Frente a los trabajadores de la empresa Hotusa, cadena catalana de hoteles que tiene sede en Galicia, el presidente del gobierno ha defendido el turismo y ha criticado a los, afirma, radicales que atacan al sector.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha advertido este lunes de que si la Mesa del Parlamento catalán califica favorablemente la proposición de ley de referéndum registrada por Junt pel Sí y la CUP el Ejecutivo lo recurrirá inmediatamente, porque es "una nueva patada al sistema democrático". Así lo ha asegurado tras el encuentro que ha mantenido con el rey en el Palacio de Marivent, en su tradicional despacho veraniego.
El coordinador general del Partido Popular, Fernando Martínez-Maíllo, ha solicitado este sábado el apoyo de los socialistas frente a la "deriva alocada" del independentismo en Cataluña y ha insistido en que no va a celebrarse una consulta el 1 de octubre porque el Gobierno central va a responder siempre "de manera tranquila, pero firme" ante cualquier ilegalidad.
Los partidos políticos han reaccionado al balance que ha hecho el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, sobre la legislatura. PSOE y Podemos han criticado el balance económico hecho por el jefe del Ejecutivo mientras que Ciudadanos ha suspendido a Rajoy en materia de regeneración.
El presidente del Gobierno ha advertido que "no habrá referéndum el 1 de octubre" y ha argumentado que no lo habrá porque el TC ha dicho claramente que es inconstitucional y por lo tanto ilegal, porque va directamente contra la propia arquitectura constitucional que "ha dado a Cataluña el mayor nivel de autogobierno de toda su historia". Aunque ha insistido en que él siempre ha estado dispuesto "a dialogar de la mejor manera en beneficio de todos", ha recalcado que lo que "nadie puede pretender" es que negocie la ruptura de la Constitución, que no es patrimonio suyo, ni del Gobierno, sino del conjunto de los españoles. Rajoy ha recordado que "no le corresponde a él decidir el futuro de Cataluña sino que le corresponde a todos los españoles".
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado este viernes la decisión del Ejecutivo de presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la reforma del reglamento del Parlamento catalán que permite aprobar en un solo día, mediante el trámite de lectura única, las llamadas leyes de desconexión.
El Gobierno de Mariano Rajoy controlará de forma semanal que la Generalitat de Cataluña no destine "ni un sólo euro" al referéndum "ilegal", de tal forma que diferentes órganos económicos de la administración catalana deberán remitir al Ministerio de Hacienda un certificado para comprobar que no se ha autorizado "ningún gasto" en la organización de la consulta del 1-O, tal y como ha anunciado el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo. El ejecutivo catalán ha tachado el anuncio de progaganda.
El Gobierno pedirá a la Generalitat de Cataluña que certifique semanalmente que no está destinando dinero público a la financiación del referéndum del 1 de octubre. En caso de incumplir esta petición, la Generalitat no podrá financiarse a través del Fondo de Liquidación Autonómica. Así lo ha confirmado el portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, tras la reunión del Consejo de Ministros este viernes.
El ministro de Educación y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha calificado, en una entrevista en 'Los Desayunos de TVE' de "sinsentido" y una "mala idea" la propuesta del PSOE de que haya una quita de la deuda de Cataluña con el Estado porque prima a quien quiebra la ley y rompe el principio de igualdad de todos los españoles.
"En estos momentos, cuando hay un desafío secesionista, parece que el PSOE quiere premiar a los secesionistas porque quiebran la ley y encima les quita la deuda", ha explicado.
El Gobierno ha presentado este viernes un plan de colaboración público-privada para invertir 5.000 millones en carreteras hasta 2021. El dinero lo adelantarán las empresas constructuras que se encargarán del mantenimiento de las infraestructuras durante tres décadas. El Ministerio de Fomento pagará alrededor de 350 millones de euros anuales durante 30 años por la disponibilidad de las carreteras una vez estén terminadas. Según los cálculos del Gobierno, el plan permitirá la creación de más de 189.000 puestos de trabajo, entre los 150.000 de la fase de inversión y los 39.000 de la fase de explotación y mantenimiento.
