Un grupo de exmagistrados y exfiscales ha presentado una querella ante el Tribunal Supremo contra el rey emérito acusándole de cinco delitos fiscales. Sostienen que las regularizaciones millonarias que hizo Juan Carlos I en 2020 y 2021 no se ajustan a derecho. Por ello, piden que se le tome declaración en Abu Dabi.
El juez emérito José Antonio Martín Pallín ha explicado en La noche en 24 horas que la querella se funda en los hechos planteados en el informe de la Fiscalía del año 2020, en el que aparecen reflejadas regularizaciones posteriores a la notificación oficial de que se "estaban investigando delitos y actuaciones que podrían tener relevancia tributaria".
"Nuestra ley solo admite la regularización si se hace antes de que la Agencia Tributaria llame a un contribuyente", añade Pallín, que señala que esto también incluye al Ministerio Fiscal y los jueces, que "pueden iniciar diligencias y notificar formalmente".
A pesar de ello, el Ministerio Público consideró que esas regularizaciones eran correctas y "le liberó de responsabilidad fiscal". "La Fiscalía sostiene que hay que hacer información pormenorizada. Hay una sentencia del Supremo que dice que no, que tiene carácter de aviso y que no sirve la regularización. Ese es el debate que tenemos", ha subrayado el magistrado, que ha recordado además que "un tribunal es el único que puede decir si ya se han saldado las cuentas con la Justicia".
Tras once semanas de juicio, la Fiscalía francesa ha hecho pública su petición de pena para Dominique Pelicot, acusado de drogar a su esposa, Gisèle Pelicot, durante años para que otros hombres la violaran. El Ministerio Público pide 20 años de cárcel, lo máximo previsto en el Código Penal en Francia para un delito de violación con agravante. "Es mucho y a la vez poco si se compara con los hechos", ha dicho la fiscal en la sala. "Aún está por ver si la sentencia retiene esta pena", informa Antonio Delgado, corresponsal de RNE en París, y cuáles serán las demandas de prisión para los otros 50 procesados.
En el programa de La hora de La 1 han entrevistado a una abogada y activista LGTBI, Charo Alises, sobre el caso del asesinato de Samuel Luiz. Esta abogada valora "muy satisfactoriamente" este veredicto por la condena en sí y por la agravante de homofobia. "Es importante porque esta sentencia reconoce que cuando una agresión se ha cometido, en este caso por un prejuicio que además, ya se ha exteriorizado a través del insulto que se profería hacia la orientación sexual de Samuel se puede calificar como delito de odio", ha expresado Alises sobre que esta sentencia ha establecido un precedente en los delitos de odio.
El jurado popular ha declarado culpables a los cuatro hombres acusados del asesinato de Samuel Luiz, tras una brutal paliza en 2021. A uno de ellos se le atribuye el agravante de homofobia y a otro se le ha declarado cómplice. En cuanto a la única mujer del proceso ha sido considerada no culpable. En el caso, ya había dos menores condenados por asesinato. Foto: EFE/Cabalar
Luis María Pardo, abogado de 'Iustitia Europea', considera que las manifestaciones de Víctor de Aldama han sido claras y "están fuera de todo debate". Del mismo modo, el abogado de la Asociación 'Liberum', Álex Isanea, ha dicho que "la sensación es que De Aldama ha querido aclarar muchas cosas" en su declaración voluntaria ante el juez. Por su parte, Javier María Pérez, abogado de 'Hazte Oir', ha desvelado que el presidente del Gobierno sabía de la llegada de Delcy un mes antes y que había una cena programada con él y varios ministros de su Gobierno.
