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En 24 horas de RNE analizamos el encaje legal que tendría un desalojo de la acampada de la Puerta del Sol de Madrid que reclama el derecho a una vivienda digna. La clave es que tienen que convivir dos derechos: el de reunión y el de libre circulación. ¿Cómo puede justificar la administración un desalojo? Argumentando que hay alteración del orden público o una situación de insalubridad. Si se trata de alteración del orden público, las competencias son estatales, de la Delegación del Gobierno. Nos lo cuenta María Navarro, redactora de VerificaRTVE.
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