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El Gobierno ha aprobado este viernes una modifficación fiscal por la que el Estado avalará 30.000 millones de euros en activos bancarios para garantizar que la solvencia de las entidades españolas no se reduce al aplicar las nuevas reglas internacionales que entrarán en vigor el próximo enero. En concreto, el real decreto aprobado por el Consejo de Ministros asegura el aval estatal a una parte de los denominados activos fiscales diferidos, que hasta ahora los bancos han incluido como capital de máxima calidad, pero que Basilea III exige que dejen de contabilizarse así a partir de 2014. "Si no hacemos esta modificación del Impuesto de Sociedades, la banca española estaría en desventaja con sus competidores", ha dicho el ministro de Economía, Luis de Guindos.

El Consejo de Ministros ha dado luz verde a los pagos del tercer y último plan de proveedores de ayuntamientos y comunidades. Eso supone, por ejemplo, que las farmacias catalanas recibirán la semana que viene las cantidades que les debe la Generalitat.

El Consejo de Ministros ha aprobado la retirada de los recursos de inconstitucionalidad interpuestos contra el derribo del barrio de El Cabanyal, en Valencia, a cambio de abrir un proceso de diálogo con la Generalitat valenciana y con el Ayuntamiento sobre la reforma de este barrio, que permita su modernización y el respeto al conjunto histórico. Así lo ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Se trata de un contencioso entre las administraciones valencianas y la central que se remonta a la etapa del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, que llevó al Tribunal Constitucional el plan de urbanismo que reformaba el barrio y que incluía el derribo de edificaciones históricas. Además de una fuerte disputa política, el asunto provocó también la movilización social en defensa de El Cabanyal (31/11/2013)

El Gobierno ha dado cuenta del impacto de económico del plan de lucha contra el fraude. Según ha señalado la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, ha supuesto más de 22.500 millones de euros en 18 meses. De esta cifra, 16.500 millones se han ingresado en la lucha por fraude fiscal y 6.152 millones en ahorros procedentes de la lucha contra el fraude a la Seguridad Social.