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Una empleada y el dueño del bar de Alsasua aseguran que no vieron la agresión a los guardias civiles
El dueño del bar Koxka de Alsasua (Navarra) y una camarera de este local han testificado que no vieron la agresión a los dos guardias civiles y sus parejas, ni dentro ni fuera del establecimiento, y que cuando llegaron fuera del bar se encontraron ya con el teniente tendido en el suelo. Así lo han dicho en la tercera jornada del juicio contra ocho presuntos agresores de dos guardias civiles y sus parejas en la localidad navarra en la madrugada del 15 de octubre de 2016, que se enfrentan a penas de entre 12 años y medio y 62 años y medio de cárcel.
En el juicio de Alsasua, el dueño del bar y una camarera han declarado que no vieron la agresión colas a los dos guardias civiles y sus parejas y los agentes de la Policía Foral que acudieron esa noche aseguran que sí hubo enfrentamientos y que vieron a muchas personas grabar imágenes, unas pruebas que nadie ha aportado a la causa.
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El teniente y el sargento de la Guardia Civil agredidos junto a sus parejas en 2016 en un bar de Alsasua (Navarra) han declarado en el juicio que temieron por sus vidas y el primero ha subrayado que sufrieron un "calvario terrible" con "golpes y patadas por todos los lados". La Audiencia Nacional ha celebrado la segunda jornada del juicio contra los ocho jóvenes acusados de agredir el 15 de octubre de 2016 en un bar de Alsasua al teniente y a un sargento de la Guardia Civil y a sus parejas, por lo que se enfrentan a penas de entre 12 y 62 años de prisión por amenazas y lesiones terroristas.
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Jordi Sánchez (JxCat), candidato a presidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, exvicepresidente catalán, y Jordi Cuixart, presidente de Omnium Cultural, han protestado ante el Supremo por lo que consideran que es un juicio político dirigido contra ellos. Los tres líderes independentistas catalanes, todos en prisión preventiva, han comparecido ante el alto tribunal para conocer su procesamiento por delitos de rebelión y otros dentro del sumario abierto por el "procès" en el Supremo. En ese trámite han presentado sus quejas por lo que creen que es un proceso dirigido contra ellos por sus ideas políticas, con falta de objetividad por parte del juez del caso, Pablo Llarena, y con vulneración de sus derechos como el de la protesta pacífica o, en el caso de Sánchez, su derecho a la participación política como candidato.
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En Alicante ha comenzado el juicio contra un hombre acusado de abusar durante dos meses de un menor de 15 años, con el que contactó a través de internet. Los abusos se habrían producido en el domicilio del acusado quien, según la Fiscalía, amenazó al joven con publicar unas imágenes. El acusado, para el que la Fiscalía pide 14 años de cárcel, se encuentra en prisión preventiva.
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El que fuera presidente del Gobierno andaluz durante 19 años, Manuel Chaves, ha defendido este lunes que "siempre" ha partido de que sus consejeros "en cualquier actuación respetaban la ley" y que le cuesta creer que "intencionadamente se hubiera establecido un procedimiento ilegal o para burlar la ley". Chaves se enfrenta a 10 años de inhabilitación en el juicio de la pieza política del caso de los ERE por prevaricación al crear y mantener presuntamente un "procedimiento específico" con el que del 2001 al 2011 se repartieron más de 850 millones en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis, según la Fiscalía, de forma arbitraria y eludiendo los controles.
Los ocho jóvenes acusados de la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en 2016 en Alsasua, en Navarra, han negado en el juicio su participación y que dirigieran o integraran un colectivo del entorno de ETA para expulsar a las fuerzas de seguridad del Estado del País Vasco y Navarra. La Audiencia Nacional ha iniciado este lunes el juicio de todos ellos por la paliza con puñetazos y patadas a un teniente y un sargento de la Guardia Civil y a sus parejas en la madrugada del 15 de octubre de 2016 durante las fiestas de Alsasua en el bar Koxka. Los acusados, siete de ellos de entre 21 y 24 años de edad y un octavo de 31, se enfrentan a penas de entre 12 y 62 años de prisión por lesiones y amenazas terroristas y se han negado a contestar al fiscal y a las acusaciones, entre las que se encuentran la ejercida por el Colectivo de Víctimas del Terrorismo.
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