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Encontraron su cuerpo en una zona apartada y de dificil acceso cerca del Danubio. Fue violada y asesinada y su rostro estaba irreconocible por los golpes, lo que ha retrasado la identificación. Victoria Marinova, de 30 años, era la directora y presentadora de un canal de televisión privado regional. Según el ministro de Interior se trata de un caso de agresión sexual, pero la investigación baraja también otras hipótesis, entre ellas, su trabajo. En su último reportaje, emitido hace unos días, Marinova investigaba la apropiación indebida de fondos europeos y había entrevistado a varios periodistas críticos. La Unión Europea ha pedido una investigación, y Reporteros sin Fronteras recuerda que ya son tres los periodistas asesinados en un año en un país de la Unión. El caso se produce tras la polémica por la desaparición de un periodista saudí crítico con el régimen de Ryad. Entró en el consultado de su país en Estambul y allí se le perdió la pista. Ankarae sospecha que fue asesinado dentro y ha pedido permiso para entrar e investigar. Hoy cientos de periodistas han reclamado que se esclarezca la verdad.

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Un tribunal de Birmania (Myanmar) ha condenado este lunes a siete años de prisión a dos periodistas birmanos de la agencia Reuters acusados de vulnerar la Ley de Secretos Oficinales mientras investigaban una matanza de musulmanes rohinyás.

Los reporteros Wa Lone y Kyaw Soe Oo fueron detenidos en diciembre de 2017 tras reunirse con dos policías que, según los acusados, les entregaron documentos supuestamente confidenciales. Desde entonces, ambos han estado detenidos sin fianza y han comparecido una treintena de veces ante el tribunal, que inició la instrucción el pasado 9 de enero y presentó los cargos formalmente el 9 de julio.

Los reporteros investigaban el asesinato de una decena de rohinyás descubiertos en una fosa común en la aldea Inn Din en el estado Rakáin (oeste), masacre por la que siete soldados birmanos fueron más tarde condenados a diez años de prisión.

En abril, el capitán de la Policía Moe Yan Naing testificó que un cargo superior les había ordenado a él y a otros subordinados ofrecer documentos secretos a Wa Lone para tenderle una trampa, lo que ha sido negado por las autoridades.

Tras esta primera condena, los acusados pueden apelar ante el tribunal de la división de Rangún y, en última instancia, ante el Tribunal Supremo.