Francia se lanza a la "caza" del inmigrante

• El nuevo proyecto de ley de Inmigración tiene que ser votado por el Senado
• Ha recibido una ola de críticas al ser considerado como "restrictivo" y "racista"

Una familia de rumanos se prepara en el aeropuerto de Lille para ser expulsada de Francia.

Tras un agitado debate parlamentario, la Asamblea Nacional aprobó en primera votación el controvertido proyecto de ley presentado por el ministro de Inmigración, Éric Besson. La medida más destacada por los medios es la que ya anunció en su momento el presidente Nicolas Sarkozy: la retirada de la nacionalidad a aquellos franceses de origen extranjero que, en los 10 años posteriores a la obtención de esa nacionalidad, atenten contra miembros de las Fuerzas de Seguridad, como policías o gendarmes. Pero hay más puntos polémicos.

Uno de ellos está dirigido a los ciudadanos extranjeros -europeos o no- que dispongan de permisos de residencia de hasta tres meses. Es decir, al igual que los gitanos rumanos y búlgaros protagonistas de las expulsiones de este verano.  La reforma dice que podrán ser expulsados en caso de que se vea amenazado el orden público mediante robos, campamentos ilegales o mendicidad "agresiva". Y se perseguirá también a aquellos que supongan una carga "excesiva" para la Seguridad Social francesa, o a los que "abusen"de esos permisos de residencia de tres meses, con continuas idas y venidas a sus países con el objetivo de "arraigarse" en Francia.

Otras medidas controvertidas: se invierte el orden y los inmigrantes en situación irregular comparecerán primero ante la Administración y, después, ante el aquí llamado juez de las libertades. Y se les podrá prohibir la entrada a Francia durante un período de entre 2 y 5 años. Será igualmente posible utilizar brazaletes electrónicos para controlar a aquellos extranjeros que se encuentren pendientes de expulsión, como alternativa al arresto.

Lluvia de críticas

Tampoco se escapan del proyecto de ley esos matrimonios de interés o "amañados" con los que conseguir la nacionalidad. Se castigarán con hasta 7 años de cárcel y 30.000 euros de multa.

Para terminar, otro punto del texto especialmente polémico, y que viene a sustituir a una ley de finales de los 90. Gracias a ella, los extranjeros especialmente enfermos -aunque no tuviesen permiso de residencia- disfrutaban de la asistencia médica francesa, siempre que en sus países de origen no tuviesen acceso a ella. Ahora habrá que demostrar la "inexistencia" del tratamiento en ese mismo país de origen.

Todas estas medidas, y otras más, han estado en el origen de fuertes críticas por parte de organizaciones en defensa de los inmigrantes, de los grupos de la oposición, y también de algunos miembros del partido de Sarkozy. A ello no han ayudado las denuncias por la eventual existencia de un fichero de la gendarmería con datos sobre la población gitana en Francia. Fichero ilegal cuya existencia niega el Gobierno.