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La justicia rusa ha condenado al abogado Sergei Magnitski de forma póstuma por evasión de impuestos. El letrado murió en noviembre de 2009, oficialmente de un ataque al corazón, cuando se encontraba en prisión preventiva después de denunciar una multimillonaria trama de corrupción que implicaba a altos funcionarios rusos. Su familia denunció que fue asesinado por las fuerzas de seguridad.

El tribunal del distrito Tverskoi de Moscú también ha hallado culpable en ausencia y por el mismo delito al británico William Browder, fundador y director general del fondo de inversiones Hermitage Capital para el que trabajaba Magnitski en Rusia.

EE.UU. condenó la muerte del letrado, convertido en un símbolo de la lucha por los derechos civiles y de los abusos en prisión, y aprobó una norma conocida como el Acta Magnitski. Entre otras medidas ordena la creación de una lista negra con los funcionarios rusos implicados en la muerte del abogado e impone sanciones a las personas y organizaciones rusas acusadas de violar los derechos humanos.

En respuesta a esta medida Putin aprobó una ley que impide las adopciones de niños rusos a estadounidenses.

El Tribunal Constitucional ha suspendido de manera cautelar, el decreto andaluz sobre desahucios que autoriza la expropiación temporal de viviendas a los bancos, cuando hay riesgo de exclusión social para las familias afectadas. La medida fue recurrida por el Gobierno y el costitucional ha admitido a trámite ese recurso.

El Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional ha admitido a trámite una querella de Luxempart, accionista de Pescanova, contra nueve directivos y consejeros de la empresa gallega -entre ellos directores de auditoría, financiero y administración- y contra cinco sociedades.

En el auto del magistrado Pablo Ruz, se recoge que Luxempart asegura haber sufrido un perjuicio económico de 52,06 millones de euros como resultado de las diferentes inversiones realizadas entre los años 2011 y 2012, "inducidas por la información proporcionada por los querellados desde sus puestos de consejeros o altos directivos de la entidad con conciencia de su falsedad".

La querella admitida se dirige contra el presidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa ya imputado por varios delitos; el director general y representantes de Inverpesca e Inverlema, Pablo Javier Fernández Andrade; el miembro de la comisión de auditoría y consejero por ICS Holdings, Fernando Fernández de Sousa Faro; y el consejero y miembro de la comisión de auditoría, Robert Albert Williams.

El Tribunal Supremo ha condenado al empresario Amancio Ortega a pagar 33 millones de euros que le reclama Hacienda en materia de liquidaciones por el impago del Impuesto sobre el Patrimonio entre los años 2001 y 2003. El fundador de Zara habría colocado unos 1.300 millones de euros obtenidos por la venta de un paquete de acciones de Inditex S.A. en dos sociedades Alazan y Keslar, ambas sociedades de inversión inmobiliaria de capital variable (Sicav). Estas dos sociedades se gestionaban a través de otras sociedades familiares, Ponte Gadea y Licidia, que según la normativa sobre el impuesto de patrimonio quedan exentas de tributación. De esta forma, Ortega consideraba que sus inversiones en Alazan y Keslar estaban exentas de tributar en concepto de patrimonio porque quienes tenían los títulos de las Simcav eran Ponte Gadea y Licidia. El Supremo ha avalado la sentencia del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Galicia donde se establecía que el empresario y sus asesores habían realizado una interpretación de la norma para aprovecharse de ella y evitar el pago del impuesto de patrimonio.