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Hasta agosto el número de turistas chinos que viajaron a nuestro país aumentó en un 30%. El Gobierno quiere aumentar las relaciones económicas con el gigante asiático. En Pekin está el ministro de Industria.

El ministro de Industria, José Manuel Soria, ha asegurado este lunes que en el PP "no hay ni ha habido una contabilidad B" y que en su partido "nadie ha cobrado sobresueldos ilegales", ya que todas las cuantías que se han cobrado lo han sido "por transferencias" y los dirigentes que las han recibido "han realizado una declaración jurada" de que las han declarado a Hacienda. Así lo ha asegurado Soria en una entrevista realizada en el programa La Mañana de La 1, en el que también ha asegurado que la declaración como testigo de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ante el juez Ruz el pasado miércoles "coincide literal e íntegramente con el discurso del presidente en el Congreso de los Diputados". "En el PP no hay ni ha habido contabilidad B. La única contabilidad es la que está auditada en el Tribunal de Cuentas y que tiene el juez Ruz", ha aseverado el ministro. "Aquí lo que tiene que dilucidar y aclarar la Justicia es cómo alguien pudo acumular una fortuna de 38 millones de euros mientras era tesorero del PP", ha afirmado Soria.

El Gobierno no intervendrá en el futuro para frenar posibles subidas bruscas de los precios de la electricidad, ya que dejará los futuros ajustes de las tarifas a merced de los mecanismos establecidos, es decir, las subastas que determinan el coste de la energía y el sistema automático de corrección de peajes de acceso diseñado en julio por el Ministerio de Industria y Energía.

Desde hoy la luz es un 3,2% más cara para casi 20 millones de consumidores, los que tienen contratada la Tarifa de Último recurso. Esta subida extraordinaria es la segunda en apenas un mes, después de que el 1 de julio la factura se encareciera un 1,2%.

El ministro de Industria, José Manuel Soria, ha anunciado que no se solicitarán medidas cautelares por petición del sector naval, a la hora de presentar el recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra la decisión que obliga a la devolución de ayudas fiscales. En la Comisión del Congreso de los Diputados, Soria ha señalado que el 1 de agosto se presenta este recurso pero no se pedirán estas medidas cautelares "por lo que podrían entorpecer, en opinión del sector, a la gestión de la devolución de las ayudas que finalmente resulten". El portavoz del PSOE, el diputado José Blanco, asegura que los competidores asiáticos en el sector naval están "frotándose las manos" porque esta medida impide que el sector naval español sea competitivo. La consejera delegada de PYMAR, Almudena López del Pozo, afirma que "el gobierno está trabajando con el sector naval codo a codo". Se muestra convencida de que hay que recurrir esta decisión que es "injusta, discriminatoria respecto a otros países como Francia".Coincide con el ministro que "hay que volver a poner encima de la mesa la seguridad jurídica y la confianza legítima que hemos defendido y que supondría que no hubiese devolución" de los incentivos fiscales.

El Gobierno prepara ya el recurso ante el Tribunal Europeo contra la decisión de Bruselas de exigir a los astilleros la devolución de las bonificaciones fiscales. La decisión cuenta con el respaldo de las tres comunidades autónomas afectadas, empresarios y sindicatos.

El Gobierno ha acordado con las comunidades autónomas afectadas (Asturias, Galicia y País Vasco), la patronal de los astilleros Pymar y los sindicatos UGT y CC.OO. la presentación de un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra la decisión de la Comisión Europea (CE) de devolver los beneficios fiscales a la financiación de la construcción naval del periodo 2007-2011.

El malestar provocado en el sector por la reforma energética se ha puesto de manifiesto en el primer encuentro entre el Gobierno y las compañías. Las grandes eléctricas calculan que el impacto de las medidas será de hasta 4.000 millones de euros y las renovables avanzan que acudirán a los tribunales. El ministro de Industria defiende que la reforma era necesaria para evitar la quiebra del sector.