Primeras palabras del expresidente Mariano Rajoy tras las nuevas de informaciones sobre la llamada 'Operación Cataluña', las presuntas pruebas falsas que fabricó su Gobierno contra líderes independentistas. A los partidos que pedirán su comparecencia en las comisiones de investigación, Rajoy les ha dicho que "lo tienen crudo".
"La constitución en el Congreso de tres comisiones de investigación tienen el objetivo de ver si sacan algo, que ya les digo que lo tienen muy crudo, para después ir a los tribunales", ha dicho.
La portavoz de ERC en el Parlament, Marta Vilalta, ha reprochado al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón su “obsesión política” y su intención de “incriminar al independentismo” y de situar a Esquerra, Junts, Carles Puigdemont y Marta Rovira como “terroristas”. Y ha defendido que las movilizaciones y protestas son “derechos fundamentales”: “No hay nada de terrorismo”.
Varias ONG han denunciado que el Ayuntamiento de Ripoll, Girona, está entorpeciendo los trámites de empadronamiento a los migrantes.
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Desde las pasadas elecciones municipales, diversas entidades sociales en Cataluña han detectado un aumento de ayuntamientos que ponen trabas para el empadronamiento de migrantes. La Generalitat reconoce las quejas y propone una reunión con los consistorios para recordarles que deben cumplir la ley. Es el caso, por ejemplo, de Ripoll. La alcaldesa, del partido ultra Aliança Catalana, ha recordado en la red social X que únicamente está cumpliendo su programa.
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En Las mañanas de RNE analizamos la propuesta de enmiendas a la Ley de Amnistía por parte de ERC y Junts per Catalunya, que excluiría los delitos tipificados como terrorismo para que la amnistía pueda alcanzar a condenados por estas causas. Luis Rodríguez Ramos, catedrático de Derecho penal, considera que estos partidos “se están equivocando”, y que, con esta modificación, en algunos casos, la amnistía pueda quedar en una tentativa y que no se aplique. “Esta amnistía, que es una grave invasión al poder legislativo, ya es dudosa en sí. (…) Va a ser muy difícil su aplicación porque va a ser el poder judicial quien la va a aplicar y empezará con cuestiones prejudiciales”, sentencia Rodríguez. Es importante matizar, según el catedrático, que el derecho europeo está por encima del español, y que por mucho que una ley orgánica quiera modificar el funcionamiento del sistema judicial “no lo va a conseguir”.
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, dice estar tranquilo con el debate de las competencias migratorias, porque la legislación está clara: “Ningún estatuto dice que ninguna comunidad establezca de manera unilateral cuánto va a recibir y cuánto no. Eso es competencia del Estado y entendemos que seguirá siendo así”. Cree que Junts podría hacerse cargo de la gestión de los centros, traspasándose también el dinero para mantenerlos, pero no más: “En eso, nada que objetar”.
Clavijo cree que hay mucho postureo alrededor de todo esto y considera que simplemente hay que hablar y negociar: “Tenemos una constitución, un ordenamiento jurídico y más allá del circo mediático y el postureo en el que se ha convertido la política en Madrid, podemos hablar. En Canarias estamos acostumbrados”. En ese sentido, espera que la semana que viene se atienda a su petición de ayuda para atender a los menores no acompañados: “No podemos garantizar los derechos de los niños, que hay que verlos bajar después de seis días de una patera y abrazarse a las voluntarias de Cruz Roja. La gestión de las CCAA ha fracasado y ahí es donde necesitamos que el Estado actúe”.
Clavijo se reunió ayer con el papa Francisco en Roma y califica el encuentro como fantástico: “Fue fantástico, por el conocimiento que tiene su santidad de la situación. Por la humildad y la bondad de agradecer a Canarias por esa acogida digna. Tenemos el consuelo de que esta visita sitúe la ruta atlántica para que se tomen decisiones”. Si no se actúa, concluye, 2024 será un año aún peor que el que acaba de terminar.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aclarado en RNE que la política de inmigración tiene tres aspectos y que el control de fronteras y la capacidad de expulsión es exclusivamente del Estado. Matiza que la integración de los migrantes y la política social corresponde a las comunidades autónomas en colaboración con la Administración central.
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