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El Gobierno ha decidido levantar la supervisión previa que ejercía hasta ahora sobre los gastos de la Generalitat, una decisión que la portavoz del nuevo Ejecutivo socialista, Isabel Celaá, ha enmarcado como una medida de "normalización política" con Cataluña y "en la confianza de que funcionará bien" y el Govern no usará sus recursos financieros para ahondar en el proceso independentista. El Ejecutivo vincula esta medida al artículo 155, que ya no está en vigor. Desde la Generalitat subrayan también que este control decayó "automáticamente" desde que el 155 dejó de tener efecto.