La juez imputa a Plus Ultra y cita a su representante legal a declarar el 15 de junio por su rescate

• La juez atiende así a la solicitud de Vox, que figura en la causa como acusación popular
• Los peritos aseguran que la aerolínea destinó parte de la subvención a pagar una deuda a Petróleos de Venezuela

Un avión de la aerolínea española Plus Ultra en una imagen de archivo.

La titular del juzgado de instrucción nº 15 de Madrid ha citado para el próximo 15 de junio al representante legal de la aerolínea Plus Ultra en calidad de investigada (término que sustituye al de imputada) en la causa sobre las presuntas irregularidades en la concesión de 53 millones de euros a la compañía en ayudas públicas.

En una providencia fechada el pasado 25 de mayo adelantada por el diario Vozpopuli que ha confirmado RTVE, la jueza Esperanza Collazos ha fijado el 15 de junio a las 10:00 horas para tomar declaración como imputada a la aerolínea, atendiendo la solicitud de Vox, que figura en la causa como acusación popular, junto al PP y Manos Limpias.

Fuentes jurídicas han confirmado que la magistrada ha acordado interrogar por primera vez al representante legal de la aerolínea para esclarecer los hechos que darían lugar a un presunto delito de malversación y prevaricación.

Los peritos insisten en que era una empresa con visos de insolvencia

La juez ha considerado pertinente escuchar a la compañía después de que los peritos que redactaron el informe encargado por el juzgado y los que firmaron el solicitado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) presentaran sus conclusiones ante el Juzgado el pasado 29 de marzo.

Los peritos de las partes ratificaron sus informes previos difiriendo sobre si la compañía cumplía o no con los requisitos para acceder a esta financiación, insistieron en que Plus Ultra era una empresa con visos de insolvencia a cierre de 2019, lo que habría conllevado no poder optar a los fondos, dictamen que fue rechazado por los expertos de la SEPI, Deloitte y DC Advisors, que señalaron que la aerolínea no estaba en causa de disolución en el momento en el que obtuvieron las ayudas.

Al estar citada en calidad de investigada, la compañía podrá elegir si responde a todas las acusaciones y al juez o solo a su defensa; también podrá acogerse a su derecho a no declarar.

La aerolínea ha asegurado a través de un comunicado tras conocerse la decisión de la juez de imputar a la compañía, que el 15 de junio prestará declaración en el juzgado y ha asegurado estar "satisfecha" por la posibilidad de exponer su postura, con el "pleno convencimiento que tiene de la legalidad de la ayuda y de poder demostrar, una vez más que cumplía con todos los requisitos para acceder a los préstamos de la SEPI".

Plus Ultra expresa además su deseo de que "este sea un paso más hacia la necesaria finalización de un procedimiento que se ha convertido en muy mediático por razones puramente políticas". También asegura que el juzgado ha sido "favorable a la no necesidad de que se aporten en el procedimiento los informes que está presentando Plus Ultra Líneas Aéreas a la SEPI", como solicitaba VOX como parte demandante.

Los expertos señalan que parte de la ayuda se destinó a pagar una deuda

Según indicaron fuentes jurídicas presentes en el careo entre peritos a Europa Press, los expertos aseguraron que parte de la subvención concedida por el Ejecutivo a Plus Ultra se destinó a un pago realizado a Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Las mismas fuentes precisaron que los peritos del juzgado incidieron en que la compañía (apenas recibió la ayuda) procedió al pago íntegro de una deuda con la estatal venezolana. Los peritos de Deloitte y DC Advisor, por su parte, explicaron que se trataba de un pago a un proveedor.

Vox había pedido la comparecencia del representante legal de Plus Ultra para que explique los "intríngulis de las operaciones contables y societarias que llevaron a que (la compañía) se pudiera presentar como candidata a los fondos".

Los hechos se remontan al 9 de marzo de 2021, fecha en la que el Gobierno dio luz verde a la ayuda a Plus Ultra con 53 millones de euros en préstamos del Fondo de Apoyo a la Solvencia de las Empresas Estratégicas de la SEPI.

Tras el interrogatorio, la juez tiene pendiente responder a las peticiones de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía Provincial de Madrid, que solicitaron el archivo al considerar que no consta indicio alguno de la comisión de ningún hecho presuntamente delictivo.

La abogada del Estado Rosa María Seoane aseguró que se podía "concluir que el informe pericial no aporta ningún elemento que pudiera, siquiera indiciariamente, conducir a dudar de la situación de 'empresa no en crisis' de Plus Ultra al cierre de 2019, y mucho menos indicios remotos de elemento constitutivo de tipo penal alguno".

Por su parte, la Fiscalía de Madrid concluyó que no existían "elementos contundentes" que permitieran cambiar el criterio expuesto por el Ministerio Público en sus escritos anteriores.