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Tras el acuerdo del Gobierno y el PNV para que el País Vasco gestione las bonificaciones empresariales a la contratación, varias comunidades autónomas han anunciado que también las reclamarán. Lo harán Cataluña y Valencia, aunque esta última, dice, sólo si no afecta a la Caja Única de la Seguridad Social. Otras se lo están pensando. Y entre las que no pueden hacerlo -porque sus estatutos no recogen esa competencia- muestran sus críticas al Gobierno.

La polémica por la posibilidad de ubicar del almacén temporal de residuos nucleares en Zarra (Valencia), sigue enfrentando a socialistas y populares. El PP mantiene que la decisión se tiene que tomar en función de los informes técnicos, sin intereses partidistas. Mientras, desde el PSOE contestan que hay que valorar también el consenso social.

Este lunes, María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP, ha subrayado que "lo que defiende el PP, el PP de Castilla la Mancha, de Valencia, de España, es que esta decisión se tome legalmente y al amparo de los informes técnicos que determinen su mejor ubicación, antes que el interés partidista de un partido en diferentes comunidades autónomas".

Por su parte, Leire Pajín, secretaria de organización del PSOE, ha afirmado que "el Consejo de Ministros valoró un informe técnico y decidió ampliar ese informe y tener en cuenta también el consenso social" y que "ha habido fuerzas políticas que una vez más han puesto de manifiesto su falta de coherencia: quieren más centrales nucleares y nunca resuelven dónde van a dejar los residuos de esas plantas que, según ellos, deben proliferar". (20/09/10)

Después de meses de espera y de muchas polémicas, este viernes se ha sabido que los técnicos creen que el pueblo más adecuado para instalar el cementerio nuclear es Zarra, en Valencia. El Gobierno asegura que la decisión todavía no está tomada. Pero la noticia ha corrido como la pólvora y ya hay pronunciamientos de todo tipo. Zarra ha obtenido 304 puntos, sólo cuatro más que Ascó, en Tarragona.

Comité electoral para las elecciones autonómicas sin haber sido aún designado oficialmente candidato. El martes la dirección nacional del PP dijo que esperarían a que la justicia se pronuncie sobre su relación en el caso Gürtel.

La portavoz del Gobierno valenciano, Paula Sánchez de León, ha lamentado que, en la operación Brugal de Alicante, en la que entre otros está imputado el presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, "en ningún momento ha prevalecido" el bien jurídico de "la integridad moral y el honor de las personas afectadas por este caso". A su juicio, todos los ciudadanos se merecen una explicación por parte del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, "de todas las incógnitas y de todas las zonas oscuras" que "casualmente siempre se producen" contra cargos del PP, y que no han ocurrido con José Bono o con Manuel Chaves. (09/07/10)