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El caso Nóos queda pendiente de la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Valencia que deberá decidir si asume la investigación y si actúa contra Francisco Camps y Rita Barberá. En el sumario estaría incluido el préstamo que hizo el rey a su hija Cristina.

La Fiscalía Anticorrupción cree que el juez Castro tiene que dejar la investigación del caso Nóos y pasársela al Tribunal Superior de Valencia porque hay indicios que incriminan a la alcaldesa de Valencia Rita Barberá y al expresidente valenciano Francisco Camps. Según el informe de Anticorrupción, los dos utilizaron su cargo para eludir dolosamente -dice el escrito- la ley y beneficiar fraudulentamente al Instituto Nóos. El fiscal afirma que hay una evidente conexión entre los hechos supuestamente delictivos cometidos por la Comunidad Valenciana y la Balear que obliga a que la causa no sea separada en dos juicios distintos. Y explica que como los aforados del caso son valencianos, es el Tribunal Superior de Valencia quien debe quedarse con toda la investigación.

El juez josé Castro, que instruye el caso Nóos, ha pedido al Tribunal de Justicia de Valencia que investigue a la alcaldesa de Valencia y al expresidente Camps -entre otros-, por los presuntos delitos de prevaricación y malversación. El magistrado ha pedido además a Hacienda que investigue si la infanta Cristina y su marido tenían bienes en el extranjero.

El juez José Castro, que instruye el caso Nóos, ha iniciado los trámites que podrían continuar con la imputación de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá y del expresidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps. Barberá ha asegurado que seguirá defendiendo sus tesis "con serenidad".

El Ciudad Ros Casares, que el domingo se proclamó campeón de Europa del clubes de baloncesto femenino, ha compartido el título conquistado en Estambul con las principales instituciones políticas valencianas, ya que fue recibido en la Generalitat antes de visitar la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Valencia.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se reúne con los representantes de los Ayuntamientos para analizar con ellos el decreto sobre el pago de deudas a proveedores. Y también el nuevo objetivo de déficit, que para los ayuntamientos es del 0,3 por ciento.