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Este viernes el Consejo de Ministros aprueba varios anteproyectos de ley relacionados con el empleo, aunque ninguno en la dirección que recomienda Bruselas. Entre los que están sobre la mesa, el de Sociedades Laborales Participativas o el de Fomento y Promoción del Trabajo Autónomo. 

El Consejo de Ministros ha modificado la Ley General Tributaria, lo que permitirá conocer la identidad de los morosos y defraudadores de la Hacienda pública. Ahora la reforma se enviará a las Cortes con la intención de esté definitivamente aprobada en el cuarto trimestre de este año. La primera lista que se publicará, la de deudores, estará compuesta por aquellos contribuyentes que el próximo 31 de julio deban a la Hacienda pública más de un millón de euros. Serán personas físicas y jurídicas con potencial económico y a las que ya se les han pasado los plazos de ingreso en período voluntario, salvo que las deudas estén aplazadas o suspendidas.

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha asegurado que la Agencia Tributaria llevaba "bastante tiempo" investigando al exvicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, y ha añadido que "la ley es igual para todos, da igual la pertenencia a un partido o no". En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Montoro ha dicho que las acciones en relación al exministro de Economía no tienen que ver con la amnistía fiscal de 2012 sino con una investigación de la Agencia Tributaria sobre la declaración 720 de bienes y derechos en el extranjero "que lleva realizando desde hace bastante tiempo". "La ley es para todos. La Agencia Tributaria actúa con independencia y con firmeza y cuando me pregunta por color político no lo entiendo ya que da igual la pertenencia a un partido o no, da igual el relieve social, político o económico. Todos somos iguales ante la ley", ha aseverado el titular de Hacienda.

El Consejo de Ministros también ha aprobado la Oferta de Empleo Público para 2015. Se convocan más de 7.400 nuevas plazas, y cerca de 3.800 para promoción interna. Esta oferta es tres veces mayor que la del año pasado, y supone una tasa de reposición del 50% para los servicios esenciales. Los sectores prioritarios son Justicia, Fuerzas de Seguridad y lucha contra el fraude. 

El Consejo de Ministros ha aprobado el decreto de reforma de la formación profesional, que deja a las organizaciones sindicales y empresariales fuera de la gestión de los fondos y de la impartición de estas actividades, Además, ha recordado que las empresas siguen pudiendo elegir el impartir la formación directamente en su seno, a través de lo que se conoce como formación bonificada. Ahora bien, si en los últimos años se adelantaba la financiación de estas subvenciones directas a las empresa en un 100%, a partir de ahora solo se anticipará el 25% para evitar casos de fraude.

El Consejo de Ministros tiene este viernes marcado carácter laboral. El Gobierno ha aprobado un nuevo modelo para los cursos de formación con cambios sustanciales respecto al actual para evitar el fraude. Los agentes sociales pierden protagonismo en la gestión y financiación de los cursos. En general, habrá más control del gobierno y se abre la puerta a la iniciativa privada. En la misma reunión, se ha dado el visto bueno a la oferta de empleo público para este 2015. El Ejecutivo ha dado luz verde a una oferta de empleo extraordinaria para reforzar la administración tributaria y combatir así el fraude. También se va a reforzar la lucha contra el empleo irregular (20/03/15).

El Consejo de Ministros de este viernes tiene un marcado carácter económico. Aprobará la oferta de empleo público de este año que será de algo más de 2.900 plazas, una cifra similar a la del año pasado. Además, dará luz verde al decreto que cambiará las reglas de los cursos de formación, una partida a la que se destinarán 2.000 millones de euros solo este año y que ha estado salpicada de escándalos como el caso Pallarols o los ERE andaluces. Hasta ahora, patronal y sindicatos eran los que gestionaban la mayoría de los fondos, pero esto va a cambiar (20/03/15).

El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que limita los tiempos de instrucción en los procedimientos penales a 6 meses para las causas sencillas y a 18 meses prorrogables para las complejas para "agilizar la justicia" y sustituye el actual término de "imputado" por el de "investigado" para salvaguardar la presunción de inocencia de cualquier ciudadanos hasta que haya sentencia contra él, según ha explicado este viernes el ministro de Justicia, Rafael Catalá.