Los doce acusados pendientes de la sentencia del 'procés'

El Tribunal Supremo condenará a los líderes del desafío independentista del 1-O por sedición
Los exconsellers negaron que se valieran de violencia y reconocieron solo desobediencia | Especial: sentencia del 'procés'

13.10.2019 10:50 horas

Por ANA MARTÍN PLAZA

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Los líderes independentistas que se sentaron en el banquillo de los acusados los cuatro meses que duró el juicio del 'procés' conocerán previsiblemente a principios de esta semana si el Tribunal Supremo les condena o absuelve de las acusaciones de rebelión, sedición, malversación, desobediencia y organización criminal. Fuentes conocedoras de la sentencia han adelantado a RTVE que los siete magistrados que les juzgan condenarán a los principales líderes por sedición, y no por rebelión, aunque aún es una incógnita las penas exactas a las que harían frente, especialmente los nueve que afrontan las peticiones más altas por parte de las acusaciones y que están en prisión preventiva. Estos son los doce acusados.

Oriol Junqueras, exvicepresidente del Govern

El exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras (ERC), en prisión preventiva desde el 2 de noviembre de 2017, se enfrenta a una petición de 25 años de cárcel como "promotor" de un delito de rebelión con distracción ilegal de caudales públicos por parte de la Fiscalía, de 12 años por sedición y malversación por parte de la Abogacía y de 74 años por dos delitos de rebelión, malversación y organización criminal por parte de Vox, que ejerce de la acusación popular.

Junqueras, que se definió en el juicio como "preso político", defendió que nada de lo que hicieron es delito porque votar no lo es y que "nunca" contemplaron o avalaron el uso de la violencia como medio para forzar al Estado a reconocer la independencia de Cataluña, por lo que no hubo rebelión. En su última palabra pidió devolver el conflicto catalán al "terreno de la política".

Carme Forcadell, expresidenta del Parlament

La expresidenta del Parlament Carme Forcadell, en prisión desde el 23 de marzo de 2018, está acusada de rebelión por la Fiscalía, que pide una pena de 17 años de cárcel para ella, y de sedición por la Abogacía del Estado, que reclama 10. La acusación popular pide 62 años por rebelión y organización criminal para ella.

Forcadell, que se sienta en el banquillo por permitir la tramitación de las leyes de desconexión, alegó en el juicio que lo hizo para no "censurar" el debate político ante un Tribunal Constitucional "politizado". En su última palabra insistió en que estaba siendo juzgada por su trayectoria política: "Por ser quien soy, no por mis actos".

Jordi Sánchez y Jordi Cuixart

El expresidente de la ANC Jordi Sánchez y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, en prisión ambos desde el 16 de octubre de 2017, se enfrentan a una petición de 17 años de prisión por parte de la Fiscalía, que les atribuye un "papel crucial" para impulsar movilizaciones con las que "presionar" al Estado. La Abogacía reclama 8 años por sedición y Vox, 62 años por rebelión y organización criminal.

Durante el juicio, Sànchez acusó a la Fiscalía de criminalizar una protesta "pacífica" como la que se registró, en su opinión, frente a la Consellería de Economía el 20 de septiembre de 2017, porque unos "pocos" dañaron vehículos de la Guardia Civil. Cuixart, por su parte, negó que usaran violencia y enmarcó las protestas en "el ejercicio de desobediencia civil más grande que ha habido en Europa".

En las últimas palabras, Sànchez se dirigió al tribunal para decirle que su "responsabilidad" era no "agravar la crisis política" con la sentencia, mientras que Cuixart fue categórico: "No hay ningún tipo de arrepentimiento, lo volvería a hacer".

Joaquim Forn, exconseller de Interior

El exconseller de Interior Joaquim Forn, en prisión preventiva desde el 2 de noviembre de 2017, está acusado de rebelión con distracción ilegal de caudales públicos por la Fiscalía, que pide para él 16 años como máximo responsable político de los Mossos el 1-O. La Abogacía pide 11,5 por sedición y malversación y Vox, 74 por los mismos delitos que Junqueras. Su abogado solo reconoció un delito de desobediencia.

Durante su declaración, Forn intentó diferenciar entre su "compromiso político" con el referéndum de su actuación como responsable de Interior. Sostuvo que, como conseller, no dio "órdenes políticas" a los Mossos para que permitieran el referéndum aunque en sus declaraciones públicas animara a la participación en la consulta. En su última palabra insistió en que se había llegado al juicio "por un fracaso de la política".

Jordi Turull, exconseller de Presidencia

El exconseller de Presidencia y exportavoz del Govern Jordi Turull, en prisión preventiva desde el 23 de marzo de 2018, se enfrenta a una petición de 16 años por rebelión con distracción ilegal de caudales públicos por parte de la Fiscalía, a 11 años y seis meses por sedición y malversación por parte de la Abogacía y a 74 por parte de Vox por los mismos delitos que Junqueras.

En su interrogatorio, Turull negó la malversación y defendió que siempre buscó pactar el referéndum con el Gobierno de España, pero que finalmente "ponderó" entre cumplir con su compromiso de hacer la consulta y cumplir las resoluciones del Constitucional. En su última palabra, advirtió al tribunal de que descabezándoles a ellos con una sentencia condenatoria "no se va a descabezar el independentismo".

Josep Rull, exconseller de Territorio

El exconseller de Territorio Josep Rull, en prisión preventiva desde el 23 de marzo de 2018, está acusado de rebelión con distracción de caudales públicos por el Ministerio Público, que pide para él una condena de 16 años de prisión. La Abogacía del Estado solicita 11,5 años por sedición y malversación y Vox, 74 por rebelión, malversación y organización criminal.

Durante su declaración, Rull cargó contra la "falta de legitimidad moral" del Tribunal Constitucional para justificar que siguieran adelante con la consulta. Ante el "dilema" de celebrar o no el referéndum, explicó que buscaron el "equilibrio" entre el "imperio de la ley" y el "principio democrático". En la misma línea que Turull, en su última palabra también advirtió al tribunal: "No existen suficientes cárceles para acabar con el anhelo de un pueblo".

Raül Romeva, exconseller de Asuntos Exteriores

El exconseller de Asuntos Exteriores Raül Romeva, en prisión preventiva desde el 23 de marzo de 2018, se enfrenta a una petición por parte de la Fiscalía de 16 años de prisión por rebelión con distracción ilegal de caudales públicos. La Abogacía pide 11,5 años por sedición y malversación y la acusación popular pide para él 74, como para el resto de exmiembros del Govern.

Romeva, en su declaración como acusado, insistió como Junqueras -con el que comparte abogado- en que era un "preso político". El exconseller defendió el "derecho de autodeterminación" y que todo lo que hicieron fue "lícito, legítimo y legal". En su última palabra pidió al Supremo que tuviera en cuenta que en el banquillo no solo estaban ellos doce sentados, sino "más de dos millones" de catalanes.

Dolors Bassa, exconsellera de Trabajo

La exconsellera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia, en prisión preventiva desde el 23 de marzo de 2018, está acusada de rebelión con distracción ilegal de caudales públicos. La Fiscalía pide para ella por este delito 16 años de cárcel. La Abogacía pide 11,5 por sedición y malversación y Vox, 74.

Durante su declaración, Bassa incidió en que la celebración del referéndum no tenía como objetivo declarar la independencia sino servir de instrumento de presión para la "negociación" con el Estado de una consulta pactada. En este sentido, calificó la declaración unilateral de independencia de "acto político" sin efectos. En su última palabra, destacó que la sentencia puede ser "un principio para una solución" al conflicto catalán.

Santi Vila, exconseller de Empresa

El exconseller de Empresa Santi Vila, que dimitió antes del "despropósito" de la declaración unilateral de independencia, se encuentra en libertad condicional acusado de malversación y desobediencia. La Fiscalía y la Abogacía del Estado piden para él 7 años de prisión y multa de 30.000 euros. Vox, que también le acusaba de organización criminal, retiró en el último momento la acusación por este delito.

En la misma línea que Bassa, Vila destacó durante el juicio que el objetivo del Govern era "tensar la cuerda pero sin que se rompiera" para intentar "sacar del inmovilismo" al Gobierno de Rajoy y conseguir reformas para Cataluña pero sin pensar en la secesión. En su última intervención, expresó sus deseo de que los magistrados, con su sentencia, "formen parte de la solución".

Carles Mundó, exconseller de Justicia

El exconseller de Justicia Carles Mundó, en libertad provisional, está acusado de malversación y desobediencia por la Fiscalía y la Abogacía, que piden para él 7 años de prisión y multa de 30.000 euros. Vox suma el delito de organización criminal y reclama 24 años.

Mundó aseguró durante su declaración que estaban "convencidos de que no era delito" el decreto que firmaron para la celebración del referéndum e incidió en que la firma que valía era la del entonces president, Carles Puigdemont. En su última palabra, Mundó aseguró que el juicio era "resultado del fracaso de la política".

Meritxell Borrás, exconsellera de Gobernación

La exconsellera de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda Meritxell Borrás, en libertad provisional, está acusada de desobediencia grave y malversación de fondos públicos y se enfrenta a una petición de 7 años de cárcel y multa de 30.000 euros por parte del Ministerio Público y la Abogacía del Estado. Vox eleva la petición a 24 años por organización criminal.

Al igual que Mundó, restó valor a que firmara ella también el decreto sobre el referéndum. Un gesto que calificó de "símbolo" para trasladar a la opinión pública que cumplirían con su "compromiso" de celebrar la consulta. En su última intervención, advirtió de que "hay nuevos políticos que vendrán de nuevo" a defender la idea de la independencia aunque a ellos les condenen.