El real decreto del plan anticrisis del Gobierno incluyó una medida que no ha gustado en muchas zonas de la España Vaciada, ya que exime a macropoyectos energéticos de la declaración de impacto ambiental. Los trámites para instalar plantas solares y eólicas de más de 50 MW son ahora más laxos y las restricciones para su instauración se limitan a los terrenos de la Red Natura 2000.
José María González Moya, director general de la Asociación de Empresas de Energías Renovales, defiende estos macroproyectos y matiza que "en ningún caso significa que se vaya a saltar ninguna salvaguarda ambiental" y añade que "el desarrollo de las renovables es absolutamente compatible en el territorio. Puedes seguir generando actividad en materia de agricultura o ganadería". Julio Fernández, presidente de la Plataforma en Defensa del Territorio Zamora Viva, señala que con esta relajación en las medidas de los macroproyectos "se va a perder población porque vamos a perder todos los recursos que podríamos tener para forzar su regreso" e insiste en que "las renovables no son inocuas, consumen muchísimo fósil a la hora de su construcción"
