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Tanto el PSOE como el PP coinciden en que lo que esperan de ETA es su disolución. El candidato socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha descartado una amnistía como pidieron ayer los presos de la banda terrorista después de suscribir el acuerdo de Gernika de la izquierda abertzale, aunque lo ve como un paso más. Mariano Rajoy dice que eso fue insuficiente.

Documentos TV emite "Amor odio amor", un documental producido por Sean Penn, con música de Bruce Springsteen, Radiohead y U2, que muestra la grandeza del espíritu humano. Sus protagonistas son tres familias destrozadas por el terrorismo en Nueva York, Londres y Bali, empeñadas en demostrar que el terror mata pero no gana.

El alcalde de Vitoria, Javier Maroto, se ha mostrado esperanzado ante el proceso iniciado por la izquierda abertale radical y algunos sectores de ETA y ha dicho que "vemos pasos que no podíamos ni imaginar". Se ha referido, además, a la crisis económica y ha abogado porque los ayuntamientos tengan más recursos para ofrecer servicios de calidad.

Esta mañana hemos visto el acto formal de adhesión del colectivo de presos de ETA al acuerdo de Gernika. Una treintena de antiguos presos de la banda han asistido a la firma en el día en que se cumplía un año del acuerdo. El colectivo de presos pide abandonar las armas a cambio de amnistía

El candidato socialista asegura que es un paso inédito que supone un nuevo avance en la lucha contra el terrorismo. Es un paso importante que acerca más el final de ETA.

Los presos de ETA han decidicido asumir el acuerdo de Gernika, suscrito hace un año por varias formaciones políticas, que habla del abandono definitivo de la lucha armada y que exige el reconocimiento y reparación de las víctimas, según ha adelantado TVE.

El colectivo de presos de ETA ha hecho público un comunicado en el que ha decidido sumarse a este texto, que pide a ETA un "alto el fuego permanente, unilateral y verificable por la comunidad internacional" y un cambio en la política penitenciaria.

La escenificación de este paso de los reclusos de ETA realizará este domingo en un acto en el que se leerá un documento del Colectivo de Presos y Presas Políticos Vasco (EPPK).

Se pone así fin al debate interno abierto en las cárceles entre miembros de la banda terrorista sobre el abandono de las armas. El apoyo es mayoritario pero no unánime. Se estima, según informa TVE, que un 10% de los 700 presos que conforman el colectivo es crítico.

La Audiencia Nacional ha condenado a 10 años de prisión al exportavoz de Batasuna, Arnaldo Otegi, y al ex secretario general del sindicato LAB, Rafael Díez Usabiaga, como dirigentes de ETA por intentar reconstruir la formación ilegalizada a traves de la formación Baterasune, según informa Cristina Ónega, de TVE. La Fiscalia pedía para ellos 10 años de carcel. En la sentencia también han sido condenados a 8 años por pertenencia a banda armada a Miren Zabaleta, a la extesorera del Partido Comunista de las Tierras Vasca Sonia Jacinto, y al exresponsable de Haika en Álava Arkaitz Rodríguez. La Audiencia Nacional ha absuelto a tres de los ocho procesados por querer reconstruir Batasuna: Txelui Moreno, Amaia Esnal y Mañel Serra. La Fiscalía les retiró la acusación durante el juicio al no poderse demostrar que formaran parte de Bateragune.

Esta madrugada la policía afgana ha conseguido acabar con el asalto de un grupo de insurgentes talibanes a varios edificios oficiales del centro de Kabul. Ha durado más de 20 horas y han muerto 21 personas, entre ellas seis de los terroristas atrincherados en un edificio desde el que dirigían los ataques.

Porque aparte de las casi tres mil vidas que se perdieron aquél día, y de los casi 25.000 millones de dólares que va a costar reconstruir la Zona Cero, el ataque devastó el corazón financiero de Estados Unidos. Tanto, que varias aseguradoras quebraron después de tener que pagar unos 50.000 millones en indemnizaciones. Después llegó la multimillonaria "guerra contra el terror". Se calcula que, mientras Al Qaeda invirtió unos 500.000 dólares en los atentados, las operaciones antiterroristas le han costado ya a los contribuyentes americanos más de tres billones.