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El Gobierno propondrá a la exministra de Justicia Dolores Delgado como nueva Fiscal General del Estado. Este martes estará sobre la mesa del primer Consejo de Ministros. El líder del PP, Pablo Casado, habla de golpe al estado de derecho que dinamita la separación de poderes.

El Consejo de Ministros se va a reunir este viernes en una de las reuniones más esperadas, la última del año, en la que se suelen aprobar decisiones que afectan al bolsillo de una mayoría de españoles, como pueden ser la revalorización de las pensiones, la actualización del sueldo de los funcionarios o la subida del salario mínimo interprofesional pero el Ejecutivo llega esta vez a Nochevieja en funciones y eso limita su margen de acción.
 

El Gobierno asegura que no dará instrucciones a la Abogacía del Estado respecto a las alegaciones que hará ante el Tribunal Supremo sobre la situación de Oriol Junqueras y pide separar lo judicial de lo político. En Moncloa ponen el foco en las palabras del líder de ERC, ven posibilidades de seguir negociando e insisten en que no renuncian a una investidura antes de que acabe el año.

Tras el Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno ha anunciado su intención de que haya un gobierno antes de Navidad. Isabel Celaá ha asegurado que Pedro Sánchez no irá a una investidura fallida y sigue buscando los apoyos que permitan un gobierno progresista. Cree que es esperanzador que haya una reunión del PSOE con ERC el próximo martes. Reconoce que en Cataluña hay un problema político que hay que resolver.

La portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Celaá, ha cargado contra Vox por impedir declaraciones institucionales contra la violencia de género y a favor de los derechos de la infancia. "Estos admiradores del pasado nos van tener enfrente a este Gobierno de progreso por el que estamos trabajando", ha subrayado la también ministra de Educación y portavoz del Gobierno en funciones. El Consejo de Ministros ha aprobado una declaración del Gobierno con motivo del 25N, Día Internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer, en la que se compromete a seguir trabajando para "combatir esta violencia en todas sus manifestaciones".
 

Los colegios concertados nacieron en nuestro país a mediados de la década de los 80 con el objetivo de universalizar la educación gratuita teniendo escuelas públicas y concertadas en una misma red. Tras su aparición, los centros concertados fueron extendiéndose hasta superar los dos millones de alumnos. De estos, el 60 % está en manos de la Iglesia. Los concertados son actualmente el 25 % de los centros en España.

El vaivén político ha puesto en el disparadero de la justicia a este tipo de colegios. Mientras la ley educativa del PP privilegiaba a la concertada, el proyecto socialista le pone coto.

El Gobierno en funciones ha aprobado un decreto ley para controlar el buen uso de las redes por parte de las Administraciones. El decreto se refiere a todos los organismos oficiales, pero el Gobierno pretende evitar que Cataluña active la llamada "república digital catalana". En La Moncloa aseguran que la Generalitat está operando con servidores fuera de la Unión Europea, según fuentes consultadas por TVE. El Ejecutivo también ha recurrido al Tribunal Constitucional por la tramitación de la Mesa del Parlament para que el pleno del Parlament debata sobre la autodeterminación.

El gobierno ha aprobado el Real Decreto Ley sobre seguridad digital que obligará a que las paginas webs con datos de la administración pública tengan servidores situados en la Unión Europea y no en los llamados "paraísos digitales". El decreto permitirá actuar sobre las páginas de la Generalitat y del independentismo catalán que contravengan esta norma. Afectará, por ejemplo, a Identicat, el proyecto de "identidad digital soberana" que puso en marcha en septiembre la Generalitat y que supone un registro voluntario de ciudadanos catalanes.

El Consejo de Ministros va a dar luz verde al sellado definitivo del almacén subterráneo de gas Castor, que se encuentra en la costa de Vinaròs, en Castellón. Se cerró en 2013 tras provocar cientos de seísmos, pero se hizo de forma temporal y ahora hay que sellar los pozos completamente. Una operación que va a costar unos 260 millones de euros.

El abogado de la familia Martínez-Bordiú Franco ha afirmado este viernes que el supuesto intento de grabación de un momento de la inhumación de los restos del dictador Francisco Franco en el cementerio de Mingorrubio por parte de uno de sus nietos "no es un acto ilegal", a pesar de la prohibición expresa de esa acción por parte del Consejo de Ministros. Sobre esto, la ministra de Cultura y portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Celaá ha explicado que "se configuró un espacio para la privacidad" y, por tanto, el Ejecutivo no se siente "en absoluto acreedor de ningún tipo de queja".