Enlaces accesibilidad
arriba Ir arriba

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 24 de Madrid ha paralizado cautelarmente la moratoria de las multas en Madrid Central apenas cinco días después de la entrada en vigor de la suspensión acordada por el alcalde José Luis Martínez Almeida (PP), que gobierna en coalición con Ciudadanos. En este auto, se adopta la cautelar "provisionalísima" de "inmediato cumplimiento" y se da al Ayuntamiento un plazo de tres días para "alegar por escrito lo que estime procedente". En una nota de prensa, el Consistorio ha dicho que considera "adecuada y ajustada a derecho" la moratoria de multas establecida en Madrid Central "al haberse producido modificaciones derivadas de los errores en el sistema automático de detección de matrículas", pero "acatará cualquier decisión judicial al respecto".

El Tribunal Constitucional ha declarado nulo el método con el que la Seguridad Social calcula la pensión de jubilación de los trabajadores a tiempo parcial. El método actual para calcular la pensión de jubilación, según el Tribunal, no solo deja en situación de desigualdad a los empleados a tiempo parcial, sino que además "constituye una discriminación indirecta por razón de sexo" ya que estadísticamente la mayor parte de ellos son mujeres. En España, según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa, ellas realizan el 75% de este tipo de contratos. A la hora de calcular la pensión se tiene en cuenta el salario medio de los últimos años trabajados y a esta cantidad se le aplica un coeficiente de reducción. El Constitucional considera que esta manera de regular la cuantía de las pensiones vulnera el derecho a la igualdad. A partir de ahora todas deberán calcularse aplicando el mismo porcentaje. Trabajo dice que ya está estudiando los cambios necesarios para aplicar la sentencia.

La víctima de La Manada de Pamplona ha enviado una carta al programa de Ana Rosa en la que habla, por primera vez, desde que se conoció la sentencia del Tribunal Supremo, que aumenta la pena de 9 a 15 años por violación. La joven dice que lo peor ha sido lo que le ha tocado vivir después de la agresión sexual. Dice que ha sido un proceso "largo , intenso y agotador" hasta que la semana pasada se conoció la sentencia firme. Además, agradece el apoyo a todos los que le han ayudado y subraya que no se considera una heroína. Concluye animando a todas las víctimas como ella a luchar para que estos delitos no queden impunes.

Un juzgado de Valencia obliga a Deliveroo a contratar a casi un centenar de repartidores de la empresa. El tribunal considera que no son autónomos, tal como asegura la firma, porque no son libres de escoger los encargos y dependen de la tecnología de la plataforma. La sentencia da la razón a la Tesorería de la Seguridad Social que, en abril del año pasado, denunció a Roodfoods Spain, matriz de Deliveroo, por no haber pagado las cuotas de 97 repartidores de Valencia. Carlos era uno de ellos, tuvo que darse de alta como autónomo para repartir comida a domicilio bajo esta plataforma. En esta actividad, los verdaderos medios de producción -dice la jueza- no son la bicicleta ni el móvil del repartidor, sino la plataforma digital que empareja oferta y demanda. y por eso el tribunal dice que se trata de una relación laboral. Un argumento bien recibido por los sindicatos. Es la primera sentencia en España que afecta a un colectivo de repartidores y no a un solo individuo. Deliveroo anuncia que recurrirá a través de un comunicado, porque, dice, no refleja la forma en que los repartidores trabajan con la compañía.
 

Dos horas después de la vista oral para estudiar los recursos de acusaciones y defensa se conocía el fallo del Supremo. El alto Tribunal ha estimado los recursos de las acusaciones. Hubo intimidación ambiental en la violación de una joven de San Fermín, así que no fue abuso sino agresión sexual, lo había defendido la Fiscalía que se preguntaba si las circunstancias que recogen los hechos probados no eran suficientemente intimidatorias. Las acusaciones habían pedido 18 años de cárcel para cada miembro de 'La Manada'. El Tribunal les ha impuesto 15 año y 2 más a uno de ellos por el robo también intimidatorio del móvil de la víctima . La defensa de los condenados había solicitado la absolución, que se revocaran los hechos probados. Para ello había intentado desacreditar el relato de la víctima.

Ángel Boza era el último de los cinco en ser detenido. Con paso tranquilo y sin responder a la prensa se entregaba en la Jefatura de la Policía de Sevilla. Lo hacía después de saber que el resto de integrantes de La Manada habían sido arrestados en sus domicilios. A primera hora de la tarde, después de que se hiciera público el fallo del Supremo, la Audiencia de Navarra dictaba orden de detención e ingreso en prisión ante el riesgo de fuga. Fuentes policiales han negado que intentaran huir y su abogado, asegura que han recibido la noticia con estupor. Esta mañana, los cinco se habían presentado ante los juzgados de Sevilla, como hacían tres veces por semana. Era uno de los requisitos que debían cumplir para seguir en libertad provisional. Horas después, un furgón les trasladaba a prisión.

El abogado defensor de 'La Manada', Agustín Martínez, ha afirmado en La Tarde en 24 horas que han recibido la sentencia del Supremo que eleva a 15 años la condena de sus defendidos con "profundo estupor y dolor" y ha asegurado que se podría hablar de un fallo "ejemplificante". También ha trasladado su malestar por la forma en la que se ha prodecido a la detención de sus defendidos: "Nos quejamos de la forma en la que se ha procedido a la detención, esas personas estaban en libertad provisional con fianza y ya han cumplido rigurosa y escrupulosamente todos los requisitos que se les ha establecido por parte de los tribunales que le otorgaron la libertad y simplemente, sin habérseles comunicado la sentencia, se produce la detención". El letrado ha señalado que entienden que la resolución "no se ajusta a lo que ocurrió dentro de aquél portal aquél 7 de julio de 2016", Martínez, que irá este sábado a prisión a ver a los miembros de 'La Manada', ha asegurado que hasta que no tengan la resolución completa no decidirán si recurren ante el Constitucional.

Han sido dos horas de vista pública, en la que las acusaciones, todas al unísono, aunque con algún matiz, han pedido un aumento de la condena de 9 a 18 años de cárcel de los miembros de la manada por agresión sexual, no por abuso como se han calificados los hechos hasta ahora. El meollo de la cuestión es si hubo intimidación en la violación a una joven en los San Fermines de 2016. El Ministerio público ha tirado del relato de hechos probados para defender que hubo esa intimidación, por la edad de la víctima, por su soledad frente a cinco hombres mayores y por el lugar en el que se produjeron los hechos, mientras las acusaciones populares han ido más allá, dicen que hubo violencia. La defensa de los cinco acusados ha pedido su absolución y ha cuestionado además la versión de la víctima. Dice que sus defendidos no tuvieron un juicio justo por la presión mediática y social.