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En Madrid hay entre 500 y 600 personas sin hogar. Según el Ayuntamiento, cuatro de cada diez tiene problemas de salud mental o de adicciones. Gallardon dice que pedirá al PP que incluya en su programa una ley estatal para que estas personas no puedan dormir en la calle si hay plazas en albergues u otras instituciones.

La propuesta ha levantado polémica. La ministra de Sanidad, Leire Pajín, ha dicho que no cree en la "política populista y estética, sino en garantizar los derechos de los españoles".

La presidenta de la Comunidad de Madrid, se ha distanciado de las tesis de Gallardón diciendo que no es amiga de prohibiciones y que "no hay que privar de derechos a nadie".

Es el matiz que se da desde la dirección nacional del PP. Ana Mato ha respaldado a Gallardón, ha dicho que sería bueno que los sin techo tuvieran un lugar donde vivir, pero que se deben respetar los derechos individuales de las personas.

Las reacciones a las declaraciones del alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, sobre crear una ley que elimine a los 'sin techo' de las calles no se han hecho esperar. Su rival a la alcaldía de la ciudad en las próximas elecciones, Jaime Lissaveztky, ha dicho que Madrid no tiene los recursos para hacerlo. Diferentes centros sociales además dicen que iría contra la libertad de los que no quieren irse a los albergues.

El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, ha asegurado que entregó las llaves de oro de la ciudad a Muamar el Gadafi por orden del Gobierno de España y que su ayuntamiento "hace lo que le dice el Gobierno". En declaraciones a Los Desayunos de TVE, Gallardón ha subrayado que "cualquier jefe de Estado que es recibido en España, por el Gobierno de España, que es quien toma las decisiones, tiene derecho por protocolo a recibir las llaves de oro de la capital del Estado, que es Madrid". Gallardón no ha querido contestar a la pregunta de si se arrepentía de haberle dado esa distinción al dictador libio porque no le corresponde a él hacerlo ya que es algo que depende del Ejecutivo central. "No nos corresponde de ninguna de las maneras al Ayuntamiento de Madrid enjuiciar eso. Es el Gobierno de España el que nos dice: 'recibimos a este jefe de Estado (...) y tiene visita oficial al Ayuntamiento, donde recibe las llaves de oro". "Estamos al servicio del Gobierno sea quien sea el presidente", ha destacado, "aunque esto no quiere decir que no tengamos una opinión". "No le estoy reprochando a Zapatero que haya invitado a Gadafi. Lo que digo es que el ayuntamiento hace lo que le dice el Gobierno", ha querido dejar claro.

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Ecologistas en Acción ha presentado este viernes una denuncia en los juzgados de Plaza de Castilla contra el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, y a la delegada de Medio Ambiente, Ana Botella, por "no tomar las medidas adecuadas para garantizar que los madrileños respiren un aire que cumpla los límites legales de contaminación".

El ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, que fue el candidato socialista a la Alcaldía de Madrid en 2007, ha asegurado que Alberto Ruiz-Gallardón no hace nada para mejorar la calidad del aire de la ciudad, sólo "hipotecar" a los madrileños con una infraestructura cuyo objetivo es atraer más coches a la capital. Sebastián ha recordado que hace cuatro años le reclamó, entre otras cosas, que pusiera tranvía y peatonalizara las calles para evitar la contaminación.

El Partido Popular lo ha criticado y también otras regiones con problemas de exceso de deuda que piden al Gobierno que no discrimine a nadie. Rodríguez Zapatero ha asegurado que las condiciones para la Generalitat son las mismas que para otras comunidades.

Castilla-La Mancha y Murcia no podrán endeudarse más hasta que no enderezcan sus cuentas públicas y cumplan los objetivos fijados de déficit. Este jueves, ambas autonomías se han enfrentado de distinta forma a esa limitación: los castellano-manchegos aseguran que ya preparan los ajustes precisos y los murcianos han pedido cuentas al Ministerio de Economía. La capacidad de endeudarse no se permite a los ayuntamientos, por eso el de Madrid ha recurrido a vender su participación en la empresa municipal Mercamadrid.

Sigue el debate sobre la negativa del Gobierno al Ayuntamiento de Madrid para refinanciar su deuda. El alcalde habla de discriminación y asegura que, pese a las dificultades, cumplirá sus objetivos. El Gobierno responde que no son posibles excepciones. Al debate ha entrado también la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, que le ha recomendado a Gallardón que venda parte del patrimonio del Ayuntamiento.