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La Inteligencia Artificial está suponiendo toda una revolución en la que las batallas ya no se libran solo en la vida real y en el campo militar, también lo hace en el ciberespacio. Esta revolución se ha extendido a la vida civil, a lo cotidiana y a cada rincón del ciberespacio.

Este es el caso de Indra, la multinacional de Defensa, Consultoría y Tecnología de la que es accionista principal el Estado, con un 28%. La empresa ha presentado hace unas semanas una nueva división, IndraMind. Esta se ha definido como un cerebro digital para combatir la guerra híbrida.

Según el director general de Indra, Ignacio Martínez, las amenazas híbridas como drones en aeropuertos o el corte de cables submarinos son las principales problemáticas. Es aquí donde "infraestructuras civiles responden a retos de índole militar, para lo cual no están preparadas" y ahí aparece Indra con su nueva división que tiene el objetivo de "proteger y empoderar a todos los ciudadanos".

Sus clientes son del "entorno de defensa, pero también en el entorno institucional, agencias gubernamentales o diferentes actores institucionales", empresas privadas como bancos u otras que tengan información sensible de la ciudadanía.

Imagen: EUROPA PRESS

El Consejo de Ministro ha anunciado este martes que avalará a los propietarios que tengan a inquilinos de hasta 35 años o familias vulnerables que no puedan pagar el alquiler. Todavía están por conocerse muchos detalles.

Según el profesor de Economía de la Universidad de Comillas, Leandro Escobar, "esto no significa que vayan a bajar los precios, pero sí va a cambiar el riesgo en el mercado". Escobar añade que "hay muchos pisos que no se movilizan por temor de sus propietarios al impago y a la ocupación", lo cual contribuiría a aumentar la oferta.

A esta medida le ha seguido el anuncio de la transformación de Sepes en Casa 47, la nueva empresa estatal de vivienda que ofrecerá alquileres asequibles de hasta 75 años. Según Escobar, este tipo de medidas crean "dos mercados en paralelo, uno de lo que se llama renta antigua y otro de lo que llama renta de mercado".

El profesor afirma que es una situación "muy compleja" al tratarse de "situaciones especialmente vulnerables y también de personas jóvenes que no pueden acceder a otro tipo de solución habitacional".

Imagen: EUROPA PRESS

El Supremo publica la sentencia contra el fiscal general. Considera probado que Álvaro García Ortiz o alguien de su entorno con su conocimiento filtró el correo del novio de Isabel Díaz Ayuso. Dice que hay pruebas sólidas y coherentes, y entre los argumentos de los jueces: que no existe otra explicación alternativa razonable a quien lo hizo.

El Tribunal no pone en duda lo que dijeron los periodistas, pero al mismo tiempo asegura que el secreto profesional les ampara para hacer declaraciones que no sean totalmente fieles a la realidad.

Foto: Eduardo Parra / Europa Press

El Ministerio de Sanidad ha pedido a la Comunidad de Madrid información detallada sobre los hospitales gestionados por grupos privados, no solo por Ribera, sino también por Quirón Salud. No descartan rescindir el contrato si se detecta mala praxis. Esta tarde se reúnen con Ribera Salud, la empresa que gestiona el hospital de Torrejón de Ardoz, al este de la región madrileña.

La cita se produce después de unos audios del director gerente de la empresa privada que gestiona este hospital público en el que solicitó "desandar el camino" de la reducción de listas de espera lograda en años anteriores.

FOTO: ARCHIVO EFE / CABALAR

Fue el día 20 de noviembre cuando el Tribunal Supremo adelantó el fallo de la sentencia contra Álvaro García Ortiz, una decisión bastante inusual. El inédito juicio contra el fiscal general del Estado tuvo seis sesiones y los jueces estuvieron deliberando solo una semana. García Ortiz fue condenado a dos años de inhabilitación y cuatro días más tarde presentó su renuncia.

El Gobierno siempre ha defendido su inocencia, y este martes ha vuelto a decir que no comparte la decisión del Tribunal.

FOTO: EFE/J.J. Guillén

El brote de peste porcina africana en Cataluña sigue contenido en 13 jabalíes positivos y no ha saltado a las granjas, pero los ganaderos alertan de que las pérdidas ponen en peligro la producción de cerdo en todo el país. La caída de precios les cuesta 30 euros por cada animal y, por eso, piden ayudas.

La Generalitat ha abierto un primer paquete por valor de 10 millones de euros, pero las consecuencias impactan a los productores de otras comunidades autónomas. Avisan de que si se ven obligados a reducir la producción, aumentarán los precios para el consumidor.

Foto: EFE/Andreu Dalmau

El candidato socialista a la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha visitado este martes la Escuela politécnica de Cáceres. Allí ha insistido en que la región necesita apostar por la innovación. También ha criticado los recortes del Gobierno de la actual presidenta, la popular María Guardiola, y ha alertado de la posibilidad de un nuevo ejecutivo de PP y Vox. La candidata del PP niega que sus propuestas se parezcan a las de Vox y recuerda que Gallardo será juzgado el año que viene por el caso relacionado con el hermano de Pedro Sánchez.

FOTO: EUROPA PRESS

En 2026 vencerán más de 630.000 contratos de alquiler en España, según datos del Ministerio de Consumo, la mayoría se firmaron en 2021 después de la pandemia con unos precios mucho más bajos que ahora. Para la mayoría de inquilinos supondrá pagar un alquiler más caro o tener que mudarse a otro piso, probablemente más pequeño o peor situado.

Si no se trata de una zona declarada como tensionada, al finalizar el contrato los propietarios tienen libertad para establecer una nueva renta. El mismo piso podría costar ahora 300 euros más que hace cinco años. Esta es la media, pero hay ciudades en los que los precios han aumentado aún más.

Sumar propone que suba solo el IPC, que además exige a su socio de Gobierno que todos los contratos se prorroguen tres años. El PSOE ha respondido pidiendo que hagan sus propuestas en el Congreso. Vivienda ha recordado a Consumo que la declaración de zonas tensionadas ya permite limitar precios cuando acaba un contrato, pero son las Comunidades Autónomas las que deben solicitarlo.

Imagen: GETTY

11 obres del fons de l’IVAM d’artistes com Miquel Navarro, Alberto Corazón o Alfaro es poden vore ara als diferents campus de la Universitat de València dins del projecte Rebrot. És només una primera fase d’esta iniciativa per tal d’acostar al públic més jove l’art contemporani i mostrar les obres danyades per la dana després del seu procés de restauració. 128 peces van resultar afectades per la barrancada al magatzem de l’IVAM a Riba-roja.

Han pasado casi tres semanas desde que el tribunal que juzgó a Álvaro García Ortiz adelantó el fallo: dos años de inhabilitación para el cargo y multa de 7.200 euros, así como a indemnizar a González Amador con 10.000 euros por daños morales. Ahora el tribunal que lo decidió explica por qué en una sentencia de 180 folios en la que dice que existe un "cuadro probatorio sólido, coherente y concluyente" para considerar que fue García Ortiz "o una persona de su entorno y con su conocimiento" quien filtró la noche del 13 de marzo el correo en el que González Amador reconocía los dos delitos fiscales por los que se le investigaba a cambio de eludir la cárcel. Lo explica Gema Alfaro.

Els facultatius, liderats per la Confederació Estatal de Sindicats Mèdics, inicien quatre jornades d’aturades en protesta per l’esborrany d’estatut marc que prepara el Ministeri de Sanitat. Reclamen, entre altres qüestions, millores en les jornades laborals que els equiparen amb altres professionals sanitaris i també en les retribucions de guàrdies i hores extraordinàries.

Juanfran Pérez Llorca se ha pronunciado sobre el acta de diputado a Las Cortes de Carlos Mazón. Pide esperar qué la jueza acabo la instrucción de la dana, para decidir en base en los estatutos del partido. Lo ha dicho en declaraciones previas a la segunda visita que realiza en pueblos afectados por la dana como presidente. La oposición pide que le retire el acta a Carlos Mazón.

Centenars de docents interins de la Comunitat Valenciana denuncien que des de l’inici de curs no estan cobrant correctament les nòmines. En alguns casos hi ha impagaments que ascendeixen als 8.000 euros. La Conselleria assegura que l’origen del problema és exclusivament tècnic i que cobraran el 23 de desembre aproximadament. Els sindicats reclamen una solució més urgent i contundent.