Prisión bajo fianza de 60.000 euros para los alcaldes de Parla y Torrejón de Velasco

• El juez envía a prisión a cuatro de los 12 interrogados por la Operación Púnica
• Además de los alcaldes, al jefe de gabinete de Parla y al testaferro de Marjaliza
• En libertad bajo fianza al alcalde de Collado Villalba y el asesor de IU en Parla
• Deja en libertad con cargos a seis, entre ellos, el alcalde de Casarrubuelos
• Consulta el auto del juez Eloy Velasco en PDF

Uno de los detenidos de la Operación Púnica, tras declarar ante el juez.

El juez de la Audiencia Nacional que dirige la Operación Púnica, Eloy Velasco, ha enviado a la cárcel a cuatro de los detenidos. El instructor ha dictado prisión eludible bajo una fianza de 60.000 euros para el alcalde de Torrejón de Velasco, Gonzalo Cubas Navarro (PP), y para el alcalde de Parla, José María Fraile (PSOE), arrestados el pasado lunes en la macrooperación contra una presunta trama de corrupción que habría adjudicado irregularmente contratos públicos por 250 millones de euros en dos años a cambio de comisiones ilegales.

Velasco, que ha tomado declaración este miércoles a 12 de los 35 detenidos esta semana en la operación contra esta red corrupta, también ha dictado prisión bajo fianza de 60.000 euros para el jefe de gabinete de Fraile, Antonio Borrego, y de 25.000 euros para Antonio Cándido Ruiz.

A Ruiz le sitúa como testaferro de David Marjaliza, el socio del exconsejero madrileño Francisco Granados que pasará este jueves a disposición del juez junto con este último y al presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez (PP), informa Efe.

Libertad bajo fianza para el alcalde de Villalba

Asimismo, ha dictado libertad bajo una fianza de 40.000 euros para el alcalde de Collado Villalba, Agustín Juárez (PP), y de 20.000 euros para Avelino Pérez, asesor de Izquierda Unida en la Concejalía de Sostenibilidad, Obras y Mantenimiento del Ayuntamiento de Parla, y les da diez días para pagarlas.

Ha dejado en libertad con cargos a los seis restantes: el alcalde de Casarrubuelos, David Rodríguez Sanz (PP); el consejero delegado de la Agencia de Informática de la Comunidad de Madrid, José Martínez Nicolás; el técnico municipal de Serranillos del Valle (PP) Marco Durán, el empresario Francisco Ruiz Valenzuela y el concejal de Medio Ambiente de Móstoles, Alejandro de Utrilla.

El alcalde de Parla conocía la comisión de Cofely

Al alcalde de Parla le envía a prisión porque, según afirma en el auto de prisión, sabía de la comisión que la empresa Cofely -adjudicataria de numerosos contratos de la red- abonó a cambio de un contrato de 54 millones de euros del ayuntamiento, mordida que se pagó a través de una donación.

El primer edil de Torrejón de Velasco, por su parte, siguió las "instrucciones" de Marjaliza para adjudicar a una empresa de la trama las obras de rehabilitación de un río de la localidad.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, tenía previsto interrogar este miércoles a 17 de los 35 detenidos aunque ha tenido que aplazar la declaración de cinco de ellos: el director general de Cofely, Didier Maurice; el director comercial de la compañía, Constantino Alvarez de la Cueva; y otros tres empleados de Marjaliza: Eduardo de la Peña, José Luis Huertas y Antonio Serrano. Todos ellos declararán también el jueves.

Preguntas sobre Granados

Según han informado a Europa Press fuentes jurídicas presentes en las declaraciones, el juez Velasco ha preguntado a los imputados si Granados influía o mediaba en la adjudicación de contratos públicos y si se llevaba a cambio un porcentaje de hasta el 3% de cada uno.

Del mismo modo, ha querido saber si los alcaldes imputados se llevaban este porcentaje por cada una de las adjudicaciones que se concedían y si los empresarios las pagaban.

La minuciosidad del juez, según las citadas fuentes, ha llegado al punto de preguntar por quién pagaba las comidas entre alcaldes y empresarios en la que supuestamente se cerraban las adjudicaciones.

Contratos de hasta 100 millones

Según el auto, las "redes clientelares de tráfico de influencias" de Granados se hicieron con contratos de hasta 100 millones de euros en ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, la Diputación de León y el Instituto de Fomento de la Región de Murcia mediante "una red de tráfico de influencias apoyada por un entramado empresarial que hace uso de su capacidad de influencia actuando como conseguidores para terceras empresas a cambio de una comisión pactada".

La resolución judicial apunta que las "autoridades municipales" detenidas "se han plegado a los intereses de los investigados hasta el punto de incurrir en facturación falsa, falsear informes técnicos que reflejarían actuaciones que en realidad no se han realizado o adjudicar trabajos sin contratos previos".

Los detenidos, a los que se imputan once delitos, formaban "una trama organizada con perduración temporal y reparto de roles que, sacando provecho de relaciones personales e influencias políticas, ha logrado obtener de manera irregular la adjudicación de numerosos contratos públicos".

También se adjudicaban, según el juez, "aprovechamientos urbanísticos o gestiones de bienes y servicios públicos de muy diverso tipo que, dependiendo de las autoridades públicas, actúan en beneficio de personas físicas y jurídicas que forman parte de la trama".

De esta forma, en los ayuntamientos donde la trama operaba "se instrumentaron procedimientos de contratación pública concertados con empresas de la órbita de los investigados".

Blanqueo internacional

La investigación se inició a partir de una comisión rogatoria que las autoridades suizas cursaron el día de Nochebuena de 2013 tras detectar varias cuentas sospechosas de Granados; su esposa, Nieves Alarcón; el empresario y 'conseguidor' David Marjaliza; su mujer, Adela Cubas; y la sociedad Sheraton Trading.

Estas pesquisas, según el auto, han permitido "cerrar el círculo de la operativa de blanqueo en la que el dinero colocado en Suiza retorna después a España tras pasar por varios países bajo la apariencia de diversas operaciones de exportación".

La trama, que habría intervenido en adjudicaciones por valor de 250 millones de euros en los dos últimos años, tenía el objetivo de conseguir el lucro personal de los cargos públicos, pertenecientes a cuatro partidos distintos -PP, PSOE, IU y los independientes de la UDMA-, y no la financiación de sus respectivas formaciones.