El espíritu de la Ley de libertad sexual que el Gobierno ha aprobado hoy en el Consejo de Ministros es muy claro: sólo sí es sí. Los jueces ya no tendrán que decidir entre abuso o agresión, porque la clave estará en el consentimiento de la víctima, que tendrá que ser claro e inequívoco. Para que haya violación deja de tener importancia si ha habido violencia o intimidación.
La pena máxima en caso de violación se mantiene en los 15 años de prisión. La norma persigue todas las violencias sexuales e incluye el acoso callejero. Se castigará con entre tres y siete meses aquellas expresiones humillantes que ocurran en el transporte público, fiestas privadas o en una discoteca. En cuanto al acoso laboral, se plantea responsabilizar a la empresa si mira para otro lado.
La ministra de Igualdad, Irene Montero, admite discrepancias pero dice que se quedan de puertas para adentro, y asegura que hará nuestro país más seguro para las mujeres. La norma incluye la creación de un teléfono de atención gratuito, centros para atender a las víctimas y juzgados específicos en el plazo de un año. A
A esta Ley, que cambiará el Código Penal, le queda aún un largo camino parlamentario.
