El Tribunal Constitucional rechaza el recurso de Vox y avala íntegramente la 'ley Celaá'

• Conforme al criterio de la mayoría, ha decidido encargar una nueva ponencia que desestime el recurso de Vox
• La ponencia la asumirá el magistrado conservador Ricardo Enríquez, tras rechazar el Pleno su borrador inicial

Imagen de archivo de una clase en el colegio público Federico de Arce de Murcia.

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha rechazado el recurso de Vox contra la ley educativa conocida como ley Celaá, que fue uno de los principales proyectos estrella del Gobierno de Pedro Sánchez. Tras el debate del Pleno, la corte de garantías ha decidido que se elabore una nueva ponencia, conforme al criterio de la mayoría, que desestime íntegramente el recurso.

Según fuentes jurídicas, la ponencia al recurso de inconstitucionalidad 1760-2021 interpuesto por más de 50 diputados del grupo parlamentario de Vox contra la Ley Orgánica 3/2020 por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006 de Educación, la asumirá el magistrado conservador Ricardo Enríquez, una vez que se ha rechazado su borrador inicial que avalaba la norma, aunque con algunas objeciones.

Tras el rechazo del Pleno a su ponencia, Ricardo Enríquez ha accedido a redactar una nueva que declararía la constitucionalidad de toda la 'ley Celaá', recogiendo recoja el sentir de la nueva mayoría progresista del TC, de siete magistrados frente a cuatro, tras tomar posesión de sus cargos el pasado mes de enero Juan Carlos Campo, Laura Díez, María Luisa Segoviano y César Tolosa.

Una vez confeccionado este segundo borrador, tendrá que someterse otra vez al examen del TC, algo que se espera en las próximas semanas.

Vox impugnó la "parte más sectaria" de la ley

Vox impugnó lo que consideraba "la parte más sectaria de la ley", la que guarda relación, según ellos, con la enseñanza concertada, la educación religiosa, la educación diferenciada y los centros de educación especial, así como contra el carácter excluyente del castellano como lengua vehicular.

Vox solicitaba la nulidad de los apartados sobre la educación concertada, la educación especial y la lengua castellana al entender que la "única lengua vehicular que va a quedar es la que decida la comunidad autónoma respectiva".

Mientras que el recurso del PP impugna 16 de sus artículos y dos disposiciones adicionales por entender que vulnera el derecho de elección de enseñanza de los padres, discrimina a la concertada, a la especial y a la educación por sexos, y "no garantiza" que el castellano sea lengua vehicular en todo el país.

Con la decisión de este jueves, se da por cumplida la ambiciosa hoja de ruta del presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, que quería resolver antes de la Semana Santa los tres asuntos de mayor relevancia social en el tribunal: la ley del aborto de 2010, la ley de la eutanasia y la ley educativa conocida como "ley Celaá".

No obstante, las ponencias del aborto y la ley educativa están a la espera de su aprobación definitiva en los próximos plenos una vez que el Pleno ha encargado a los ponentes que se desestimen los recursos del PP y Vox, respectivamente.

Los aspectos más polémicos, sobre el castellano y la concertada

La conocida como ley Celaá incluye como puntos más polémicos que el castellano deja de ser lengua vehicular en la enseñanza, que en el plazo de 10 años los centros ordinarios tengan los medios para escolarizar al alumnado de los centros de Educación Especial o que las administraciones darán suelo público gratis solo para construir centros públicos y no concertados.

Los alumnos pasarán de curso cuando el equipo docente lo considere y también con una o dos materias suspensas. Repetir es excepcional y el alumno solo podrá hacerlo dos veces como máximo a lo largo de Primaria y Secundaria. Igualmente, no permite financiar con fondos públicos los centros que segreguen a los alumnos por sexo.

Además, la LOMLOE establece, entre otros aspectos, que la educación pública es el eje vertebrador del sistema educativo y elimina la "demanda social" para abrir nuevos centros concertados o aumentar plazas.

En cuanto al castellano y las lenguas cooficiales, la norma recoge que las administraciones educativas fijarán la proporción del uso de la lengua castellana y la lengua cooficial como lengua vehicular, así como las materias que deban ser impartidas en cada una de ellas.