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Sería hasta la medianoche del 12 de abril. La ministra portavoz Maria Jesús Montero pide "unidad politica" al resto de partido y "sumar esfuerzos" para hacer frente a esta crisis. Asimismo, la ministra de Hacienda ha descartado la exoneración de la cuota de autónomos y ha informado que el Consejo ha habilitado 20 mil de los 100 mil millones en avales para dar liquidez a las empresa. Por último, pide discreción acerca del estado de la vicepresidenta Calvo.

El Gobierno anuncia un paquete de medidas urgentes para hacer frente el coronavirus. Entre ellas, las cancelaciones de vuelos a Italia durante los próximos 15 días, la suspensión de los viajes del Imserso al país durante un mes o la prohibición de actos multitudianrios son algunas de las que se incluirán también en un plan que choque en el que trabaja el Gobierno y que verá la luz en los próximos días con el objetivo de que la epidemia remita. Tanto el Ministro de Sanidad, Salvador Illa, como la portavoz del Gobierno María Jesús Montero, han llamado a la calma durante el Consejo de Ministros y han señalado que se trata de un problema que requiere coordinación mundial y con las comunidades autónomas.

El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó este jueves los objetivos de estabilidad propuestos por el Gobierno para 2020, que servirán de base para elaborar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de este ejercicio, así como los correspondientes a la senda para el periodo 2021-2023.
En concreto, estos elementos, que servirán de base para elaborar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de este ejercicio, fueron aprobados por 168 votos a favor, 150 votos en contra y 19 abstenciones. Tal y como establece la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, una vez recibida la aprobación de la Cámara Baja, ahora los objetivos de estabilidad deberán recibir también el visto bueno del Senado.
De esta forma, el Congreso valida el acuerdo que el pasado 11 de febrero tomó el Consejo de Ministros, que aprobó un techo de gasto de 127.609 millones de euros para 2020, lo que supone un 3,8% más respecto al de 2019 (122.899 millones), y un objetivo de déficit para este ejercicio del 1,8% del PIB.
En concreto, la nueva senda de estabilidad fija unos objetivos de déficit del 1,8% para 2020, 1,5% en 2021, 1,2% para 2022 y 0,9% en 2023, frente al déficit del 0,5% en 2020 y superávit del 0,1% en 2021 que fijó el PP en abril de 2018 en la senda que está vigente actualmente.
Durante el debate parlamentario, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, defendió la flexibilización de estos objetivos de estabilidad para realizar una reducción del déficit y la deuda de una forma "prudente y realista, sin poner en riesgo el crecimiento económico y la creación de empleo", y recordando que la senda fijada por el PP en 2018 ya fue considerada entonces "poco realista" por organismos como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), el Banco de España y la Comisión Europea.

La ministra portavoz, María Jesús Montero, ha explicado el acuerdo, en el que se recoge que las reuniones serán mensuales y se celebrarán de forma alternativa en Madrid Barcelona. También ha manifestado que "el gobierno de España no comparte los extremos que traslada el señor Torra" y augura que recuperar la convivencia no será fácil.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha trasladado al presidente de la Generalitat, Quim Torra, que el Ejecutivo no comparte el derecho de autodeterminación al que ha invocado el dirigente catalán en la primera reunión de la mesa de diálogo celebrada en el Palacio de la Moncloa, que reivindicaba Torra como objetivo de esta negociación. Pese a las peticiones de la Generalitat, Montero también ha insistido en que el Gobierno no ve la necesidad de la figura de un relator tras una reunión en la que ambas partes han constatado las diferencias que les separan y la complejidad de una negociación para la que ha apostado por "fórmulas imaginativas".

El Gobierno calcula que la llamada 'tasa Google', que gravará a las grandes tecnológicas, recaudará menos de 1.000 millones de euros frente a los 1.200 que calculó el año pasado. Según el ejecutivo, esa rebaja se explica por la ralentización económica. Ahora queda por saber cómo conseguirá Hacienda esos ingresos con los que contaba. La ministra, María Jesús Montero, no ha entrado en detalles, pero ha apuntado a algún impuesto verde.

El Consejo de Ministros dará luz verde mañana a nuevos impuestos sobre las tecnológicas y las transacciones financieras, las conocidas como Tasa Google y Tasa Tobin. La Tasa Google afectará a la venta de datos y la publicidad en línea de las empresas tecnológicas que facturen más de 750 millones de euros en todo el mundo y de tres millones en España, como Amazon, Google o Cabify. La Tasa Tobin gravará la compraventa de acciones de empresas con una capitalización bursátil superior a los mil millones de euros. Los nuevos impuestos no tendrán carácter retroactivo, y se espera que supongan una inyección a las arcas públicas de unos dos mil millones de euros cada año.

El Gobierno ha suavizado la senda de reducción del déficit pactada con Bruselas el año pasado. Amplía una décima el objetivo hasta el 1,8%. Además renuncia a alcanzar el déficit cero a lo largo de la legislatura, puesto que prevé que el déficit termine 2023 en el 0,9%. El objetivo del Gobierno es dar más oxígeno a la Seguridad Social y a las Comunidades Autónomas y suavizar el ajuste que exige Bruselas. Además, el Ejecutivo ha aprobado el techo de gasto, el primer paso para elaborar los Presupuestos Generales del Estado: será de 127.609 millones, un 3,8% más que el de 2019.

Las quejas y denuncias sobre el cobro del IVA de 2017 amenazan con eclipsar la reunión de este viernes por la tarde entre Hacienda y autonomías. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, da por zanjado el asunto al haberse ya liquidado el ejercicio, aunque se abre a "medidas paliativas". Pero la mayoría de autonomías, al margen del signo político, insiste en reclamar el tributo pendiente y amenazan con ir a los tribunales, como ya ha hecho Madrid. 

A pocas horas del inicio del primer Consejo de Política Fiscal y Financiera del nuevo gobierno, Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso entrevista a Juan Alfonso Ruiz, consejero de Hacienda y Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha y a Javier Celdrán, consejero de Presidencia y Hacienda de la Región de Murcia. Ambos consejeros, a pesar de ser de comunidades de distinto color político, han reclamado la devolución del IVA por parte del Gobierno y han amenzadado con acudir, incluso, a la vía judicial. Aunque Ruiz espera que no afecte a las relaciones entre ambas administraciones y ha pedido "sensibilidad" a Montero, también ha avisado de que no van a aceptar acuerdos al margen del Consejo, en referencia a Cataluña. Por su parte, Celdrán ha tenido palabras más duras, acusando al Gobierno de "deslealtad" por usar el IVA "para maquillar sus cuentas".