El 'cazador de dictadores' y su misión en Nicaragua, protagonista de 'Hora América'
- Brody alerta de una estrategia de desapariciones forzadas en Nicaragua
- Los casos de Brooklyn Rivera y Humberto Ortega centra las denuncias sobre la represión nicaragüense
Reed Brody, abogado y miembro del Grupo de expertos en derechos humanos sobre NicaraguaFrancisco Carrión
El abogado estadounidense Reed Brody, miembro del Grupo de Expertos en Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre Nicaragua, ha denunciado esta semana en Hora América, de Radio Exterior de España, que las desapariciones forzadas se han convertido en «una práctica estratégica de desapariciones prolongadas de meses o años de duración».
Especializado en derechos humanos y conocido como el «cazador de dictadores», Brody ha trabajado junto a víctimas en procesos contra Augusto Pinochet, Jean-Claude Duvalier y Hissène Habré, este último condenado en Senegal por crímenes contra la humanidad. Durante la entrevista ha expuesto las conclusiones del informe Anatomía de la crueldad estatal: 161 casos de desaparición forzada verificados desde 2018, al menos 29 personas cuyo paradero sigue sin conocerse y ocho muertes bajo custodia atribuidas a la responsabilidad del Estado.
Brody ha destacado el caso del dirigente indígena miskito Brooklyn Rivera, que, según ha explicado, murió tras permanecer detenido durante más de treinta meses, buena parte de ellos en situación de desaparición forzada. El abogado ha denunciado que fue sepultado sin autopsia ni consentimiento familiar y que allegados que reclamaron sus restos fueron detenidos y figuran entre los desaparecidos. También ha cuestionado las versiones oficiales sobre su fallecimiento: «No podemos afirmar cómo murió nosotros, pero lo que dice el Gobierno se contradice totalmente». La crueldad, ha señalado, alcanza también a las familias, que «se exponen a nuevos abusos solamente por buscar a sus seres queridos».
Sobre Humberto Ortega, hermano del mandatario y antiguo jefe del Ejército, Brody ha relatado que quedó bajo arresto domiciliario después de defender una transición hacia elecciones si Daniel Ortega fallecía. Según el experto, le impidieron recibir visitas y tratarse en el hospital privado que había elegido, y murió cuatro meses después en un hospital militar, incomunicado. Antes de fallecer, dejó un mensaje en el que se consideraba preso político y advertía de un posible desenlace fatal por su salud y el estrés del encierro. Brody sostiene que «hay una cadena de mando que va directamente hacia los copresidentes», Daniel Ortega y Rosario Murillo, y reclama a la comunidad internacional pasar «de la denuncia a la acción».