El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha reactivado el debate sobre el sistema público de pensiones en plenas negociaciones con los agentes sociales sobre la segunda parte de la reforma. Ha defendido que hay que trabajar más, al menos hasta los 75 años, siguiendo la tendencia europea. Los sindicatos ya han criticado duramente la propuesta.
Foto: El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá (EFE/J.J. Guillén)
Unai Sordo, secretario general de CCOO, ha visitado los estudios de Las mañanas de RNE inmerso en las negociaciones para la subida del Salario Mínimo Interprofesional, que ayer concluyeron sin acuerdo y que, según las recientes palabras del presidente de la patronal, Antonio Garamendi, en una entrevista, no tendrán el visto bueno de la CEOE, que se desmarca. Sordo ha confirmado que era algo esperado por los sindicatos, y que, en todo caso, las conversaciones ahora se sitúan entre ellos mismos y el ejecutivo por la cuantía de la subida final, siempre, ha sostenido, con un objetivo, "que el 1 de enero de 2022, el SMI sea de, al menos, 1.000€" y dejando claro que no aceptarían "una subida ridícula". El número uno de CCOO también ha matizado que "no cree" que la falta de acuerdo con los empresarios vaya a tener consecuencias en otras negociaciones a las que ya ha calificado de "muy complicadas". Precisamente, sobre una de ellas, la de la prórroga de los llamados ERTE de la pandemia, ha postado por su renovación "en condiciones similares a las que hemos tenido" y por alargar su duración "mientras haya restricciones a la actividad económica", como las limitaciones a la movilidad que afectan al sector turístico. Sobre otro de los temas de actualidad estos meses, la subida de la factura de la electricidad, el líder de Comisiones ha apostado porque se tomen "medidas de amplio espectro" encaminadas a "cambiar el sistema de asignación de precios que existe en España", y ha calificado de "medida coyuntural" las bajadas de impuestos anunciadas por el Gobierno.
El Gobierno ha aprobado este martes el proyecto de ley de pensiones en el primer Consejo de Ministros tras el parón de las vacaciones. Según el texto acordado, las pensiones volverán a actualizarse cada año en función del IPC.
Como los precios están subiendo, en 2022 esta revalorización podría suponer un gasto adicional de más de 3.000 millones de euros si la inflación ronda el 2,5 % como calcula la Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas). Junto con la paguilla compensatoria que reciben los jubilados en febrero, el coste extra ascendería a unos 5.000 millones. En el caso de que el IPC fuera negativo, la pensión no bajaría. Foto: EFE/Juan Carlos Hidalgo
El Gobierno ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros, el primero tras el paréntesis de vacaciones, el proyecto de ley con las primeras medidas para reformar el sistema público de pensiones, una vez que el anteproyecto ha superado todos los trámites, y que será remitido al Congreso para iniciar su tramitación parlamentaria.
Podemos sigue manteniendo su idea para conseguir reducir el precio de la luz a través de un decreto y sigue señalando a las grandes empresas y alejándose de las ideas de Teresa Ribera: “Nuestra propuesta es viable y acorde a lo que hay en la UE. Hay que poner coto a los beneficios caídos del cielo del oligopolio de las eléctricas”. Sofía Castañón, la portavoz adjunta de Unidas Podemos en el Congreso, ante la aprobación hoy de la reforma de las pensiones, asegura que hay que garantizar la viabilidad del sistema público: “Es necesario su financiación y que no haya un proceso de devaluación. No es solo proteger a los mayores, sino a las generaciones que venimos”. Esa mirada al futuro la amplia al SMI que insiste en que debe aprobarse en breve. “Tenemos que priorizar las políticas de carácter social porque así se aseguran los derechos de la ciudadanía”. Defiende que Podemos y el PSOE, socios de Gobierno, se comuniquen en ocasiones a través de cartas porque “la formalidad es una virtud”. Apoya la postura mantenida por el presidente Sánchez sobre Afganistán y asegura que el Gobierno dará explicaciones en el Congreso, restando importancia a que sea el propio Sánchez. Con respecto al asunto de los menores repatriados a Marruecos desde Ceuta reprocha al Ejecutivo estar obviando derechos fundamentales y exige que lo que se haga se base en el cumplimiento de los derechos humanos y la carta de los derechos del niños: “Tienen que tener una ciudadanía de pleno derecho”
Después de cuarenta años de convivencia, la pareja de Joaquina falleció. Le negaron la pensión de viudedad porque su matrimonio, formalizado por el rito gitano, no estaba inscrito en el registro y, por tanto, no era legal. Sus abogados han llevado al caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Joaquina, dice, no ha conocido otro hombre. Sin embargo, tanto ella como su pareja que falleció hace siete años, han figurado siempre en todos los documentos oficiales como solteros. Nunca inscribieron su matrimonio en el registro civil. Sin ese requisito, legalmente, no tiene derecho a pensión de viudedad.
Pepe Álvarez, secretario general de UGT, ha comentado que la situación que está provocando la quinta ola en España "no ayuda a la reincorporación" y se están produciendo numerosas cancelaciones, sobre todo internacionales. Sobre los cambios en el Gobierno, ha indicado que "continúa lo que a él le afecta".
"No hay argumentos para que no haya subida del SMI, creo que lo habrá este año", ha sostenido Álvarez en 24 horas de RNE, que ha señalado que la vicepresidenta Calviño habla de que no se puede hacer porque hay que incorporar a las personas que están en ERTE a trabajar y ha mantenido que "una cosa no se interpone a la otra": "Es una malísima excusa". "El Gobierno debe llamarnos y si no pediremos reunión para explicar al presidente del Gobierno que no hay razón para no subirlo, todos los países europeos que tienen salario mínimo lo han subido este año, si no nos hacen caso, endureceremos nuestra posición”. "Tenemos que darle tiempo a la patronal, siempre hemos llegado a acuerdos", ha sostenido y ha añadido que las relaciones con el Gobierno "no pasan por un buen momento” por la "falta de sensibilidad y la prepotencia" de la vicepresidenta primera, Nadia Calviño.
El ministro de Seguridad Social José Luis Escrivá acude a la comisión del Congreso para explicar las últimas reformas de las pensiones, inspiradas por las recomendaciones del Pacto de Toledo.
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de ley que garantiza su poder adquisitivo de las pensiones y deroga los aspectos más polémicos de la reforma de 2013, entre otros, el índice de revalorización, que limitaba su subida anual a un 0,25 % en situaciones de déficit. Así lo ha confirmado la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, durante una rueda de prensa posterior, donde ha resaltado que se trata de "un importantísimo proyecto normativo" que recoge medidas "claves" para los pensionistas, "básicamente para su tranquilidad", ha señalado, ya que se van a actualizar por el IPC, una reivindicación a su juicio "justa y largamente esperada y que permite volver al consenso sobre el que creemos que se debe mover el futuro de las pensiones". Foto: EFE/LUIS TEJIDO
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, se ha referido este martes a las palabras del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, sobre los ‘baby boomers’ y ha destacado que su organización “no va a acordar ninguna medida especial”, pues el problema de la Seguridad Social es “de ingresos, no de gasto” y, por tanto, van a trabajar para que suban las pensiones y para que los jóvenes la cobren “y sean dignas”.
Después de que Escrivá afirmase que los trabajadores nacidos entre los años 50 y mitad de los 70 iban a tener que elegir entre trabajar más o cobrar menos prestación en su jubilación y posteriormente asegurase que "no se expresó bien", Álvarez ha señalado en una entrevista en La Hora de la 1 de TVE que “hay que celebrar el acuerdo”, que es “trascendente”, ya que “deroga la reforma de 2013 del Gobierno de Mariano Rajoy”.
Respecto al acuerdo de los interinos, el representante sindical ha destacado que “es un acuerdo altamente positivo” que por un lado defiende “el derecho de los trabajadores interinos, que llevan hasta 30 años en la Administración, con el otro derecho de los ciudadanos de igualdad de oportunidades”. “Creo sinceramente que se ha llegado a un punto de equilibrio muy importante”, ha añadido.
Además, Álvarez ha reclamado al Gobierno que suba el salario mínimo este año, ya que es “una cuestión de justicia porque hay mucha gente que lo está pasando muy mal”. A su juicio, “las excusas no sirven” y ha recalcado que van a acudir a las manifestaciones porque la subida no va hoy al Consejo de Ministros y tampoco tienen noticias de que irá la próxima semana.
El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, niega que Albert Rivera se haya convertido en asesor del presidente del PP, Pablo Casado. “Las relaciones son buenas en lo personal. Desde el bufete de Rivera se han llevado a cabo una serie de recursos que ha planteando nuestra formación. Más allá de eso, el señor Rivera no es un asesor del PP”. No entra a opinar sobre el futuro político de Rivera, pero añade: “Si aplaudo la política de puertas abiertas de nuestra formación”. Horas antes de que se apruebe en el Consejo de Ministros la reforma de las pensiones insiste en que el PP tiene su propia propuesta: “Este sistema no permite la sostenibilidad de las pensiones. Esta reforma no es la adecuada”. Descarta negociar los presupuestos con el Gobierno porque, dice, no existe voluntad por parte del Ejecutivo e insiste en que el presidente Sánchez debe dimitir y convocar elecciones. Si no es así, al menos debería, según el PP, convocar cuanto antes el Debate sobre el Estado de la Nación: “La legislatura está agotada, lo que tendría que hacer Sánchez es dejar opinar en las Generales. Si no quiere dar ese paso, debe celebrar el DEN. Podremos explicar cómo está España y qué podría hacerse mejor”. Con respecto al debate en Cataluña asegura que la relación del PP con la patronal tras las declaraciones de Garamendi apoyando los indultos es buena y que “no hay nada que arreglar”. Según Montesinos, “Casado hizo lo que se espera: escuchar a los catalanes, decir que no está de acuerdo y que nuestra posición es diáfana. Los indultos son contarios al Supremo y la fiscalía. La inmensa mayoría está en contra y nosotros vamos a estar en contra”. Por último, pide unidad para rechazar violencia como la sufrida por el joven Samuel y espera que, cuanto antes, el Ministerio de Interior esclarezca lo que ha ocurrido: “En estas cuestiones solo cabe unidad y solo cabe alejar el interés partidista”.
El Gobierno ha firmado un nuevo acuerdo con los agentes sociales para reformar el sistema de pensiones. El catedrático de Economía de la UCM José Ignacio Conde-Ruiz, autor del libro "¿Qué será de mi pensión?", nos explica las claves del sistema español y por qué es tan delicada su sostenibilidad.
La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se ha referido este lunes al acuerdo de pensiones alcanzado la pasada semana por el Gobierno y los agentes sociales. A su juicio, el sistema de pensiones en España tiene “un problema de ingresos”, no de gasto, ya que todas las reformas que se han llevado a cabo han sido en ese sentido. Según ha destacado en una entrevista en Las Cosas Claras de TVE, existen 9,7 millones de pensionistas en nuestro país, una cantidad “ingente de personas”, de los cuales 5 millones tienen pensiones “muy bajas de 600 y 700 euros”, por lo que ha apostado por atajar el problema por los ingresos. “Nuestro país no admite recortes”, ha enfatizado.
La ministra también ha señalado que “sería un error” no subir el salario mínimo este año, pues es “una medida muy eficaz para la redistribución de la renta”. “No doy la palabra de que se subirá porque soy una mujer prudente”, ha destacado. Además, ha asegurado que “no está trabajando por una candidatura” en Unidas Podemos, aunque sí “en ensanchar un espacio político abierto y sin fronteras”. Foto: EFE
