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La Fiscalía pide que el Supremo investigue al exconseller Homs por su papel en la consulta del 9N

  • El ministerio público ve indicios de desobediencia en la actuación de Homs
  • Homs, exconseller de Presidencia, es en la actualidad diputado en el Congreso
  • La consellera de Presidencia Neus Munté denuncia la "judicialización" del caso

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El exconseller de la Generalitat Francesc Homs en la actualidad diputado de Democracia i Llibertat
El exconseller de la Generalitat Francesc Homs, en la actualidad diputado de Democracia i Llibertat en el Congreso.

La Fiscalía de Cataluña ha pedido que el Tribunal Supremo investigue al exconseller de Presidencia de la Generalitat Francesc Homs, ahora diputado de Democràcia i Llibertat en el Congreso, por su papel en la organización de la consulta independentista del 9N tras ser suspendida por el Tribunal Constitucional.

Según han informado a Efe fuentes jurídicas, en un escrito ante el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) Joan Manel Abril, que instruye el caso, la Fiscalía plantea ampliar a Francesc Homs la investigación del 9N, en la que hasta ahora permanecen imputados el expresidente de la Generalitat Artur Mas y las exconselleras Irene Rigau y Joana Ortega.

Los fiscales solicitan al TSJC que redacte un informe motivado con los indicios sobre la implicación de Homs en la organización del 9N y lo eleve al Tribunal Supremo, al que corresponde enjuiciar al exconseller por su condición diputado del Congreso, y por lo tanto aforado, desde las últimas elecciones generales.

La Fiscalía detalla indicios de delito de desobediencia

El escrito del ministerio público detalla los indicios que implicarían a Homs en el delito de desobediencia en la consulta del 9N que investiga el TSJC, principalmente por la relación del Departamento de Presidencia con el encargo de los servicios informáticos necesarios.

La investigación del TSJC se centra por ahora en dilucidar si el Gobierno catalán siguió adelante con los preparativos del 9N después del 4 de diciembre de 2014, cuando el Constitucional suspendió la consulta, lo que podría constituir un delito de desobediencia.

Las diligencias propuestas por la Fiscalía en los últimos meses apuntan a que la Generalitat continuó implicada en la organización del 9N tras la suspensión e indicó a las empresas contratadas para la consulta -la mayoría dedicadas al desarrollo de los servicios y aplicaciones informáticos- que siguieran adelante con el dispositivo.

El Departamento de Presidencia fue uno de los que tuvo un papel relevante en la organización de la votación y, además de contratar la propaganda institucional del 9N, fue el que impulsó la base de datos "Invictus", nutrida con datos personales del Servei Català de la Salut (SCS) y del Registro de Población de Cataluña, que la Fiscalía sospecha se pudo utilizar para la votación.

Neus Munté denuncia la "judicialización" del caso

Tras conocer la petición de la Fiscalía, la consellera de la Presidencia de la Generalitat de Cataluña, Neus Munté, ha expresado el "pleno convencimiento" del Govern de que la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014 se realizó "de manera legal y legítima" y ha denunciado la "judicialización" del caso por parte de determinadas instancias estatales.

Tras la reunión de este martes del Govern, Munté ha lamentado que la Fiscalía haya pedido al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que proponga que el Tribunal Supremo investigue al exconseller de la Generalitat Francesc Homs.

"Tenemos el pleno convencimiento y la plena tranquilidad de que todo se realizó de manera legal y legítima. Donde algunos ven ilegalidad, nosotros vemos estrictamente el cumplimiento de un mandato democrático que surge de las urnas", ha argumentado. Munté ha pedido "evitar la judicialización de algo que es eminentemente político", como es el proceso soberanista catalán.

Los fiscales del TSJC quieren que el Supremo asuma solo la investigación del 9N en lo que atañe a Francesc Homs, de forma que el resto de la causa permanezca en manos del alto tribunal catalán, donde la semana pasada el moderado Jesús María Barrientos relevó al progresista Miguel Ángel Gimeno en la presidencia de la institución.

Sin embargo, fuentes jurídicas apuntan a que es probable que finalmente sea el Supremo quien se haga cargo toda la causa del 9N, para preservar así la unidad de la investigación, iniciada a raíz de las querellas presentadas por la propia Fiscalía, además de Manos Limpias y UPyD, entre otras acusaciones.