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El Tribunal Supremo ha anulado la sentencia de la Audiencia Nacional que condenó a 15 jóvenes de Segi por pertenecer a ETA. Aunque es la primera decisión después del cese definitivo de la violencia de ETA, la sentencia tiene fecha de 30 de septiembre.

El Tribunal Supremo ha informado desfavorablemente a la petición de indulto presentada por el consejero delegado del Santander, Alfredo Sáenz. Sáenz solicitaba que le fuera perdonada la pena de tres meses de arresto que conlleva inhabilitación en el cargo que ostenta ahora. Esta condena se la impuso ese Tribunal en febrero, como autor de un delito de acusación falsa contra unos deudores, cuando presidía Banesto en 1994. La Sala dice que no se aprecian razones de justicia o equidad para la concesión del indulto. La última palabra sobre esa medida de gracia la tiene el Gobierno.

La Fiscalía General del Estado descarta impugnar las listas de Amaiur para las elecciones generales del 20 de noviembre al no haber con los datos recabados hasta hoy pruebas fundamentadas suficientes para pedir su ilegalización, según ha adelantado RNE.

El Tribunal Supremo ha anulado la condena de seis años de prisión impuesta por la Audiencia Nacional a 15 miembros de Segi por pertenencia a ETA porque no se motivaron suficientemente las condenas al no hacer refererncia a las pruebas practicadas que pidió la defensa y que fueron aceptadas en un primer momento. La sentencia se ha dado a conocer este martes, pero tiene fecha del 30 de septiembre, antes de que ETA anunciara el pasado 20 de octubre "el cese definitivo de su actividad armada".

El Tribunal Supremo le ha concedido el divorcio a una mujer que está en coma. Lo solicitaron sus padres, argumentado que antes del accidente que la dejó en coma y tetrapléjica, ella quería separarse. Andrés y María Isabel recuerdan el día en que llevaron a su hija al altar. Hoy le han conseguido el divorcio. La chica llevaba 18 meses casada cuando un accidente la dejó en un coma vegetativo hace once años. El marido lo niega, pero ellos aseguran que antes del siniestro la joven ya quería divorciarse. La voluntad de la joven incapacitada ha sido clave para que el Supremo le de el visto bueno al divorcio. Nuestras leyes no excluyen el divorcio de entre las decisiones que pueden tomar los tutores legales. De lo contrario, añade, se incurriría en una desigualdad para la esposa en coma. Solo existe un precedente pero no en un caso de divorcio, sino de separación. El Tribunal Constitucional la concedió a petición de otros tutores legales en el año 2000.

El Tribunal Supremo ha decidido que la zona donde está el hotel El Algarrobico, en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, se mantenga al máximo nivel de protección medioambiental. Desestima así un recurso presentado por la Junta de Andalucía. Queda por conocerse la decisión definitiva de los tribunales, que podría conllevar el derribo del hotel.

La ejecución de Troy Davis, acusado de haber matado hace 22 años a un policía en Georgia, Estados Unidos, ha estado paralizada esta noche durante cuatro horas. Un recurso de sus abogados dio nuevas esperanzas al condenado, pero finalmente, el Tribunal Supremo lo rechazó y Davis fue ejecutado mientras proclamaba su inocencia. El Tribunal Supremo de Estados Unidos ordenó en el último minuto suspender su ejecución. Pero fue sólo por unas horas. Una vez decidido que no había nada nuevo que añadir al caso, el estado de Georgia procedió al ajusticiamiento del reo.

Las últimas palabras de Troy Davis, atado a la camilla, fueron: "No soy responsable de lo que pasó aquella noche. Yo no estaba armado. Yo no maté a su hijo, ni a su esposo, ni a su padre." 15 minutos después, pasadas las 11 de la noche, se certificó su muerte. "Esto es una farsa, un escándalo de escala mundial", sostiene la portavoz de Amnistía Internacional, que había logrado reunir un millón de firmas en petición de clemencia.

Una hora antes, en Texas, la justicia ejecutaba a otro hombre: Lawrence Russell Brewer, un racista radical que hace 13 años secuestró y mató a un hombre de color arrastrándolo a lo largo de 3 kilómetros atado a su furgoneta.

Sólo en este año, ya son 35 las personas a las que se les ha aplicado la pena de muerte en Estados Unidos.

Durante el acto de apertura del Año Judicial, el presidente del Supremo, Carlos Dívar, ha advertido que las decisiones judiciales deben ser respetadas por todos y sobre todo por las instituciones públicas. Lo ha dicho durante su discurso y sin mencionar ese conflicto que por la lengua mantienen la Generalitat y el tribunal Superior de Justicia de Cataluña.