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La sentencia de Álvaro García Ortiz, además de histórica, es controvertida. "Pedagógica" o "incomprensible" son algunas de las valoraciones que hacen de ella los expertos consultados. "No se indica si el acusado es autor, si es inductor... no se explica si ha actuado con dolo, es decir, con intención y voluntad", explica Antonio Cuerda, catedrático de Derecho Penal de la URJC.
Para otros, la participación de García Ortiz queda acreditada. "Esa información estaba en su poder, de modo que es indiferente si lo realiza u ordena que se realice", sostiene el juez Delegado de la APM en Baleares, Alejandro González.
Y algunos juristas consideran que no existe delito de revelación de información reservada porque ya era pública y hablan de vulneración de derechos fundamentales. Porque, aseguran, se ha condenado con pruebas muy endebles y discutibles.
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El malestar por las denuncias de acoso es evidente en el seno del PSOE y se extiende. Algunas mujeres socialistas levantan la voz y denuncian lentitud en la respuesta del partido. Mientras, desde Ferraz intentan aplacar la crisis con un mantra: actúan con contundencia. "Aquí lo verdaderamente importante es mostrar la contundencia ante cualquier conducta de acoso", ha dicho la ministra Pilar Alegría.
Una diligencia que no ha servido con José Tomé. Solo ha dimitido como presidente de la Diputación, pero no deja la Alcaldía de Monforte de Lemos. Y contundente, dicen fuentes socialistas, será el informe sobre Paco Salazar y Antonio Navarro, que prevén publicar mañana. El día que comparecerá por primera vez en semanas la secretaria de Organización del partido, Rebeca Torró.
La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, defiende en 24 Horas la gestión que han hecho desde el departamento de la crisis del Hospital de Torrejón de Ardoz y mantiene que no se han encontrado irregularidades en la actividad. El Ministerio de Sanidad ha anunciado una investigación paralela que no preocupa a Matute: "No van a encontrar nada". La consejera asegura sentirse "apenada" por la situación y cree que se está "utilizando políticamente".
Matute explica que se hacen auditorías periódicas de todos los hospitales y concreta que en el caso de Torrejón de Ardoz entre el 2024 y el 2025 se han hecho "40 auditorías". Ante la noticia de las listas de espera, unas declaraciones que Matute admite que son "reprobables". Sobre la posible reutilización de material, Matute asegura que no es así y que todo sigue "la norma".
La gestión de la comunidad también está entredicho por los fondos que reciben centros privados, en concreto 5.000 millones de euros al grupo Quirón. Matute dice que va por actividad y lo relaciona con deuda acumulada y asegura que "no se están llevando más dinero que otros". En este sentido, asegura que el "90% del presupuesto va a la gestión directa de hospitales". Defiende que han aumentado el gasto en sanidad mientras acusa al Ministerio de Sanidad de reducirlo: "Ha quitado 1 de cada 2 euros". Matute también apunta a que se intente centrar la atención en Torrejón para tapar la huelga de médicos a quien les muestra "todo el apoyo" para conseguir un estatuto marco.
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Foto:EFE
La emancipación es complicada para todos los jóvenes, pero lo es mucho más para los que han estado tutelados. A pesar de esto, todos trabajan o estudian. Dos de cada diez hacen las dos cosas, una cifra que supera a la de los jóvenes no tutelados. El principal problema es el acceso a una vivienda.
Este es el caso de Mohamed, que llegó a nado a Ceuta con 14 años y estuvo tutelado. Hizo la ESO y al cumplir la mayoría de edad, hace unos meses, tuvo que emanciparse. Trabaja en hostelería para pagarse sus estudios de peluquería. En el futuro sueña con abrir su negocio y estudiar Integración Social.
La cifra de jóvenes que estuvieron tutelados y trabajan y estudian se ha triplicado en la última década. Cuando llega el momento de emanciparse cuentan con las Organizaciones que trabajan con ellos. El acompañamiento es clave.
El acceso a la vivienda continúa siendo su principal vulnerabilidad. Los expertos piden un marco legal estatal que garantice ese apoyo para que no tengan que asumir más riesgos que cualquier otro joven que crece en un entorno familiar.
Imagen: GETTY
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