El Gobierno vasco prepara el Congreso sobre Memoria y Convivencia que se celebrará en Bilbao a mediados de este mes; socialistas y populares discrepan sobre la posible participación de la ex etarra Carmen Gisasola, desmarcada de la banda y acogida a la llamada 'Vía Nanclares'.
El periodista desapareció el pasado sábado cuando acompañaba a un batallón del ejército que fue atacado por la guerrilla. El periodista está herido en un brazo y se teme que esté en poder de las FARC, aunque nadie ha podido confirmar que esté secuestrado.
En la tarde del 20 de octubre, ETA anunciaba el cese definitivo de su actividad armada. Han pasado seis meses y poco a poco muchas cosas han ido cambiando en el País Vasco: Políticos que van sin escoltas o empresarios que hablan en pasado sobre el chantaje terrorista. También los partidos tratan de resituarse en este nuevo escenario. Estos días el foco está en la política penitenciaria. El anuncio del ministro del Interior de un nuevo plan que permitiría el acercamiento a las cárceles del País Vasco de los etarras que se desvinculen de la banda, se ha considerado un movimiento de ficha por parte del gobierno. Una forma de desbloquear la llamada "vía Nanclares" aunque nadie duda de que el camino hacia la normalización, después de tantos años de terror, será largo.
Hoy se cumple un año del atentado de Marrakech, en el que hubo 17 muertos, casi todos turistas extranjeros. Era el primer atentado que sufría el país en 8 años y supuso un golpe para el sector turístico marroquí, ya de por sí afectado por la primavera árabe. Hoy han recordado a las víctimas.
Las víctimas del terrorismo rechazan el plan de reinserción de presos que el gobierno va a poner en marcha. Esta tarde el ministro del interior ha intentado convencerlas de que la política antiterrorista del gobierno no ha cambiado, pero las asociaciones de víctimas insisten en que se sienten traicionadas.
El gobierno explicará esta tarde a las asociaciones de víctimas el plan de reinserción de presos terroristas. Las asociaciones han expresado su malestar con ese plan, que según el Lehendakari demuestra la fortaleza del Estado de Derecho.
La presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Ángeles Pedraza, dice no entender el "trato de favor" que, a su juicio, el Gobierno da a los etarras con su plan de reinserción de presos terroristas. "Creo que deberían pedir perdón, pero para mí no es prioritario [...] Para mí es prioritario que cumplan la condena y colaboren con la justicia", explica. Por su parte, el portavoz de Gesto por la Paz, Jesús Herrero, cree que el camino elegido por el Gobierno de Mariano Rajoy es el correcto, pero matiza que quizás hay que pedir algo más a los presos. "No hay que considerarlas como concesiones que se les da de forma gratuita a los presos, sino siempre como resultado de la evolución personal, que pasa por unas condiciones como la desvinculación clara de la violencia, de ETA, y de forma muy importante, reconocimiento del daño causado", subraya (27/04/12).
El Plan Integral de reinserción de presos que ha anunciado el gobierno ha generado diferentes reacciones en los partidos políticos. La mayoría lo apoyan, excepto UPyD que no quiere concesiones y Bildu al que no le parece suficiente. Las Asociaciones de Victimas del terrorismo han criticado con dureza el plan del Ejecutivo.
El gobierno quiere impulsar la reinserción individualizada de los presos que pertenezcan a alguna organización terrorista. Y ha diseñado un plan al que podrían acogerse un millar de reclusos en total y de diferentes organizaciones. Pero tras el anuncio, toda la atención se ha centrado en los presos de ETA.
El último informe anual de EUROPOL, correspondiente a 2011, habla de ETA. Lo hemos conocido hoy, y de que la banda terrorista sigue reclutando nuevos miembros y recabando información sobre nuevos objetivos. El gobierno asegura que el informe dice lo mismo que él, que ETA tiene que disolverse.
El Gobierno ha diseñado un plan para facilitar la reinserción de presos que se desvinculen de los grupos terroristas a los que pertenecen. Incluiría a un millar de reclusos, entre presos de ETA, de los Grapo o de grupos yihadistas. Tanto el presidente del Gobierno como el ministro del interior han insistido en que ese plan no incluye beneficios penitenciarios.
