la comisión para reaccionar en el caso de que descubra que una noticia es falsa.

Marina Mata es portavoz y secretaria de organización del Sindicato de Estudiantes, que esta misma tarde ha pedido que se suspendan las clases presenciales para reducir la curva de contagios, y en el informativo 20 horas Fin de semana20 horas Fin de semana de RNE nos contaba los motivos "mientras en la primera ola lo primero que se hice fue cerrar los centros de educación, en esta segunda se está tratando de aparentar una normalidad y por una razón muy sencilla, porque si cierran las escuelas, los centros educativos, nuestros padres y nuestras madres tienen que dejar de trabajar" lo que supone pagar servicios retribuidos que es algo que, evidentemente, ahora mismo las empresas del Ibex-35, la banca no quiere hacer, dice la portavoz del sindicato de estudiantes. "Nosotros estamos pidiendo el cierre de todos los centros de estudio porque están siendo un foco de contagio", pero para poner en marcha un plan de rescate de la educación pública que no se ha hecho por no bajar las ratios, la contratación de profesores, instrumentos, filtros de aire, porque las directrices del Ministerio de Educación de que abramos las ventas es absolutamente insultante, cuando estamos casi en diciembre y lo que tiene que haber es una inversión para rescatar el sistema educativo público, comenta Marina Mata.

La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaáha pedido al PP que negocie la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) si no quiere que se se ponga en marcha la reforma propuesta por el PSOE y Unidas Podemos. Celaá ha hecho esta llamada al acuerdo tras la advertencia del líder del PP, Pablo Casado, de que no pactará mientras no se retire esa propuesta de reforma que cambia la mayoría para elegir los jueces.

 “Esperemos que [el PP] tenga una intención fideligna y esta situación queda resuelta. Lo ideal es que el PP desbloquee la situación, se negocie y se llegue a buena término. [...] Lo que no se puede hacer es tener organismos constituciones continuamente bloqueados. Esto es también un fraude constitucional", ha declarado en Las Mañanas de RNE con Íñigo Alfonso.

La ministra ha defendido el decreto ley que este jueves se votará en el Congreso de los Diputados con nuevos criterios de evaluación para este curso y que algunas comunidades autónomas ya han adelantado que rechazan aplicar. Celáa cree que con esta normativa se da un “paso de calidad” porque los profesores evaluarán “de una manera colegiada” al alumno, lo que permitirá identificar sus carencias y reforzarlas.

Lo que proponemos es que los profesores evalúen de manera global el itinerario académico del alumno. ¿Eso quiere decir que los alumnos con suspensos deben pasar? No. Quiere decir que la mirada más importante está en la evaluación académica global de ese alumno, decidida de manera colegial por los profesores que les conocen.”

Celaá considera que en el sistema educativo español se pone demasiado el foco en la repetición de curso, algo que no tiene por qué beneficiar al alumno. “Mandar una alumno a repetir es una decisión seria que afecta al alumno y al sistema. La repetición es una medida excepcional, el sistema educativo español abusa de las repeticiones”.

La ministra de Educación y Formación Profesional ha admitido que viajó a Bilbao por “una cuestión médica” por lo que niega  que se saltara el estado de alarma decretado en Madrid el pasado viernes y ha confesado, además, que ha recurrido a la Justicia para denunciar las pintadas que aparecieron en su casa.

El Gobierno ha aprobado por real decreto que la repetición de curso sea una medida excepcional durante este curso y que las Comunidades Autónomas puedan conceder el título de Secundaria y Bachillerato sin tener en cuenta el número de suspensos. Hasta ahora, la ley obligaba a aprobar todo para terminar Bachillerato y a no terminar la Secundaria con más de dos suspensos. La mayoría de las autonomías rechazan esa decisión y algunas, como Castilla-La Mancha ya han anunciado que no la aplicarán. Los sindicatos también muestran sus reticencias. CSIF ha pedido la dimisión de la ministra Celaá, mientras que ANPE teme que aumente la brecha de nivel educativo entre territorios.

Dos semanas después del comienzo escalonado de las clases, hay 2.852 aulas confinadas en todo el país. En el 95,5 % de los centros no ha habido problemas y los grupos en cuarentena representan el 0,73 % del total. Los colegios, dicen desde el Ministerio de Educación, no son centros de contagio sino de detección precoz y, lejos de pensar en volver a cerrarlos, la intención es ir avanzando hacia una mayor presencialidad.

La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha respondido este jueves a las preguntas de Mónica López en el plató de 'La Hora de La 1', de TVE, donde ha insistido en la necesidad de que los niños vuelvan al colegio de manera presencial y ha advertido a los padres que rechazan llevarlos a los centros que no hay otra "alternativa".

Aunque "el riesgo cero no existe", la ministra ha pedido confianza en la comunidad educativa y subraya que se está haciendo todo lo posible para minimizar riesgos frente al COVID-19. Celaá también ha hablado sobre la coordinación con las comunidades autónomas y sobre los permisos de baja laboral para padres con hijos en cuarentena, entre otras cuestiones.