Japón vive con angustia un posible desastre nuclear después de que, tras el terremoto, tres de sus centrales hayan vivido incidentes. El más importante, la explosión en uno de los reactores de la central de Fukushima. Las de Tokai y Onawaga tambiébn han registrado alertas, aunque de menor intensidad (13/03/11)..
El Consejo de Seguridad Nacional está reunido en Madrid siguendo de cerca los sucesos en Japón, donde el terremoto que ha arrasado el país ha provocado una explosión en una central nuclear y el estado de emergencia en otra.
Japón continua en alerta nuclear y la situación parece complicarse por momentos. Si ayer era el reactor número 1 de la central de Fukushima el que encendía todas las alarmas por esta explosión, hoy es el reactor número 3 el que mantiene en vilo a los japoneses y al mundo entero.
Juan Carlos Lentijo, director técnico de Protección Radiológica del Consejo de Seguridad Nuclear considera que, en base de la información que dispone el organismo, se habría producido una fusión en el núcleo del reactor número 1 de la central nuclear de Fukushima. Una explosión tuvo lugar este sábado en el reactor número 1 de esta central tras el terremoto que devastó Japón el pasado viernes.
La directora del Centro de Seguridad Nuclear descarta que en Japón se pueda producir un accidente similar al de Chernóbil tras la explosión que se ha producido en la central nuclear de Fukushima.
Lo hará si aprueba una enmienda, incluída en la Ley de Economía Sostenible que cuenta con el apoyo de casi todos los grupos parlamentarios.
La Fiscalía de Tarragona ha interpuesto una denuncia contra los responsables de la central nuclear de Ascó en el momento de la fuga de partículas radiactivas ocurrida en noviembre de 2007. La denuncia, interpuesta en el juzgado de Gandesa (Tarragona), se dirige contra R.G.P, director de Asco 1 durante los hechos; F.G.T, jefe del servicio de Protección Radiológica de la central en esa época; J.S.R., jefe de explotación de la planta en 2007, y A.G.R., inspector residente titular de Ascó 1 cuando se produjo la fuga. Todos ellos están acusados de delitos contra la seguridad colectiva por exposición a radiaciones ionizantes a personas por imprudencia grave, además de los delitos contra el medio ambiente, otro contra los derechos de los trabajadores y un cuarto de falsedad documental. En total, estos delitos pueden ser sancionados con penas que oscilan entre los 6 y los 16 años de cárcel.
El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, ha negado que en la mesa de negociación de las pensiones se haya planteado el retraso del cierre de Garoña u otra central nuclear. Gómez ha negado "un cambio de cromos" y ha dejado claro que "en ningún momento, se ha planteado nada que tenga que ver con el cierre o la reapertura de una central nuclear".
