Unas cien mil personas que no pueden valerse por sí mismas para llevar a cabo acciones cotidianas, los llamados grandes dependientes, están a la espera de recibir las ayudas que contempla la Ley de Dependencia. Son un 20% más que hace 4 años.
Mujer de mediana edad con un familiar enfermo en casa. Este es el perfil del cuidador no profesional en España. Una labor por la que no perciben ninguna remuneración. La Organización Internacional del Trabajo asegura que una de cada cuatro mujeres en edad laboral no puede trabajar por dedicarse por completo a asistir a un enfermo.
Una de cada tres personas dependientes no está recibiendo actualmente ninguna prestación o servicio, a pesar de que es un derecho que les asiste por ley. Lo ha revelado este martes el Observatorio Estatal para la Dependencia. En su informe reconoce una ligera mejoría en la situación, a partir de mediados de 2015, pero después de tres años de estancamiento en la atención a esas personas, que ha engrosado las listas de espera hasta cifras insoportables, y aún peor, ha abierto una brecha profunda entre las distintas comunidades autónomas. Hablamos con José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales.
Por primera vez, el promotor de una iniciativa legislativa popular (ILP) la dediende ante los diputados en comisión. Se trata del presidente del CERMI, que aglutina a organizaciones de apoyo a la discapacidad, que ha presentado casi 740.000 firmas para cambiar la Ley de Dependencia de 2006. Piden sobre todo ajustar los copagos, que consideran demasiado altos, por lo que, dicen, muchas personas no pueden acceder a las ayudas.
El fin de la XI Legislatura, los últimos y acalorados debates en el Congreso, como el que pedía una comisión de investigación del accidente del tren Alvia en Santiago, o la regulación de los lobbies.
En España, hay casi 2.500.000 de personas dependientes que necesitan ser cuidadas. Ocho de cada diez encargados de ello no son profesionales. En la inmensa mayoría de los casos, se ocupan de esa labor los familiares que casi siempre son mujeres. La Sociedad Española de Geriatría y Gerontología quiere reconocer esa labor callada y apenas reconocida socialmente. Hablamos con José Antonio López Trigo, presidente de la SEGG.
Las personas dependientes representan el 2,5% de la población española tras la incorporación en julio de 445.000 dependientes moderados. El nivel de cumplimiento de la ley que recoge su derecho a atención y prestaciones, varía de unas comunidades a otras. Aprueban con nota, Castilla y León, País Vasco, Andalucía, Extremadura y la Rioja. El resto, suspende. Según los datos del Observatorio Estatal para la Dependencia, más de la mitad de los dependientes tiene más de 80 años y desde 2012 demasiados han muerto antes de recibir su prestación.
Los avances en medicina y alimentación y unos mejores hábitos de vida han elevado la esperanza de vida en España. Pero el reverso de ese avance es que cada vez más personas estaremos en situación de dependencia en nuestros últimos años, lo que supone un desafío para el estado del bienestar.
El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes la Agenda Social, que incluye tres proyectos con medidas de apoyo a personas con discapacidad, jóvenes y mujeres. En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha destacado el compromiso "por y para las personas". También ha explicado que estas medidas suponen un impulso a la política social del Ejecutivo y tienen por objetivos de consolidar el crecimiento económico y fortalecer el Estado de Bienestar.
