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El exdirector del FMI, Dominique Strauss-Khan, ha pasado la noche en comisaría y este miércoles continuará respondiendo a las preguntas de los agentes que investigan una red de prostitución.

Los tres jueces de instrucción encargados del caso comunicaron anoche a DSK la prolongación de su custodia por "complicidad en proxenetismo agravado con banda organizada" y "abuso de bienes sociales".

Una vez que termine de responder a la policía judicial, DSK tiene que comparecer ante funcionarios de la Inspección General de la Policía Nacional, el cuerpo de asuntos internos que investiga la implicación del comisario Jean-Christophe Lagarde en la misma red.

La detención del exjefe del FMI puede durar hasta la mañana del jueves, aunque fuentes próximas al caso creen que no se extenderá más allá de la noche del miércoles.

El ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) Dominique Strauss-Kahn ha llegado esta mañana, en medio de una gran expectación mediática, a una Gendarmería de Lille, en el norte de Francia, donde va a declarar bajo arresto por su presunta implicación en una red de prostitución.

Una nube de cámaras y periodistas se ha amontonado en torno al coche con cristales tintados en el que entró Strauss-Kahn en el cuartel de la Gendarmería unos minutos antes de las 09.00.

El también exministro de Finanzas puede ser interrogado teóricamente durante un tiempo de hasta 96 horas bajo el régimen de arresto, aunque diversas filtraciones en los últimos días apuntan a que se limitará a unos dos días.

Los agentes de la policía judicial llevan un año con esta investigación sobre una red de prostitución que tenía su centro de operaciones en el hotel Carlton de Lille y que ha conducido a la imputación de ocho personas por el momento.

Los investigadores tratan de determinar, en primer lugar, si Strauss-Kahn sabía que las mujeres con las que participó en correrías sexuales en París, Washington y Bruselas hasta mayo de 2011 eran prostitutas. De confirmarse, podría ser inculpado por complicidad en proxenetismo.

Baltasar Garzón está ya fuera de la carrera judicial. El Consejo General del Poder Judicial cumple la sentencia del Supremo que le inhabilitó durante 11 años por prevaricación al ordenar grabar en prisión las conversaciones de los imputados del caso Gurtel con sus abogados.