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El Gobierno no intervendrá en el futuro para frenar posibles subidas bruscas de los precios de la electricidad, ya que dejará los futuros ajustes de las tarifas a merced de los mecanismos establecidos, es decir, las subastas que determinan el coste de la energía y el sistema automático de corrección de peajes de acceso diseñado en julio por el Ministerio de Industria y Energía.

El Gobierno prepara ya el recurso ante el Tribunal Europeo contra la decisión de Bruselas de exigir a los astilleros la devolución de las bonificaciones fiscales. La decisión cuenta con el respaldo de las tres comunidades autónomas afectadas, empresarios y sindicatos.

El Gobierno ha acordado con las comunidades autónomas afectadas (Asturias, Galicia y País Vasco), la patronal de los astilleros Pymar y los sindicatos UGT y CC.OO. la presentación de un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra la decisión de la Comisión Europea (CE) de devolver los beneficios fiscales a la financiación de la construcción naval del periodo 2007-2011.

El malestar provocado en el sector por la reforma energética se ha puesto de manifiesto en el primer encuentro entre el Gobierno y las compañías. Las grandes eléctricas calculan que el impacto de las medidas será de hasta 4.000 millones de euros y las renovables avanzan que acudirán a los tribunales. El ministro de Industria defiende que la reforma era necesaria para evitar la quiebra del sector.

El comisario de la Competencia, Joaquín Almunia, ha dicho que las ayudas fiscales que se devuelvan las ingresará el estado español. Por su parte, el ministro de Industria, José Manuel Soria ha dicho que se estudian los argumentos para un posible recurso.